La jueza Elsa López determinó que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Los cuatro oficiales imputados por el secuestro y posterior homicidio de Nino continúan en sus funciones. Pese a las permanentes amenazas recibidas; a ocho años de la muerte de Nino, familiares y amigos continúan peleando contra la impunidad, por verdad y justicia.
La jueza de Monte Caseros, Elsa Laura López, no hizo lugar al pedido de detención de Roberto Aguirre, Walter García, Ramón Goin y Cristian Ibalo, los policías imputados por el secuestro, tortura y muerte de Sebastián “Nino” Largueri, desaparecido entre el 14 y 15 de agosto de 2015 y cuyo cuerpo fue encontrado quince días después en orillas del río Miriñay.
La solicitud fue realizada por la querella en el mes de julio, luego de que el Tribunal Oral Penal de Paso de Los Libres anulara el juicio y posteriormente apartara al juez Eduardo Alegre por parcialidad, al no acceder a la ampliar la imputación de los acusados por el cargo de homicidio.
Según la resolución judicial del 16 de agosto, a la que tuvo acceso La Izquierda Diario, la magistrada concluyó que “ninguno de los imputados ha demostrado alguna conducta evasiva para con la justicia, ha participado de los actos procesales, cumpliendo con las condiciones que se les impusieran, y justificando en una única ocasión su ausencia”.
López, al igual que el Ministerio Público Fiscal, consideró que “no se vislumbra ningún intento de evasión de la justicia de ninguno de los traídos a proceso, siendo suficientes las normas de conducta impuestas y que a la fecha se encuentran cumpliendo”.
Ayudar a los amigos
En la resolución, la jueza sostuvo que la prisión solo es posible cuando “existan circunstancias que hagan pensar en la fuga, las que no se encuentran dadas ni demostradas hasta la presente etapa de este proceso”, a lo que agregó que la condición de policías de los imputados “para nada envuelve un riesgo”, por lo que no habría motivos, según la funcionaria judicial, de que “en caso de disponerse diligencias futuras, sean manipuladas por aquellos”.
Hubo sobradas pruebas de irregularidades en el proceso de investigación, durante las pocas audiencias que se realizaron durante el juicio en 2019 y que posteriormente fuera anulado. Quedó demostrada la alteración de actas (la de defunción y de tránsito) en beneficio de los policías imputados, incluso fueron desestimadas ruedas de reconocimiento que señalaron a los imputados en el lugar de los hechos.
Varios testigos que vieron a Nino entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de agosto y dieron su testimonio en la causa, afirmaron que se encontraba deambulando malherido, con signos de golpes y muy asustado. La misma descripción realizaron unos soldados que viajaban en un Unimog y se cruzaron a Nino en la mañana del 15 de agosto en un campo de Ejército.
Policías acusados. Foto: Justicia por Nino Largueri
Así mismo, Anahí Andrade, hermana de Nino, había señalado a este medio que cuatro días antes que lo secuestraran, su hermano iba a denunciar a la Policía por hostigamiento ya que querían que robara para la fuerza. Una resolución que, al menos, genera grandes sospechas, ya que la jueza que negó la detención de los policías es la misma que amplió la imputación por homicidio.
Justicia clasista
Uno de los fundamentos en los que hace hincapié López para desestimar la detención de los policías, es que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la detención preventiva “no debe ser la regla general” y solo debería ser utilizable en los casos en que “haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos o destruyendo evidencia”.
Justificó su decisión en lo que refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación jurídica de aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva, al sostener que es “muy imprecisa” al existir una “sospecha en su contra, pero aún no se ha logrado demostrarse su culpabilidad”.
Según el informe anual de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que depende del Ministerio Público Fiscal argentino, Argentina concluyó 2022 con 11.349 personas detenidas en prisiones federales, 413 más que en el año anterior, lo que representa una sobrepoblación carcelaria del 3,8. De los detenidos, 6.218, es decir, un 54,8 %, se encuentran en prisión preventiva.
Durante la primera mitad de 2023 aumentó un 4,3% la cantidad de detenciones sin condena, lo que equivale a 223 personas bajo esta situación procesal. La Procuvin afirmó que la población de jóvenes de entre 18 y 21 años fue la que más aumentó en el semestre: 9,4%. Casi 7 de cada 10 se encuentran detenidos y detenidas sin condena.
Pese a que se encuentran vigentes normas internacionales en materia de derechos humanos para las personas privadas de la libertad, más de la mitad están detenidas sin sentencia firme, y la gran mayoría se encuentra encerrada por delitos menores como robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas e infracción a la ley de drogas (narcomenudeo), es decir delitos contra la propiedad privada principalmente. No así los responsables de la trata de personas, los genocidas, la policía del gatillo fácil y quienes cometen delitos “de guante blanco” que son protegidos por las propias fuerzas represivas y las instituciones del Estado para perpetuar su impunidad y negocios.
Realidad mata relato (incluso las resoluciones judiciales donde bregan por el cumplimiento de todos los derechos), cuando vemos que en Argentina (como en el resto del mundo) quienes habitan las cárceles, en su enorme mayoría, son “delincuentes” así concebidos por quienes dictan las leyes burguesas, detenidos por la Policía burguesa y condenados por la “Justicia” burguesa. Y encima, un número imposible de determinar, pero altamente significativo de quienes están tras las rejas son víctimas de procesos penales creados con el solo fin de detenerlas.
Los policías acusados de matar a Nino Largueri seguirán libres y en funciones, algo que Anahí considera al menos aberrante, sobre todo con las “reglas de conducta” que les fueron impuestas a los acusados: “No nos dan garantías de nada. Ellos se van libres, haciéndonos burlas y gestos en nuestras caras, custodiados por la propia Policía, pero no bajamos los brazos por Nino y por todos los pibes asesinados por la maldita policía”.
