El video con sus declaraciones se puede revisar acá.

Lo más concreto de la agenda de trabajo del magisterio con el MINEDUC es el plazo de tres meses para una ley que garantice el pago gradual de la Deuda Histórica a la totalidad de docentes que la esperan y el plazo de tres meses para una ley que reconozca profesionalmente a educadoras de párvulos y educadoras diferenciales.

Carlos Díaz Marchant (Refundación Gremial) agrega que la respuesta oficial de Cataldo (PC) es el mínimo desde el cual se parte para negociar con el Colegio de Profesores. Llama la atención que este dirigente declare que las bases aprobaron la propuesta del Ministerio ya que cuando recién se dió cuenta de los resultados, el discurso era otro: que las bases habían rechazado la propuesta del ministro Cataldo.

En concreto, de los aproximados 50 mil votantes de la consulta nacional del pasado jueves 31 de marzo, sólo un 22,41%, votó aceptar la propuesta ministerial, mientras que el “acepto parcial” fue votado por el 31,07% y el rechazo a la propuesta del ministro Cataldo, por un 43,73%. Para cambiar el discurso, Carlos Díaz suma el acepto con el acepto parcial. Con ello trata de bajarle el perfil a la gran insatisfacción que hay con la respuesta del MINEDUC a las demandas de las y los profesores, y blindar así al nuevo ministro de educación del Partido Comunista, que dijo llegar para “evitar a toda costa” la paralización, y lo logró.

Pero ¿en qué consiste la respuesta realmente?

En cuanto a la reparación deuda histórica: el pago definitivamente será una “reparación” y no el pago íntegro. Y aunque se habla de reparar “a la totalidad de profesores afectados”, el inicio del proceso de pago sería de manera progresiva desde 2024, colocando foco primero en solo un 25% de los afectados, los llamados “casos urgentes” que serán definidos sus criterios por la mesa conformada por Mineduc y CdP.

Por la demanda muy sentida de mención a educadoras diferenciales y de párvulos, pasaron de decir que “no hay datos” a que constituirán otra mesa de trabajo entre septiembre y noviembre. También frente a la crítica a los SLEP es una mesa de trabajo lo que se ofrece, para este segundo semestre.

Y lo que no son mesas de trabajo, son promesas de proyectos de Ley. Por ejemplo en el caso de la violencia escolar se habla de una propuesta legislativa de prevención y de aumento de sanciones para “miembros de la comunidad educativa que agredan a profesores”, lo cual probablemente irá dirigido a las riñas con estudiantes y sus familias, y en ningún caso a la violencia permanente que se ejerce desde equipos directivos y jefaturas que son quienes más agreden a las y los profesores y comunidades educativas. Tampoco hay nada concreto relacionada a la demanda de salud mental integral para estudiantes. Igualmente en cuanto al financiamiento de la educación, se promete una Ley para 2025 que modifique este sistema, sin embargo, también se relevan los fondos concursables y un anticipo del 3% de la subvención a sostenedores. Lo que revela que el sistema de traspaso de recursos del Estado al negocio educativo, se mantiene.

En cuanto al agobio laboral docente, se vuelve a mencionar la ley que instalaría una evaluación única docente que sigue sin ser aprobada hace semanas, además de comprometer proyecto de ley para el primer semestre de 2024, que modificaría el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, aunque no detalla en qué aspectos.

Finalmente, en el pago del bono al retiro que están atrasados se pide el pago escalonado entre septiembre y diciembre para saldar las deudas desde 2018 a 2020. Y por el análisis de la Jornada Escolar Completa (JEC) se reafirma también el Congreso pedagógico curricular, que a pesar de ya estarse llevando a cabo, ha involucrado muy poco a las comunidades educativas, es solo un día que los colegios pueden hacer cambios de actividades para “participar” de este, y además es solamente consultivo de una propuesta de ajuste a las bases curriculares que hará el Mineduc, aunque en esta vuelta prometen que esta será sometida a una “Consulta Pública” (que tampoco tiene claros sus mecanismos de consulta).

A la mayoría de los profesores/as les pareció insuficiente la respuesta del gobierno, sin embargo, solo con 1.000 votos de diferencia el paro se bajó

El formato de votación emanado de la Asamblea Nacional fue cuestionado por sectores de docentes, quienes manifestaron su descontento por las opciones entregadas en la papeleta, donde se presentaban dos preguntas, por un lado, si aceptar, aceptar parcialmente o rechazar la respuesta del MINEDUC y por el otro, si continuar o no con la paralización.

Es el caso de las profesoras y profesores de la escuela Rafael Valentín Valdivieso en Recoleta, indicaron haber resuelto restarse de este nuevo llamado a votación ya que las opciones indicadas en la papeleta no los representan y no consideran el contexto actual de la movilización.

Junto a esto señalaron: “Nos parece cuestionable la forma en que el Colegio de profesoras y profesores ha llevado a cabo este proceso porque vemos una práctica que año a año se repite, como dilatar los diálogos que permiten resolver los conflictos, desgastando a las comunidades educativas para finalmente llegar al mismo punto de partida y que no representan las necesidades urgentes de las bases de los profesores”.

Es el cuestionamiento de amplios sectores a la forma en que el CdP ha dirigido la movilización docente, convocando a paros de uno o dos días entre Junio y Agosto, llamando a una fallida paralización indefinida que mal planificada provocó una división entre las bases. Para el grupo regundación las bases sólo tienen funciones consultivas, no hay mayores instancias de discusión y reflexión en las que los mismos docentes pudieran manifestar sus demandas y construir un plan de lucha. Es la primera vez que el gremio se divide tanto durante los gobiernos de los últimos 30 años.

La asamblea de profesoras y profesores del Liceo Confederación Suiza también expresó sus molestias hacia las dirigencias del Colegio de Profesores mediante un comunicado, en el cual señalan “la incapacidad de coordinar acciones que garanticen que se respete la adherencia al paro en las escuelas de la comuna, ya que cada escuela está tomando decisiones particulares e incluso contradictorias con las decisiones que ha tomado a nivel nacional”. Además, de una evidente falta de conducción que ha mostrado la dirigencia comunal. Sentimos además que los espacios de participación y reflexión no han sido fomentados por la dirigencia comunal, limitándose a plantear instancias consultivas, las que se presentan de manera confusa, con información sesgada y en busca de la desmovilización”.

Queremos decidir nuestras demandas y un plan de movilización que sea decidido por las bases y no por arriba

En el discurso Carlos Díaz habla de respetar lo que dicen las bases, pero en los hechos, con su política, él y los dirigentes que amenazaban con un paro indefinido en la opinión pública, sólo generaron confusión al renunciar tan rápidamente a los objetivos del paro indefinido.

Si bien ambas consultas tuvieron una amplia participación (más de 50.000) y en algunos liceos favoreció un ambiente de discusión y asambleas; también generaron una confusión pues no se articularon con acciones de lucha y movilización en las calles para lograr arrancar nuestras demandas integralmente. Previamente tampoco se impulsaron instancias de coordinación con las trabajadoras de Integra o los trabajadores de San Bernardo. En realidad, de parte de la dirección nacional, se trató de impulsar un paro controlado desde arriba.

Pese a que el paro indefinido se bajó nuestras demandas no se resolvieron y aún está pendiente cómo continuar este proceso de reorganización que estamos desarrollando las y los profesores. Es por eso que es nuevamente necesario convocar asambleas de base para discutir el balance del paro y deliberar cómo continuar movilizados en forma independiente al gobierno de Boric. A su vez es más relevante que discutamos puntos más concretos del petitorio. Como el pliego era tan abstracto, las autoridades pueden meter todo tipo de engaños dentro de esas categorías. Es necesario tener un programa de profesores independiente al gobierno y que apunte a romper con el problema estructural de la educación que es el mantenimiento de la segregación y el mercado educativo que precariza al sistema público. Desde Nuestra Clase proponemos terminar con los mecanismos intermedios como Servicios Locales o municipalidades y que de esta forma los establecimientos vuelva al Estado, con financiamiento directo y administrado por las comunidades.