¿Cómo se lleva al conflicto que están teniendo con la OSE por la falta de trabajadoras y trabajadores?
Venimos en conflicto por lo menos desde el 2018 por incumplimientos por parte de los gobiernos de turno en el marco de la ley de negociación colectiva con acuerdos firmados incluso de forma tripartita. Lo que es el ingreso de personal hoy se está pidiendo la recuperación de más de 1.000 puestos de trabajo y la regularización de más de 1.000 contratos precarizados a través del lucro, ya sea de las empresas que suministran personal u otros tipos de contratos de desregulación laboral y acomodos.
También reclamamos la no privatización del servicio público como derecho para la población, desde su estado natural donde OSE tiene las tomas a través de estas megaobras como la ley de riego o más directamente proyectos de plantas privadas como el proyecto Neptuno y obras de saneamiento. Hasta cuestiones internas de carácter salarial o estructuras de cargos y mejoras en las condiciones laborales.
En 2022 nuestro congreso nacional de delegados definió una plataforma extensa que trata de abarcar los mayores planteos posibles desde las distintas filiales de nuestra Federación, desde los más estructurales como puede ser el ingreso de personal. Desde el 2018 a la fecha no han ingresado trabajador@s por concursos externos con contratos de función pública, con sorteos para toda la población y mediante los procesos que dan garantía al ingreso.
¿Cuál es la política de contrataciones de OSE? En una empresa que terceriza trabajadores, ¿qué implica la tercerización?
En los últimos años se ingresa por un formato de acomodos salteando pasos que le dan las garantías debidas al proceso, y la posibilidad de que todas y todos ingresen de forma transparente. Reivindicamos el ingreso de trabajador@s sin dependencia por necesidad al caudillo de turno que lo acomode, para así acceder a un trabajo estable y digno en un momento donde campea el desempleo y la pérdida salarial.
En OSE se sigue apuntando a la tercerizaciones, es una privatización encubierta que sigue tercerizando y precarizando los contratos de las y los trabajadores, lucrando con la propia contratación a costa de la desregulación laboral y el miedo a quedarse sin laburo. Cada unos cuantos meses tienen que andar atrás de su contratante cada vez que se termina una licitación para que cumplan los convenios con su propio sindicato, y para que les reconozcan los años de trabajo en este formato precario, llegando en varios casos a estar así hace más de 10 o 15 años. Es un ataque directo a las condiciones laborales y por ende a la organización sindical, es una privatización encubierta del servicio público, y un lucro mercenario con la propia contratación de las y los trabajadores como "objetos" cambiables con cada término de licitación tipo subasta al mejor postor.
FFOSE forma parte de un conjunto de organizaciones que denuncian y se movilizan contra el proyecto Neptuno ¿qué nos podés comentar sobre el proyecto?
Es una falsa solución para el suministro de agua salada para la zona metropolitana, está en manos de un consorcio privado, dejando al abandono el río Santa Lucía y los cauces de agua bruta dulce ya sea superficial como subterránea a merced de los grandes capitales del agronegocio y la industria. Haciendo pagar por 30 años el costo de esa obra a toda la población por las mismas consecuencias que estos mismos sectores causan.
Es un proyecto inconstitucional sobre todo por la privatización, y por lo inconsulto a la sociedad en su conjunto, todo lo que tiene que ver en materia de políticas de aguas y de territorios como dice el artículo 47 de la constitución y reglamentado por la Ley 18.610.
Este artículo fue resultado de una construcción de una iniciativa popular nucleada en lo que fue la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el sindicato -FFOSE-, organizaciones sociales, vecinas y vecinos de a pie, etc a partir del 2002 para llegar a plasmar en la constitución el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental para la vida. El 31 de octubre del 2004 con una aprobación del 65% de la población - esto siempre lo aclaramos para romper con la idea de las pujas partidarias en estas luchas -, primó el interés general de la población por encima de los privatizadores de turno, ya que desde ese entonces no ha habido una votación a ningún partido con esos porcentajes de aprobación.
Así como defendemos ese marco legal que tendría que defender la vida por encima del lucro, también lo tenemos que estar defendiendo con acciones, ya que desde aquel entonces a la fecha lo han incumplido sistemáticamente con una política de mercantilización de los bienes comunes, como es el agua en concreto y los territorios que afectan directamente a la misma, con modelos productivos contrarios a la defensa de los bienes comunes como derecho humano para la vida.
En esta agudización de la sequía actual es donde ha quedado más que nunca en evidencia lo que se viene denunciando desde aquel entonces y antes, desde principios de los 90 ’s si no se cambiaba la perspectiva.
Venimos de movilizaciones por la emergencia hídrica, contra el proyecto Neptuno y por falta de personal en OSE, ¿Qué lectura realizás de la coyuntura actual que están atravesando y las luchas que se dan vinculadas al agua?
Hoy en pleno incumplimiento de acuerdos, en donde la población no accede a un agua de calidad ni en cantidad suficiente, donde no se sabe con claridad por la falta de respuestas del gobierno en su conjunto qué agua se está tomando, dónde el estado se retira de la obligación legal formulada en la constitución de ser el que suministre el agua potable, dejando a merced en manos de empresas embotelladoras que su principal cometido es el lucro y donde, por el desempleo o por los salarios no se puede cubrir una necesidad tan básica como es el acceso al agua potable a través de esta idea del gobierno de que cada uno compre agua en botellas.
Los reclamos, ya sea de la sociedad en su conjunto como de organizaciones sociales y sindicales, están siendo criminalizados simplemente por defender ese derecho básico, incluso llevando al ámbito penal las protestas sindicales como es el caso actual de nuestro sindicato, instalando la idea de prácticamente acusarnos de terroristas por nuestro método de lucha, ejemplarizando y sacando de eje el verdadero problema de fondo, dejando claro que no se está dispuesto a dedicarle 5 minutos de prensa al modelo de fondo, que hoy, acompañado por la falta de lluvias, es el que nos está dejando sin agua.
¿Cuáles son las perspectivas de lucha que tiene FFOSE sobre sus reclamos y las movilizaciones por el agua?
Nuestro sindicato viene de haber hecho medidas de 48 horas de paro con ocupación, medidas de los lugares de trabajo y solo tomando las tareas de trabajar a reglamento, y ahora vamos a un paro y movilización el próximo jueves 7 contra la criminalización de la protesta.
Intentamos denunciar que gran parte de la OSE se mantiene a desregulación laborales, ya sea a través de tercerizaciones como de multitareas impagas. Solo con eso se nos amenaza de esencialidad, cuando ahora juegan a estar preocupados, cuando nuestra federación y la sociedad denuncian estas consecuencias y sus principales causas hace más de 20 años.
El ataque al sindicato como nuestra herramienta de lucha nos encuentra fuertes y unidos, pero con las consecuencias de las tercerizaciones, el desmantelamiento y la falta de personal.
Seguiremos estando arriba del cumplimiento de estas pocas mejoras que se consiguieron, seguiremos en la lucha en conjunto con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes,y el conjunto del movimiento sindical y social en la defensa de nuestros derechos como trabajadores y en la defensa de los servicios públicos como derechos para la población en general.
Por un cambio estructural donde prime la vida por encima del lucro en lo que tiene que ver con los bienes comunes, y contra este sistema explotador: ¡Por una sociedad sin explotados ni explotadores!
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