A pesar de que el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, ha señalado que “se ha logrado algo indudablemente muy importante”, debemos recordar que la derecha tiene alta presencia en la cámara alta y varios de su bancada han condicionado su voto en función de las indicaciones que se agreguen al proyecto. ¿Cómo podemos celebrar este hito? si sabemos que a la derecha le interesa mantener este sistema de educación que no responde a las necesidades de la clase trabajadora y que no les importan las condiciones laborales a los que día a día nos debemos enfrentar docentes y trabajadores de la educación.

En este sentido, durante la sesión del 6 de Septiembre, Rojo Edwards, miembro del Partido Republicano, se refirió de manera reiterada a la calidad de la educación que reciben los niños y niñas del país, pero no profundizó en las condiciones en las que trabajadores de la educación debemos ejercer nuestras labores, donde es habitual que el tiempo no nos alcance. Así, en el transcurso de la sesión la discusión se enfocó en lo problemático que es que un docente no se evalúe, más que en la carga adicional que suponen estas herramientas evaluativas.

Los mismos que defienden férreamente el negocio educativo, la “libertad” de educación, que en realidad no es más que la libertad de que empresarios se llenen los bolsillos con dinero que las familias invierten en la educación de sus niños y niñas, o que sostengan sus negocios en base a los recursos que reciben del mismo Estado a través de las subvenciones. Quienes han defendido este sistema educativo dividido en clases, con una educación para ricos y otra educación deficiente para los más pobres, hoy se llenan la boca con la educación de los niños y niñas.

De esta manera, la situación no figura como una victoria ni un beneficio para el gremio, sino que limita el proyecto de ley a las condiciones que se imponen por la derecha, lejos de tomar en consideración las demandas de docentes, estudiantes y apoderados, quienes deben sortear la crisis educativa en carne propia.

En este sentido, la directiva nacional del Colegio de Profesores ha intentado enaltecer la aprobación general del proyecto de ley, sin hacer una crítica al proceso que podría derivar en una nueva evaluación docente aún más agobiante. Por ejemplo, acogiendo la petición de los senadores de derecha a que docentes que se encuentran en nivel experto, nuevamente tengan la obligación de evaluarse.

Los dirigentes del CdP nos hacen creer que habrá una disminución del agobio laboral con aquella ley, pero la realidad es que en primer lugar no sabemos qué ley va a salir con el peso de Senadores de derecha que hay en el parlamento, y en segundo lugar, si realmente quisiéramos disminuir el agobio laboral docente deberíamos volver a pelear por demandas nacionales como la disminución a máximo 25 estudiantes por sala, el 50/50 en horas lectivas y no lectivas, y el aumento de personal en liceos y escuelas para que las y los profesores dejemos de tener que cumplir roles de inspectores, de asistentes sociales y de acompañamiento psicológico por la escasez de profesionales interdisciplinares.