Pasado el 11 de septiembre, la ola de reflexiones a propósito de los 50 años del golpe comienza a bajar y por lo mismo dejará poco a poco la agenda política contingente.

Pero estos 50 años, a diferencia de fechas anteriores, tuvo un boom de documentos, libros y reportajes que aportaron nuevos enfoques al debate histórico, político e incluso filosófico sobre los hechos y las consecuencias que tuvo en el país el golpe de Estado.

En la quincena de julio, el mostrador elaboró una nota reflexionando sobre los dilemas éticos que el ejército ha debido enfrentar desde el término de la dictadura y el supuesto compromiso de las diferentes ramas del ejército con el “nunca más”.

Como parte de este ejercicio, el ex Comandante en Jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, publicó hace solo algunas semanas un libro titulado “Un ejército de todos” de la editorial Jc Sáez editor spa, un pequeño libro de poco más de 147 páginas donde Martínez reflexiona sobre los últimos 50 años del ejército y su rol dentro de la sociedad. Ya escribimos una primera reflexión sobre sus pasajes teóricos y su relación con la noción del “ethos militar”, plasmados en su informe en julio. En esta segunda revisión queremos abordar la discusión sobre las responsabilidades legales y políticas de quienes estuvieron a la cabeza del ejército durante la última dictadura, pero también cuestionar la premisa original que lleva a Martínez a asegurar que las responsabilidades, esquivadas en todo caso, se produjeron por haber optado por romper con la legalidad y emitido órdenes ilegales que no debieron ser obedecidas, lo que puso en cuestión la honra del ejército.

¿Quién preparó al ejército chileno?

A pesar de lo breve del texto de Martínez y lo sucinto de varios de sus capítulos, es interesante revisar algunas omisiones que hizo en su texto sobre momentos críticos de la historia del país y sobre todo de cara a la segunda mitad del siglo XX.

Martínez, reflexionando sobre la constitución y profesionalización del ejército chileno, da una enorme importancia a la prusianización temprana del ejército y la internacionalización de la formación militar, sobre todo en los estados mayores y las escuelas de oficiales. El mismo Martínez da cuenta de que la colaboración de la escuela militar chilena con academias europeas, sobre todo la alemana y la francesa (que solo se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial pero que se continuó luego de su término) generó un enorme impacto en la formación militar de la oficialidad chilena.

Pero hay una ligera, pero importante omisión que hace Martínez y que explica ciertas prácticas que luego se extenderían sobre todo durante la dictadura y es el lazo que tenía el ejército chileno con la formación ideológica a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que impartiera EEUU a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial.

A partir de 1947, EEUU impulsó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR o Pacto de Río de Janeiro, cuyo objetivo no era la “defensa hemisférica” ante la posibilidad de una invasión de una potencia extranjera en el continente americano, sino consolidar el dominio de los EEUU en el continente y el control sobre sus materias primas. A cambio de la firma del tratado, EEUU garantiza la provisión de armas y pertrechos bélicos. Según algunos especialistas en el tema, se señala este tratado como un intento de “estandarización” de los ejércitos latinoamericanos.

Como parte de esta “estandarización” es que se instaló tempranamente, en 1946, la Latin-American Ground School, antecesora de la infame Escuela de las Américas. Esta escuela tenía por objetivo entregar formación a las diversas planas mayores de los ejércitos latinoamericanos y contaban además con intercambios con militares europeos que estaban en la primera línea de la guerra contra los procesos de descolonización en África y Asia.

No ahondaremos aquí en el rol que tuvieron los instructores franceses en los métodos de lucha antisubversiva aprendidos en la represión contra los independentistas argelinos y que luego fue enseñada exhaustivamente durante la dictadura brasileña de los 60, pero si es importante señalar que fue aquí donde se adoptó la política de la desaparición forzosa de los detenidos políticos para evitar la martirización de los asesinatos políticos, generar un dolor permanente en las relaciones extendidas de las víctimas y por último instaurar el terror en quienes pretendieran enfrentarse al poder dominante.

Pero como ya está documentado, desde finales de los años 50 las nuevas generaciones de oficiales chilenos se formaron bajo la idea del conflicto hemisférico este-oeste. Esto se plasmó en un fuerte sentimiento anticomunista, independiente de la vertiente que lo represente, para estos jóvenes oficiales, cualquiera que promulgue con las ideas socialistas merece el odio.

Entre 1950 y 1965 a lo menos 264 militares chilenos fueron entrenados en EEUU y 549 fuera de allí. El mismo Prat relata en sus memorias que entre 1970 y 1975 a lo menos 1560 soldados participaron de cursos de entrenamiento en la Escuela de las Américas.

Durante la década de los ’60, EEUU mantuvo un contingente de 50 instructores al año, cifra que se fue incrementando desde 1968, llegando a su peak durante los ’70. El objetivo de estos instructores era formar a los militares chilenos en técnicas antisubversivas. Hasta 1973, entre los formados en Chile y en el extranjero, 1262 militares habían recibido formación basada en la DSN, un número mucho mayor a egresados de otros países latinoamericanos (340 brasileños, 647 uruguayos y 565 argentinos). La mayoría de la formación que recibió este importante contingente del ejército tenía por objetivo aprender “técnicas contraguerrilleras y todas las ramificaciones de la insurgencia”.

Todos estos cursos de formación no eran solo “técnicos” sino que tenían un alto componente político e ideológico, al servicio de estrechar los lazos de dependencia entre el imperialismo norteamericano y su patio trasero de Latinoamérica. Lazo que se mantiene hasta el día de hoy.

El hecho de que el Martínez no menciona ni un punto relevante sobre este paso de los militares chilenos por las escuelas norteamericanas es reflejo de que es un punto compartido hasta el día de hoy dentro de las filas castrenses, la subordinación a los intereses norteamericanos es una dinámica que se replica desde el poder ejecutivo pasando por el judicial y también a la defensa nacional.

¿Respeto a la legalidad?

Durante la presentación del libro, en la Universidad Católica de Chile, Martínez señaló en su discurso que uno de los puntos centrales del texto era la importancia “(...)en toda época e instancia de la responsabilidad de mando en el Ejército. Esto es clave para quienes tienen mando de tropas y muy especialmente para quien está en la cúspide de la estructura militar, en este caso el mando en jefe.” Cuestión que en palabras de Martínez no fue considerada aun cuando la misma junta había sustentado sus acciones en base al decreto ley Nº5 del 12 de septiembre de 1973, que instaló el estado de tiempo de guerra interna en el país. Según Martínez este decreto obligaba a las FFAA a respetar los convenios internacionales para el tratamiento de detenidos, sean políticos o civiles.

De esta idea Martínez señala que: “En esto no puede haber dos posiciones: todos los detenidos, cualesquiera fueran los delitos que se les imputaran, tenían derecho a enfrentar los tribunales que establece la ley, los que están definidos en el Código de Justicia Militar y que, para los efectos, eran los Consejos de Guerra. Y con la misma fuerza, afirmo: los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familiares por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al “ethos militar”, ayer hoy y siempre.” Pero lejos de cualquier ingenuidad como decíamos en la nota anterior que contra toda visión ingenua de un derecho “neutral” o que está construido al servicio del “bien común”, el derecho y las relaciones jurídicas son expresión de las correlaciones de fuerza entre las propias clases y sobre todo de la voluntad de la clase que detenta el poder del Estado, por lo tanto la sujeción de las FFAA al orden Constitucional vigente no es un signo de neutralidad, sino la aceptación del rol de la defensa última los privilegios de la clase dominante como se ha visto una y otra vez en la historia del país.

Es más, el sociólogo Hernán Rivera en su libro “FPMR, el tabú del conflicto armado en Chile” cita en su libro varios juristas chilenos apelando al derecho para justificar teóricamente todo el accionar de la junta y los militares. Citemos algunos pasajes para ilustrar cómo el derecho puede servir para justificar lo que Martínez considera ilegal:

“Se ha depuesto a una tiranía en medio de la más profunda crisis moral, jurídica, económica y política de la historia de la Patria, en estado de guerra civil latente, y apenas se logró evitar un autogolpe acompañado de un monstruoso genocidio. En tales circunstancias el bien común exige imperiosamente, y el Derecho Natural manda, asumir la totalidad del poder para superar la crisis, consolidar la unidad nacional, restablecer la moral y el orden y poner a la Nación en la senda. Esto es una exigencia objetiva de la razón para realizar el bien común y Santo Tomás de Aquino nos enseña que todo lo que la razón práctica nos exija en orden al bien común tiene carácter de ley. Los romanos habían expresado la misma verdad en el célebre aforismo para tiempos de crisis ‘salus populi suprema lex esto’. De aquí que la Junta no sólo tuviera el derecho, sino el deber de asumir todos los poderes necesarios para salvar la República, para asegurar la existencia y el destino de la Nación. Por ello todas sus resoluciones han sido legítimas y válidas, incluso la dictación de decretos-leyes para establecer el Estado de Sitio y para disolver el Congreso”. Este extracto es parte de un artículo que escribió el profesor de derecho de la PUC y la Universidad de Chile, Héctor Riesle Contreras.

Otro texto bastante sugerente es el que elaborarán en 1980 un grupo de académicos y juristas de la PUC que señalaba lo siguiente:

“En consecuencia, cada vez que se produzca el rompimiento de una institucionalidad jurídica anterior, como ocurrió el 11 de septiembre de 1973, se hará menester, por imperativo de la convivencia social, estructurar y crear una nueva institucionalidad que permita al respectivo conglomerado humano la obtención de su bien común, es decir, el orden de la sociedad que haga posible lograr la perfección de sus miembros. Al establecer la institucionalidad y todo el ordenamiento jurídico, primero en el ejercicio del poder constituyente originario y luego a través de los poderes constituidos, se da concreción al Derecho Natural, en el que el Estado tiene su propio fundamento. La ley se busca en la naturaleza humana y en la historia, a partir de verdades trascendentales que limitan la arbitrariedad y van forjando el derecho en continuo anhelo de mejoramiento, siempre con ayuda de los datos que proporciona la razón y la historia”

Si bien ambos ejemplos apelan a una visión del derecho natural, la verdad es que el mismo Martínez expresa en su propia versión el omitir la relación entre la legalidad y la realidad, ya que en su balance sobre el rol de las fuerzas armadas y sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, el general deslinda la responsabilidad del ejército de las operaciones perpetradas por los organismos represivos creados especialmente durante la dictadura como fueron la DINA y la CNI.

Martínez reconoce que ambos organismos operaban gracias al ejército y que sus principales responsables eran militares, pero al estar separados del organigrama “oficial” del ejército, no puede hacerse responsable de lo que ahí ocurría.

Esta es una burda excusa para no asumir las responsabilidades de quienes hicieron de la tortura y el asesinato una política de Estado. Le recordamos al general Martínez que el primer centro de tortura sistemático que se instaló en Chile fue el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes en San Antonio, una instalación del ejército de Chile.

Pretender dividir responsabilidades por una leguleyada es una burla para las familias que aún buscan a sus familiares.

De hecho, y para terminar esta sección, el mismo Peter Kornbluh en su libro “Pinochet desclasificado” cita en varias partes las relaciones oficiales que mantenía el Departamento de Estado norteamericano con oficiales chilenos donde no se hacía diferencia si estos pertenecían o no a la DINA o la CNI.

A modo de anécdota en la entrevista que hiciera canal 13 a la ex presidenta Bachelet por los 50 años, comentaba que al momento de conversar con los altos mandos del ejército en los 2000 y a propósito de los juicios contra militares y las evaluaciones de los ascensos, se dio cuenta que casi todos los oficiales habían pasado por la DINA o la CNI, solo que algunos habían estado “poco tiempo” y a otros más, porque les había quedado “gustando la cosa”.

Por una cosa de extensión, continuaremos esta reflexión en otro artículo la próxima semana.