A finales de Agosto Ayuso renovaba su acuerdo con Glovo, una empresa ya más que conocida con por sus prácticas laborables cuestionables y que cuenta con varias denuncias por saltarse la Ley Rider y acumulando más de 200 millones de euros en multas por dichas prácticas de abusos laborales a falsos autónomos, con horas incansables de trabajo y falta de compensación económica por estas mismas horas en las que sus trabajadores son obligados a trabajar incluso con lluvias torrenciales.

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Pero no contenta con eso, la Alumna Ilustre de la UCM, ha realizado este mismo acuerdo con la organización ultracatólica Legionarios de Cristo cuyo líder, Marcial Maciel, se ha visto relacionado con la pederastia, el fraude, la extorsión y el abuso sexual. Una organización que denunció el 8M de 2020 que se celebrara la manifestación por el día de la mujer y que defiende a ultranza la familia tradicional católica mientras condenan el aborto.

La gestión y distribución de los comedores públicos de la Comunidad de Madrid quedará en manos de estas dos empresas.

Este convenio firmado por la Comunidad de Madrid permite lavarle la cara a Glovo al dar un servicio a las familias más desfavorecidas de la capital mientras explota hasta la última gota de sudor de sus trabajadores mientras que, a la vez, nutre económicamente a una asociación ultracatólica que ha sido condenada públicamente por sus deplorables servicios que pasan a administrar comidas, desayunos, meriendas y cenas de los hogares más pobres de Madrid. Todo un trasvase de dinero público a manos de estas empresas.

El convenio a parte de un escándalo por colaborar con explotadores y conservadores de la peor calaña, también deja claro las prioridades de la administración de Ayuso pues deja para una comunidad de 7 millones de personas de las que 1 millón están en riesgo de pobreza y 395.000 bajo el umbral de pobreza, tan solo cuatro comedores públicos con 1027 plazas a las que dedicará solamente 3.95€ por menú diario, es decir, menos de cuatro euros para desayuno, comida, merienda y cena en una comunidad donde más de 1 millón de personas se encuentran en el umbral de pobreza o por debajo de éste.

Una gran lista de escándalos de malversación, cargos y sueldos a familiares, muertes en residencias, contratos con grandes empresas para servicios que deberías ser administrados por trabajadores contratados directamente por la administración pública junto a los propios usuarios.

Debates como este, que surgieron con fuerza durante la pandemia, invitan a pensar sobre cómo la infraestructura de estas empresas parásitarias de lo público, podrían ponerse al servicio de los sectores con mayores necesidades en la sociedad. Algo que en ningún caso puede venir dado desde las instituciones gestoras del régimen burgués que defiende los intereses de las empresas, sino que estos recursos solo pueden ser utilizados bajo la gestión, organización y decisión de sus propios trabajadores y las familias que recurren a estas ayudas sociales.