En este pésimo circo al pueblo no se le ha asignado otro papel que el de mero espectador pasivo. Nada bueno puede salir de él, como lo han querido pintar los partidos del gobierno. Desde su origen solo podía crear una nueva constitución que, al contrario de terminar con el régimen heredado de la dictadura, lo blinde, restrinja más su democracia, fortalezca los aspectos autoritarios y conservadores, y consagre el modelo de explotación y despojo neoliberal. A tal punto el proceso está hoy lejos de cuestionar el régimen de los 30 años, tal como lo hizo la Rebelión de Octubre, a cuyas demandas supuestamente se debe, que a los ex-presidentes Lagos, Bachelet y hasta a Piñera se los invita a dar las pautas.

Los partidos del gobierno de Boric, Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, con este fraude, coronaron sus innumerables regalos a la derecha y a la extrema derecha criminal. Se trata de uno de los fraudes más vergonzosos y estúpidos que se haya cometido en la historia del país. No estamos exagerando.

De la derecha sabemos que podemos esperar cualquier aberración, no paran nunca de sorprendernos. Pero imaginemos. Sería difícil creer que a finales del año pasado ni el más loco de ellos hubiera propuesto seriamente no ya revivir la comisión Ortúzar, que elaboró la actual constitución, sino la antidemocrática idea de que el Senado sea el órgano que defina, por sí sola, una nueva propuesta constitucional, su reforma o la reafirmación de la actual. Al menos no lo propondrían sin la concurrencia decisiva de los diputados, tal como lo manda la Carta Magna de su Jaime Guzmán. Y más impensable sería esta propuesta, cuando el repudiado y oligárquico Senado, apenas unos meses antes, sentía con pánico exagerado peligrar su existencia.

Bueno, una vez más la realidad supera la ficción: sucedió algo peor. La izquierda gubernamental acordó con la derecha, en el Senado, que el proceso constituyente sería delegado a unas instancias aún más antidemocráticas, mucho más, que el mismo Senado. Para el que tenga dudas, siga leyendo más abajo. Tan denso es el lodo de deshonestidad y capitulación de los parlamentarios oficialistas, que ninguno de ellos dejó de revolcarse en él un momento, siquiera para chistar contra aquel absurdo. La extrema derecha aprovechó la ocasión, que le ofrecieron en bandeja, para realizar una nueva campaña, con sus habituales infamias, y entrar con fuerza en el nuevo proceso. Como no podía ser de otra manera, este regalo le rindió réditos.

Uno de los fraudes más vergonzosos de la historia de Chile

Hagamos memoria para entender el grave derrotero actual al que nos ha llevado los mismos partidos que acusan a otros de “hacerle el juego a la derecha”. Tras el fracaso del proceso constitucional anterior, en diciembre del año pasado desde la UDI hasta el FA y el PC firmaron un nuevo acuerdo constituyente en el Senado. Este acuerdo creó tres instancias a las que se les delegó la tarea exclusiva de elaborar un único texto constitucional. A estas instancias, siguiendo el itinerario definido por estos partidos, se las obligó a respetar 12 puntos del pacto. Estos puntos, escritos con engañosa fraseología, garantizaron que cualquier nueva propuesta constitucional que se haga consagrara los fundamentos del régimen actual, heredado de la dictadura, y que su tramitación no interfiera con el normal funcionamiento de los poderes constituidos.

Este nuevo diseño de proceso constituyente tomó como modelo la tramitación en tres instancias que existe hoy para la elaboración de leyes, vale decir, el trámite que pasa por las dos cámaras del congreso y la “tercera cámara” del tribunal constitucional. Sin embargo, las nuevas tres instancias constitucionales son aún más restrictivas que aquellas. Aún más ajenas y menos representativas del pueblo. Veamos esto.

De las tres, la instancia que hace las veces de cámara baja, el Consejo Constitucional, no copia a la cámara de diputados, sino al senado de solo 50 miembros regionales. Es, además, la única instancia cuyos miembros fueron electos por votación popular. En las otras dos, aún más reducidas, la Comisión Experta y el Comité de Admisibilidad, sus miembros fueron designados arbitrariamente por los partidos con representación parlamentaria. El nuevo trámite constitucional se dicta desde arriba hacia abajo, partiendo desde la “cámara alta”: la Comisión Experta es la “cámara de origen”, o sea, la que elabora el Anteproyecto Constitucional. El Consejo, por su parte, hace de “cámara revisora” y de término. En todas las instancias de votación del proceso, cada norma debe contar con un quorum favorable de 3/5 (60%) para ser aprobada. El Comité de Admisibilidad vigila que cada norma se encuadre según el acuerdo de diciembre.

Veamos ahora su itinerario. En marzo, los 24 comisionados expertos, designados por los partidos en proporción a su número en el Congreso, comenzaron a elaborar la propuesta. Pero esperaron las elecciones de los consejeros, que fueron en mayo, para empezar a votar. Esta elección fue un terremoto político donde irrumpió la derecha y, en particular, de la extrema derecha del Partido Republicano. A diferencia del Senado, donde la derecha tras la última parlamentaria en noviembre del 2021 -que eligió la mitad del senado- alcanzó la mitad de los escaños (25 de 50), de los cuales apenas hubo un solo republicano, la elección del Consejo favoreció de forma aplastante a la oposición, obteniendo dos tercios de los escaños (34 de 51), de los cuales 23 son republicanos (45% de la instancia).

A finales de mayo la Comisión Experta aprobó el Anteproyecto Constitucional. El Anteproyecto que no solo consagra y blinda el cuestionado régimen actual, en todos sus aspectos más irritantes. Además esconde, bajo la fraseología de derechos, un sistema político aún más restrictivo y autoritario y, bajo el rótulo de la “responsabilidad fiscal”, fija un parámetro clave para la gobernanza neoliberal de los últimos 20 años. En otras palabras, prepara un régimen que solo puede ser peor que el actual para el pueblo trabajador. Sin embargo, todo el oficialismo se ha atrincherado en su defensa contra las enmiendas que le hizo el Partido Republicano en el Consejo.

Vamos allá. En julio los consejeros presentaron más de mil enmiendas para discutir en las comisiones. El Partido Republicano, germen de barbarie, con sus enmiendas hacía retroceder décadas y hasta siglos de historia, conservando los pilares del régimen heredado de la dictadura y llevando al límite sus principios. El 9 de septiembre terminaron las votaciones de las normas y enmiendas en las comisiones. Todas aquellas que fueron aprobadas pasaron al pleno del Consejo

Ayer, 15 de septiembre, se realizó la primera sesión del pleno del Consejo Constitucional, donde se procedió a votar el Anteproyecto enmendado por las comisiones, partiendo por el primer capítulo.

Se espera que para principios de octubre la nueva versión del Anteproyecto estará lista para ser devuelta a su “cámara de origen”, la Comisión Experta. Allí la instancia tendrá 5 días para hacer observaciones y nuevas propuestas de normas. Estas normas volverán al Consejo, que las votará en pleno. Las normas que no alcancen la aprobación de los 3/5 (60%), pero que no fueran rechazadas por los 2/3 (66%), pasarán a una Comisión Mixta de 6 expertos y 6 consejeros, la cual votara una nueva propuesta para ser presentada nuevamente al Consejo. Finalmente, se deberá armonizar el texto definitivo para ser votado en su totalidad por la misma instancia. Su plazo para estar listo y ser presentado es el 7 de noviembre. El 17 de diciembre la ciudadanía votará la propuesta final.

Si la Convención fue diseñada para salvar al régimen, el nuevo proceso lo consagra

Cada uno de los procesos constituyente fue presentado con credenciales engañosas, tanto por sectores políticos de derecha como de izquierda. Para tener una idea cabal del engaño, no basta solo mostrar las formas de las instancias, sino que es necesario presentar el proceso histórico de conjunto. Sin embargo, por espacio, aquí nos contentaremos solo con contrastar, de forma esquemática, ambas instancias constitucionales. La comparación, pese a su parcialidad, vislumbra como el primer proceso constitucional abrió la posibilidad del otro y al actual avance de la derecha.

El Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, firmado desde la UDI hasta el Frente Amplio, y que contó con la colaboración del Partido Comunista y las burocracias de los movimientos, fue hecho para desviar la lucha en las calles, pasivizar y dividir los sectores, salvar el gobierno de Piñera y el régimen cuestionado, y asegurar la impunidad de los represores. Creó para ello un proceso constituyente opuesto a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Su única instancia tomó como modelo la forma de la cámara de diputados que fraguó aquel acuerdo: la Convención Constitucional, una cámara paralela y puramente redactora, de 155 miembros electos mediante las reglas parlamentarias, que debía respetar a los demás poderes constituidos, los tratados internacionales de sumisión al imperialismo y al capital internacional, y aprobar las normas bajo quorum de 2/3. Pero, ante la amenaza de las movilizaciones y en particular a la entrada de la clase obrera con sus propios métodos, que el 12 de noviembre había presentado un ensayo de huelga general, debió embellecer este órgano con la ficción democrática de enfrentarla en plebiscito a una Convención Mixta, y con la inclusión del doble mecanismo de paridad, de escaños reservados a pueblos originarios y de la posibilidad de presentar listas de independientes. Esto último, junto al protagonismo popular de la revuelta y el repudio a los partidos de los 30 años, fue lo que posibilitó el terremoto político de la irrupción electoral de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales e independientes. La derecha, escondida de las calles, fue reducida a ser un cuarto en la instancia. El Partido Republicano era entonces una minoría ínfima atrincherada sin poder político. Ante este escenario, el gobierno de Piñera, la derecha y el centro burgués buscaron desde el día uno disciplinar a la Convención para que no se saliera de los márgenes del acuerdo del régimen y que el texto constitucional que emanara no fuera aprobado.

Luego de que el proceso anterior se hubiera agotado, cumplido el objetivo previsto de vaciar las calles, desilusionar a la población, en lo que colaboró el nuevo gobierno progresista que le dio las espaldas al movimiento, se firmó entonces el Acuerdo por Chile de diciembre del 2022. Un pacto entre el oficialismo y la derecha que ahora se hizo para consolidar la restauración del orden, la gobernabilidad de la clase gobernante y blindar al régimen empresarial, el mismo que apenas tres años atrás había pendido de un hilo. El nuevo órgano constituyente, a diferencia del anterior, el cual había tomado la forma de la cámara baja, se dividió en tres instancias, donde la menos antidemocrática fue hecha a imagen y semejanza del oligárquico senado que la creó. No bastando los márgenes que le dieron al proceso anterior para los nuevos objetivos, esto es, blindar y consagrar el régimen de los 30 años, sus partidos fijaron el respeto de sus fundamentos en 12 puntos constitucionales. El modelo de tramitación en tres instancias se ideó con el propósito de que el texto constitucional sea lo más moderado y conservador posible. Ante la fragmentación política y la desconfianza y lejanía ante los partidos del régimen, elementos que son parte de la crisis orgánica que se mantiene desde el 2019, y ante el temor de las clases gobernantes y sus políticos serviles a que hubiera campañas con movilizaciones, donde pudieran colarse la lucha disruptiva del pueblo pobre y trabajador, no se hizo esta vez ningún plebiscito de entrada y se propuso que solo una instancia tendría miembros electos, para cuya elección se restauró el sufragio forzoso y se pusieron trabas a la presentación de candidaturas independientes o ajenas a los partidos del régimen. Todo esto en una situación nacional donde la izquierda gubernamental venía hace meses defraudando a las masas, aplicando un enorme ajuste fiscal como no había hace muchos años, abandonando las promesas de campaña, tomando la agenda represiva de la derecha e inhibiendo la expresión de los movimientos sociales a través de sus direcciones burocráticas. Así, el nuevo acuerdo fue un regalo para la irrupción de la extrema derecha del Partido Republicano, que apenas se veía en el periodo anterior.

Los propósitos que esconde la farsa

Tanto el oficialismo como la derecha impulsaron este nuevo proceso constituyente como algo que, según ellos, respetaba el “mandato de la ciudadanía”. Pero lo que se escuchaba el 2019 en las calles era “Asamblea Constituyente”. No la Convención redactora, ni mucho menos esta nueva farsa, que en realidad esconde propósitos mucho menos honestos.

¿Cuáles propósitos? En primer lugar, el parlamento, al delegar el proceso constitucional en otros órganos, consigue, al menos en apariencia, eximir a sus miembros de la responsabilidad directa sobre este fierro ardiente, asegurándose así de seguir dirigiendo el régimen constituido a una distancia segura.

En segundo lugar, las restricciones y trabas antidemocráticas permiten anular o mitigar la expresión de los sectores populares en la palestra política, invisibilizar el descontento existente con los partidos de los 30 años, y frenar la posible emergencia de nuevos partidos que ofrezca alguna salida alternativa a las crisis o que impidan un acuerdo estable de gobernabilidad capitalista. Las amargas quejas respecto a la llamada “fragmentación política”, la cual se buscan sortear con medidas autoritarias, son en realidad la confesión, por un lado, de la impotencia de los partidos de los 30 años frente a su propio divorcio respecto a las masas y, por otro, de que la diversidad de intereses sociales, lejos de revelar una mística unidad de propósito para acuerdos duraderos posibles, tiende a mostrar que la sociedad está objetivamente dividida en irreconciliables intereses de clases, intereses que enfrentan explotados y explotadores, oprimidos y opresores.

En tercer lugar, el margen establecido por los puntos del acuerdo y las reducidas instancias constitucionales con miembros designados, otorgan un mayor control del proceso por parte de los partidos del régimen.

Por último, el trámite programado, donde el texto da varias vueltas entre una instancia y otra, con un quorum de 3/5 de aprobación que fuerza el acuerdo hacia al centro, es una máquina lavadora diseñada para el planchado del texto, para que la propuesta final sea lo más conservadora posible.

Propósitos todos al servicio de la burguesía que gobierna el país.