Tras el reciente terremoto ocurrido el 16 de septiembre, y que afectó principalmente a la Región de Coquimbo, el gobierno de Bachelet vuelve a dar como respuesta la entrega de bonos, subsidios y “beneficios” para las personas afectadas, dando cuenta de su política “parche”, donde el Estado jamás termina haciéndose responsable de los perjuicios que golpean al pueblo trabajador.

El terremoto del 16S que remeció a gran parte del país, principalmente a la Región de Coquimbo, vuelve a poner en el tapate la muy utilizada política de los subsidios y bonos como forma de “beneficiar” a miles de familias trabajadoras y de escasos recursos.

Una vez más, el Estado de Chile, y en este caso el gobierno de Bachelet, propone como solución salidas “parches”, ofreciendo bonos de 1 millón de pesos para las personas afectadas por el tsunami, y de 500 mil pesos para quienes se vieron perjudicados por el terremoto; medidas que serían entregadas sólo una vez, como si los daños que afligen a cientos de familias trabajadoras se resolviesen con migajas.

A lo anterior se suma que el Gobierno entregaría un bono de 200 mil pesos para las familias que reciban allegados, el que sería entregado por tres meses. Además, Bachelet planteó que a través del Banco Estado y Corfo se facilitará la entrega de subsidios o créditos, otra medida para aumentar el endeudamiento que padecen cientos de familias teniendo en consideración que el Estado ni siquiera se hace cargo del derecho de vivienda, a lo que se suma la constante política subsidiaria, donde los gobiernos de turno y el Estado jamás se hacen responsable de costear las catástrofes sociales.

“Sabemos que cualquier medida no compensa las pérdidas que sufrieron durante esta nueva catástrofe natural, pero queremos que la gente sepa que no los vamos a dejar solos y vamos a entregar el apoyo suficiente para que pueda retornar sus vidas a la normalidad”, fueron las palabras de la Presidenta, un mensaje que suele utilizarse cada vez que ocurren terremotos, inundaciones, tsunamis, entre otras catástrofes naturales que terminan siendo sociales, afectando al pueblo trabajador.

Hay que recordar que aún existen familias perjudicadas desde el terremoto del 2010; y todavía cientos de personas siguen viviendo en campamentos en el norte del país, debido a las inundaciones, donde las familias afectadas siempre terminan siendo las pobres, trabajadoras y precarizadas. Por su parte, el Estado y los gobiernos de turno hacen oídos sordos a las demandas sociales, mientras los parlamentarios y funcionarios públicos ganan sueldos millonarios cada mes, los empresarios son acusados por corrupción y el Estado tiene recursos de sobra para hacerse cargo del derecho de vivienda y la reconstrucción.