Un equipo de trabajadores, jóvenes y profesionales del PTS elaboraron una plataforma política para la campaña electoral del Frente de Izquierda que encabezan Lautaro Jimenez y Noelia Barbeito en Mendoza. Esta plataforma abarca distintas áreas y en este apartado presentamos las propuestas sobre los derechos de los pueblos originarios, las comunidades rurales y agricultores familiares.
Plataforma PTS Frente de Izquierda Unidad - Tierras, Comunidades Rurales y Pueblos Originarios
El cuadro general de las comunidades campesinas en Mendoza es preocupante, con sólo 250 mil hectáreas cultivadas y una cantidad similar que se encuentran incultas o abandonadas, muchas de ellas con altas deudas en irrigación. El campo continúa despoblándose, la población agolpándose en ciudades donde no hay trabajo ni futuro para la juventud. El censo 2010 señaló que en la provincia hay 41.026 personas declaradas indígenas, equivalente al 2,4% de la población de Mendoza. El 45,4% declara no poseer obra social, lo que indica el deterioro de la calidad de vida de las comunidades que no tienen acceso a la mínima atención médica.
Se ha profundizado el desfinanciamiento de la Agricultura Familiar, y la falta de créditos y apoyo presupuestario de la provincia dejan en desigualdad de condiciones a estos productores familiares, frente a las grandes cadenas de comercialización que concentran gran parte de las ganancias. En Argentina, los pequeños campesinos y pueblos originarios cultivan el 60% de los alimentos que se producen en el país, pero tienen sólo el 27% de la tierra. Otro de los focos problemáticos está en los colegios de Agrimensura, que desarrollan un negocio inmobiliario con el registro de terrenos de manera irregular, sin respetar ni indagar entre sus pobladores y generan la mayoría de los juicios de desalojo contra estas comunidades.
Durante el menemismo se implementó el programa de Cambio Rural que fue un programa asistencialista dirigido a los pobres del campo para impulsar la modernización productiva a través de la aplicación de paquetes tecnológicos como fertilizantes y semillas transgénicas. Recordemos que Eduardo Duhalde fue el Ministro de Agricultura en esa época. Durante el kirchnerismo, se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), dirigido -a nivel nacional - por el Movimiento Evita, con Emilio Pérsico a la cabeza. Por otro lado, la conducción de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) estaba en manos del Momo Venegas, histórico burócrata sindical peronista que se dedicó a negociar a la baja los salarios y condiciones de vida de los obreros rurales con el gobierno y la Sociedad Rural. Ambos elementos, no significaron un cambio profundo en el modelo productivo del país. Mientras decían proteger a la agricultura familiar, se avala la concentración y extranjerización de la tierra como las fumigaciones de campesinos y la orientación exportadora.
Como señaló Diario Los Andes, “Más del 10% de la superficie rural de Malargüe, Tunuyán, Las Heras, Lavalle y La Paz está en manos de extranjeros. Así lo demuestra la información publicada por el Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De acuerdo al organismo, esos cinco departamentos son los que mayor porcentaje de "extranjerización" tienen dentro de la provincia. Luego le siguen General Alvear, San Carlos, Maipú, Guaymallén y San Martín, donde los inversores de otros países han comprado entre el 5% y el 10% de la superficie productiva. El resto de los departamentos tiene menos del 5% de sus hectáreas en manos de extranjeros. (...) Mendoza es la segunda provincia con mayor superficie vendida a empresas o inversores de otros países, siendo superada únicamente por Salta (1.727.411 hectáreas de esa provincia están en manos de extranjeros). En tercer lugar está Santa Cruz (1.164.729 hectáreas) y le siguen Buenos Aires (907.309 hectáreas) y Catamarca (901.308 hectáreas)”.
Fuente: Diario Los Andes, sábado 8 de junio de 2019
Durante el kirchnerismo, el límite de extranjerización había sido determinado por la Ley de Tierras 26.737, sancionada en 2011, con el fin de proteger el dominio nacional sobre los recursos naturales. La norma decía que sólo el 15% del territorio nacional, provincial y departamental podía estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. También definía que una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad y un mismo extranjero no podía poseer más de 1.000 hectáreas en zonas de valor productivo. Finalmente, establecía restricciones para adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes. Sin embargo, la ley no atenta contra los derechos ya adquiridos por los propietarios, es decir, no modifica la concentración previa. En el marco de esta ley comenzó a funcionar en 2012 el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNRT) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo nunca se actualizó el registro ni se definió el poder del registro para limitar las compras. Además, con la reforma del Código Civil, el acceso a ríos, lagos y mar se modifica el límite sin construcción que pasa de 35 metros a 15 metros desde la costa . Ya no se habla de camino público y el privado podrá repeler intrusos, lo que significa la apropiación privada de gran cantidad de tierras y ríos. Con Cambiemos la mayoría de estas medidas fueron modificadas con el decreto 820/16 del gobierno de Mauricio Macri, que a poco de asumir dio marcha atrás con las restricciones para la venta de campos que impuso el kirchnerismo y las volvió más laxas para facilitar la venta. Entre algunos de los cambios, se amplió del 25% al 51% la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país. Asimismo, se modificaron las 1.000 máximas que podían adquirir los titulares extranjeros, entre otros aspectos centrales de la anterior norma. Si se comparan los dos informes de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, el de 2016 con el de 2018, se nota una disminución de tierras en manos de extranjeros. Sin embargo, sólo se trata de una recategorización, cambios de carátula que no modifican el grueso de la tendencia general.
El geógrafo Robin Larsimont reveló cómo las composiciones accionarias de los principales emprendimientos vitivinícolas, que se han radicado en el Valle de Uco durante las últimas décadas, muestran un avanzado proceso de extranjerización en la propiedad de las tierras productivas, vinculado a la incidencia de los agronegocios en el uso del agua. Abriendo así un conflicto con los pequeños productores locales frente al avance de los holdings inmobiliarios, que adquieren tierras para instalar bodegas, viñedos o clubes exclusivos para empresarios.
Gracias a un recurso de amparo presentado por los Vecinos Autoconvocados de La Remonta, la Justicia Federal ordenó suspender la venta de los terrenos, dejando sin efecto por ahora el decreto presidencial hasta que se resuelvan los amparos presentados, sin embargo la cuestión de fondo no está resuelta. La venta de tierras a grupos especulativos y capitales extranjeros, era una política estratégica para Macri en la búsqueda de una “lluvia de inversiones”. El derecho a las tierras ancestrales, la agricultura familiar y el reconocimiento de los derechos campesinos y de los pueblos originarios está bajo el fuego cruzado de los intereses capitalistas y el Estado que oficia de administrador de esos negocios.
Las denuncias por violación de los derechos indígenas y campesinos no paran de crecer. Sus territorios, cursos de agua y culturas están bajo un creciente fuego capitalista, político y judicial. Estas comunidades denuncian una creciente ofensiva en los últimos años sobre sus territorios y derechos; con grandes terratenientes, petroleras y empresas que avanzan sobre sus tierras ancestrales, fincas, viviendas y zonas de talaje.
Por los derechos de los pueblos originarios contra la desposesión y el negacionismo racista:
Los conflictos territoriales se expanden por toda la provincia. Sólo en San Rafael, hay 60 comunidades campesinas dedicadas a la agricultura familiar que afrontan conflictos por 40 mil hectáreas contra un pool de 3 abogados. Con fallos a favor de uno y otro sector, la Suprema Corte debe expedirse, pero aún no lo hace.
Una situación similar afrontan los movimientos campesinos como la UST, a quienes los empresarios terratenientes con sus matones desalojan con una violencia brutal, que incluye armas de fuego. Es el emblemático caso de las 30 familias campesinas del campo La Estación en la localidad de Jocolí, Lavalle, donde irrumpieron matones armados que cubrían a quienes realizaban tareas con un camión y una máquina cargadora, en un intento de apropiarse mediante la violencia de tierras en las que la comunidad vive y trabaja desde hace 40 años. Lo hacían protegiendo los intereses de una presunta heredera que quiere despojar a esta comunidad de 12.000 hectáreas donde sus familias viven y que es utilizada como zona de pastoreo para la cría de vacas, cabras y yeguas. La Justicia mendocina imputó a estos empresarios por usurpación y coacción con arma de fuego, sin embargo la situación de fondo sobre los derechos de posesión sobre estas tierras está aún lejos de resolverse.
La Policía de Mendoza tiene graves denuncias por los ataques que lleva adelante contra estas comunidades. La represión y el abuso de poder, de los que son víctimas los puesteros y las familias lavallinas, están fuera de control: en 2014 un joven puestero, de la comunidad de Jocolí Norte, fue atacado con armas de fuego desde un móvil policial. En 2016, integrantes de la Policía, actuando directamente bajo las órdenes de la empresa española Argenceres - Elaia S.A, abrieron fuego contra miembros de esta misma comunidad, hiriendo a uno de sus integrantes, cuando intentaban frenar la construcción de un alambrado ilegal en sus tierras por parte la empresa. La familia afectada cuenta con una sentencia judicial a favor, que les reconoce la posesión del lugar, y una medida precautoria de no innovar que la empresa intentó violar. Por estas actuaciones criminales, la Policía no ha recibido ninguna sanción.
La vida de las comunidades huarpes en el Noreste de Mendoza es cada vez más difícil. La vida que antes florecía en estas lagunas, su agricultura, la pesca y la cría de animales ha ido secándose con el bloqueo de los ríos en represas que sólo habilitan la salida agua en casos de inundaciones por lluvia. Sin dejar siquiera un caudal mínimo que garantice la vida de estos ecosistemas y sus milenarias comunidades, el capital es el único dueño de las aguas destinadas por el riego. Son discriminados y no se garantiza siquiera su derecho al agua. La Municipalidad de Lavalle ni siquiera tenía en 2015 partidas en su presupuesto destinadas a la zona del secano, aunque este comprende el 80% de su superficie.
La Ley 6.920 y sus artículos 3 y 8 prevén declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación cualquier fracción de terreno que se encuentre comprendida entre los límites reconocidos a las comunidades Huarpes-Milcallac, a quienes debe transferirse el reconocimiento de propiedad protegiendo su ocupación del territorio.
A pesar de ello, en Lavalle, la Aceitera General Deheza se ha apropiado de 9.000 hectáreas del territorio Huarpe. AGD es manejada por la familia del ex senador kirchnerista Roberto Urquía, beneficiado durante su mandato con subsidios del Estado Nacional por $63 millones. Los Urquía compraron un campo de 20.000 hectáreas en la zona de San Fernando y San José, en el norte de Lavalle, entre las que se encuentran 9.000 hectáreas de Territorio Huarpe contempladas por la Ley 6920, que deben ser expropiadas por el Gobierno de Mendoza y restituidas a las Comunidades sin dilaciones. Sin embargo, no hay ningún avance en la ejecución de la misma.
Como nos informan la organización territorial Malalwece, las comunidades Mapuche ubicadas en el sur provincial son más de 26, de las cuales a la fecha están registrada en el Registro Nacional de Comunidades indígenas (del INAI) unas 10: Lof Malal Pincheira (inscripta desde 2009), Lof Kupan Kupalme (inscripta desde 2009), Lof Ranquil Ko (inscripta desde 2013), Lof Buta Mallin (inscripta desde 2014), Lof El Altepal (inscripta desde 2014), Lof Laguna Iberá (inscripta desde 2014), Lof Poñiwe (inscripta desde 2014), Lof Limay Kurref (inscripta desde 2014), Lof Suyai Levfv (inscripta desde 2023), Lof El Sosneado (inscripta desde 2023)
Las comunidades indígenas se registran en el Registro Nacional ya que la provincia de Mendoza: 1) No ha reformado su Constitución a la luz de la Reforma Constitucional del 94’ que reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas como sí lo hicieron las provincias de Neuquén, Formosa, Chaco, Chubut, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy y Buenos Aires. 2) No ha sancionado una ley de política indígena provincial. 3) No posee un registro provincial de comunidades.
La provincia adhirió a la Ley Nacional 23.302 de Política indígena mediante la Ley 6920/2001. Sin embargo, las comunidades enfrentan numerosos procesos judiciales iniciados por terratenientes contra sus miembros por desalojo, por reivindicación, por supuestas usurpaciones entre otros. Al contrario, cuando las comunidades denuncian el despojo de sus tierras, el fuero penal no investiga.
En 2018, abrió una Mesa de Diálogo para consultar, en forma previa, en relación con el proyecto de obra “obra multipropósito Portezuelo del Viento” cuyo objeto era la afectación del proyecto a la trashumancia. La misma quedó inconclusa ya que se retiró el Gobierno provincial.
En 2018 se buscó desarrollar la explotación de petróleo y gas no convencional mediante fractura hidráulica (Fracking). En 2017, el gobierno autorizó la realización de una prueba piloto por parte de la empresa El Trébol, en la zona de Puesto Rojas, yacimiento Cerro El Pencal (Malargüe). La provincia se negó sistemáticamente realizar la Consulta y obtener el consentimiento de la Comunidad Lof Limay Kurref ubicada en esa área. La comunidad ha presentado un recurso jerárquico ante el Gobernador de la provincia, aún sin resolver. Sin embargo, se denegó su participación en la acción de inconstitucionalidad del Decreto 248 sobre Fracking que inició OIKOS contra la provincia de Mendoza. Para el caso, la Comunidad se encuentra en una clara denegación de justicia, ni por recurso administrativo ni por la vía judicial ha podido hacer valer su derecho a la Consulta.
A partir de ahí cambió rotundamente su relación con las comunidades, sumándose a las campañas de odio y criminalización fomentado por el gobierno nacional de aquel momento, en particular por el ministerio de defensa de Bullrich.
Por otra parte, y vinculado a esta situación las empresas extranjerizadas, sociedades anónimas de capitales inglés- malayos como Valles Mendocinos, Altos Cerros que suman más de 400.000 hectáreas entre la Estancia del Chacay y el Río Atuel como también SOMINAR (inicialmente Sociedad minera argentina) con más de 500.000h entre el Atuel y la Laguna del Diamante inician demandas judiciales contra las comunidades.
En apoyo a las empresas, el Gobierno se muestra en eventos y firma convenio con las mismas, como la creación de un Área natural protegida privada por Decreto de Cornejo – las ANP según la Ley 6.045 deben ser creada por ley – convenio que quedó secreto hasta aparecer como prueba en juicio.
Finalmente, en 2023, dirigentes políticos como Alfredo Cornejo, Juan Manuel Ojeda y Gustavo Cairo, comenzaron una campaña de odio racista contra los Mapuche, directamente negando su existencia. Solicita la nulidad de los Relevamiento Territorial realizado por el INAI, realizó declaraciones publicadas discriminatorias sobre las que el INADI acaba de dictaminar que: “las conductas denunciadas encuadra en los términos de la Ley N.°23.592, normas concordantes y complementarias precedentemente citadas, como conducta discriminatoria”. Al mismo tiempo la Legislatura provincial aprobó la Resolución N°1390 que declara al Pueblo Mapuche como “no originario de Argentina”. Contra ello, se expresó con un fuerte repudio la Legislatura de Neuquén y más de mil investigadores del CONICET.
Contra el negacionismo racista que busca justificar la desposesión y la represión
La provincia de Mendoza cuenta con una numerosa población indígena originaria que habitó/habitan este territorio antes de la conquista española y la fundación de la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja en 1561. “En Cuyo existe una numerosa población indígena perteneciente a pueblos que habitaban la región desde antes del período colonial, como los huarpes, diaguitas, capayanes, pehuenches, mapuches y ranqueles” comienza el fascículo número 9, dirigido por el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, realizado por investigadores del CONICET y comunidades indígenas locales, publicado en el 2016 y es titulado “No nos extinguimos: memorias, presencias y proyectos de los pueblos originarios de Cuyo” (Escolar y Magallanes, 2016). El título no es menor, porque contradice una afirmación que por varios años historiadores, antropólogos y arqueólogos afirmaron en base a su filiación cientificista. Decir que los pueblos originarios se habían extinguido representa la ideología de los sectores más conservadores de la historia argentina que lideraron en los siglos XVIII y XIX campañas militares de exterminio de esta población, tanto física y culturalmente. Hoy en día en base a una revisión y nuevas preguntas a la documentación histórica, el aporte de nuevas fuentes documentales, la historia oral, trabajos etnográficos e información arqueológica los estudios sobre la permanencia, movilidad y modos de vida de las poblaciones locales indígenas se han actualizado. Estos aportes al conocimiento del pasado están en estrecha relación con la importante lucha que las comunidades originarias llevaron a cabo a lo largo de los últimos 500 años por la visibilización y reconocimiento de los derechos ancestrales, a reivindicar su identidad y pertenencia cultural. En los años 80 y 90 muchos investigadores sociales cuestionan el paradigma científico imperante en la academia e institutos de investigación y adoptan una perspectiva crítica e inclusiva de los que no pudieron escribir su historia, de los negados en la historia.
En el marco de la fundación y desarrollo del centro urbano de la ciudad colonial durante los siglos XVI y XVII se configuraron nuevas prácticas en las relaciones inter-intra étnicas de las poblaciones locales asentadas en los distintos valles centrales y al sur de la provincia como: disputas por los territorio entre españoles y nativos, relocalización de poblaciones indígenas para mantener poblados, zonas fronterizas de amortiguación, traslado de indígenas para trabajo en minas, captura de indígenas rebeldes (Prieto, 1997), estas, también, darán un nuevo marco en la manera de establecer lazos entre poblaciones nativas (Lucaioli y Nacuzzi, 2010). La primera zona controlada por la administración española, y posteriormente en la etapa republicana, será el noreste mendocino. Este para principio del siglo XIX será asociado a “desierto y pobreza” frente a la ciudad considerada “oasis y progreso”, esta forma de etiquetar espacios no solo dará un lugar marginal a las poblaciones indígenas de las zonas laguneras sino que estos cambios en el entorno natural darán espacio a nuevas prácticas económicas de subsistencia lo que modificará algunas estrategías de manejo del ambiente que tenían ancestralmente (Katzer y Gascón, 2019). Esto llevó a decir que muchos pobladores “Huarpes se extinguieron” porque no guardaron su cultura original, como si eso hubiera sido posible después de una política de colonización y/o etnocidio a estas poblaciones.
Ubicación de las comunidades Huarpes. Fuente: Escolar, D. y Magallanes, J.(2016).“No estamos extinguidos”: memorias, presencia y proyectos de los pueblos originarios de Cuyo”. En: Pueblos Indígenas en la Argentina (fasc. 9), Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. pág. 10.
En el caso de las poblaciones originarias del sur de Mendoza, en los últimos meses, ocurre algo similar pero no dicen que “se extinguieron” sino, algo aún peor, la negación de su presencia en este lugar. Candidatos actuales de Cambia Mendoza y Unión por los Mendocinos lanzan una afirmación negacionista al decir que “nunca hubo mapuches en Mendoza” (Alfredo Cornejo, Omar de Marchi) e intendentes del sur de Unión por la Patria como Omar Felix. Las afirmaciones contra la inexistencia del pueblo mapuche y sus parcialidades responden a un estancamiento doctrinal y disciplinar, para eso se valen de investigadores que respondan a sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? el desarrollo del proyecto minero Don Sixto, en el que ellos tienen intereses económicos que defender y la sola presencia de comunidades indígenas que reclamen su derecho a la tierra en ese lugar perjudica el avance del proyecto.
Frente a historiadores que no volvieron a desempolvar las fuentes para hacerles nuevas preguntas entendiendo a las historia como algo ya dado y definido, vamos a traer otro artículo de Escolar (especialista de trayectoria en el tema) donde realiza un análisis sobre la permanencia y el acceso a la tierra a través de mercedes reales por comunidades indígenas del centro de Cuyo durante el periodo colonial y las relaciones interétnicas en la frontera sur de Mendoza, en su hipótesis afirma “que las relaciones fronterizas de los españoles con los indígenas libres, pehuenches, puelches, aucas, huilliches, pampas y otras denominaciones relativas al “mundo mapuche” fueron decisivas para la dinámica de reconocimiento político y acceso territorial de los indígenas incorporados: huarpes, y parte de los chiquillanes y sus descendientes, y tal vez yacampis o capayanes/diaguitas.”(Escolar, 2021:37). Al conceptualizar a todas las parcialidades como parte del “mundo mapuche” cuestiona las divisiones hechas por parte de la historiografía tradicional al desagregarlas y reducir esa vinculación cultural que tienen en base su lengua común (mapudungun), prácticas de subsistencia y relación con el ambiente.
Ubicación de las comunidades pertenecientes a la Organización Identidad Territorial Malalweche. Fuente: Escolar, D. y Magallanes, J.(2016).“No estamos extinguidos”: memorias, presencia y proyectos de los pueblos originarios de Cuyo”. En: Pueblos Indígenas en la Argentina (fasc. 9), Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. pág. 22.
Durante las campañas militares dirigidas por el Ministro de Guerra del reciente Estado Nacional, Julio Argentino Roca, conocidas como “campaña o conquista al desierto” (1878-1885) se lleva a cabo el genocidio y sometimiento de las poblaciones del sur mendocino, pampa y patagonia. La columna oeste es dirigida por el Coronel Rufino Ortega (posterior gobernador de Mendoza) quien lleva a cabo la captura y reparto de la población indígena en sus terrenos ubicados en Malargüe, Rodeo del Medio y Rivadavia. También los cautivos serán entregados a las familias de la élite mendocina. Así lo atestigua el diario “El Ferrocarril” el 4 de febrero 1883: “200 indios de chusma ha traído el Coronel Ortega a esta, por pedidos anticipados de numerosas familias (…) Se hallan actualmente en S. Vicente, finca del Sr. Bermejo (…) Si hasta hoy no mandan las familias por los niños o indias que fueron pedidos, sabemos que el Coronel los va á dar á las familias que los soliciten mañana.” (Escolar & Saldi, 2018). Muchos de ellos quedan asentados en Mendoza y son incorporados como “criollos” en los trabajos rurales como peones.
El ensañamiento con la que fueron desmembradas comunidades y familias enteras para la “asimilación” al Estado Nación y apropiación de sus tierras queda reflejada en cientos de partes de campaña o en los periódicos de la época que anuncian la repartija del “botín”. Esta fuerza de trabajo gratuita fue puesta al servicio de la elite local y “orientadas hacia la dispersión de las agrupaciones, debilitamiento de lazos de reciprocidad y parentesco, alianzas políticas y borramiento de la identidad como pueblo” (Delrío & Escolar, 2009:2). El Dr. Julio Vezub, en una entrevista en radio Nacional al respecto de esto dice “les hicieron creer que no tenían nada que ver con lo mapuche, incluso.”.
Borrar ese pasado común de las poblaciones mapuches del sur de la provincia fue un plan de sangre y fuego después de pluma y tinta a cargo de la historiografía tradicional. De esa que se hacen eco los políticos del comité que custodian los negocios de la burguesía, de defender el acceso a la tierra y su riqueza de un pequeño sector con gran poder económico, esos que financian campañas electorales para colocar a políticos amigos.
Desde el Frente de Izquierda proponemos:
Respeto a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en las explotaciones que se desarrollen en sus territorios.
No a los desalojos y la especulación terrateniente y empresaria. Reconocimiento y acceso a la tierra para las familias campesinas, chacareros, puesteros y agricultores familiares que no explotan mano de obra. Acceso a créditos baratos para su producción y tecnificación, y canales de comercialización estatal con precio sostén.
Prórroga y aplicación integral de la Ley Nacional 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Y de la Ley Provincial 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza con la ejecución de las expropiaciones de terrenos comprendidos en la misma.
Plenos derechos y autodeterminación para los pueblos originarios y su cultura. Terminar con las usurpaciones, la represión y la ofensiva empresaria y estatal sobre los territorios de estas comunidades. Expropiación inmediata de todas las tierras usurpadas a estas comunidades y sus familias. Reconocimiento de la propiedad comunal de la tierra.
