Las escuelas manejan cuestiones disciplinarias en el sentido de “obediencia”. Las normas, que se solicita a lxs estudiantes respetar, e incluso se les obliga a firmar durante la inscripción en el reglamento escolar, contienen restricciones que van desde el uniforme hasta el permiso para salir al baño. Hacen que niñes y adolescentes se vean obligadxs a someterse a la autoridad de algún trabajador de la educación para evitar ser sancionados o tener problemas.
Si bien hay indicaciones que es preciso sugerir por seguridad del estudiantado, como las que deben seguir en caso de sismo, respetar el espacio de los demás o no exceder cierto número de quienes se ponen de pie para revisar su trabajo, éstas deben ser dialogadas con lxs estudiantes para llegar a un acuerdo donde ellxs tomen sus propias conclusiones y cuidarse para evitar acciones que pueden ponerlos en riesgo. Sin embargo, en toda institución de enseñanza perteneciente al sistema capitalista existe una verticalidad en su funcionamiento, que condiciona la actuación de quienes la integran.
Cabe mencionar que puede haber excepciones, como la experiencia surgida de la revolución Rusa en 1917, donde a pesar del atraso, la naciente sociedad revolucionaria definió eliminar los exámenes y centrarse en la enseñanza del trabajo en sociedad, donde se buscaba que el profesorado fuera visto como hermano mayor y no como capataz.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM), al igual que la anterior reforma educativa neoliberal, sostiene un discurso de atención enfocado en el estudiantado, que debe llevarse a cabo por el resto de quienes participan en la institución escolar, principalmente las y los docentes, con quienes pasan la mayor parte del tiempo.
Esto es muestra de esa verticalidad expresada de forma más sutil, velando la continuidad de la subordinación y pretendiendo que existe un consenso, con la anuencia de lxs estudiantes y el profesorado en el aula y de madres, padres y tutores con autoridades de la escuela, en torno a cómo el estudiantado debe mantener un “buen” comportamiento en la institución. Ésta, aplica varias sanciones para doblegar la voluntad de sus estudiantes, por medio de reportes, citatorios, el despojo de sus pertenencias (celulares, prendas que no sean del uniforme, etc.), manteniéndolos encerrados en las aulas, hacinados, con horarios establecidos para todo, incluso para comer e ir al baño.
No se escucha ni se parte de sus necesidades, ni se garantiza el cumplimiento de sus derechos más básicos, como a la recreación, el esparcimiento y la alimentación sana o a cosas tan fundamentales como ir al sanitario cuando lo necesiten. Esto sucede en una escuela que pretende ser inclusiva y diversa.
Muchxs estudiantes llegan a nivel secundaria preguntando cómo van a evaluarlxs y a qué hora saldrán al receso, saben que la escuela tiene ese estilo de funcionamiento y que se espera que se adecúen a ello.
Las calificaciones también son un método de represión que no muestran realmente los avances ni combaten los atrasos. Por eso, las ponderaciones numéricas como los exámenes, son un método de evaluación punitiva.
Analogía con el derecho a decidir
De un modo similar, la oposición al derecho a decidir sobre sus cuerpos, implica un control sobre las personas con capacidad de gestar, no sólo con respecto a la decisión de interrumpir un embarazo, sino también a la de disfrutar su vida sexual libre y placenteramente.
“Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre, gratuito y seguro para no morir”, significa que, para ejercer el derecho a decidir sobre la propia sexualidad, el Estado debe brindar educación sexual integral (ESI), acceso a métodos anticonceptivos de calidad e irrestrictos y asistencia médica en hospitales públicos en caso de que las personas requieran interrumpir un embarazo.
Ninguno de los tres componentes de la consigna es suficiente en sí mismo, no hay método anticonceptivo que evite al 100 % una fecundación y las formas para evitarla deben ser explicadas para poder ser practicadas después. La legalización del aborto significa que, si ocurre un embarazo no deseado, la persona cuente con las condiciones materiales y sociales apropiadas para interrumpirlo sin arriesgar su salud o hasta su vida y no solamente que no esté en riesgo de ir la cárcel por ello.
A diferencia de la legalización, la despenalización –como la resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) el 6 de septiembre– no es suficiente, pues no basta con que no nos encarcelen por abortar, sino que es necesario garantizar la vida de las personas que interrumpen un embarazo, y quienes siguen muriendo en abortos clandestinos son las adolescentes y mujeres que no cuentan con los recursos para acceder a este derecho dignamente, apoyadas por profesionistas de la salud y en hospitales públicos.
Negar el derecho al aborto tiene consecuencias también para la crianza de les hijes. Parte de la violencia ejercida por estudiantes en el entorno escolar proviene de una crianza hostil o agresiva en casa, que podría prevenirse con herramientas para la elección libre de tener hijxs, además de que el Estado debe asegurar que las familias tengan los recursos necesarios para una crianza digna, como trabajos con salarios dignos y jornadas laborales cortas que permitan el tiempo necesario para dedicarlo a la atención de lxs hijxs, al ocio y al descanso.
No es suficiente querer ser madre o elegirlo, cuando la decisión se toma en el contexto de una sociedad machista que desde que somos pequeñas inculca a las mujeres la maternidad a través de los juegos, anuncios y programas de televisión y donde somos brutalmente oprimidas. Esto se expresa con más violencia contra las adolescentes que eligen ser madres aún en caso de haber sido violadas, por cuestiones de tabúes y dogmas morales.
De aquí la importancia de pelear por ESI en todas las escuelas del país, pero también por el grave problema de que México es el primer país en abuso infantil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en embarazos adolescentes, que es la segunda causa de muerte materna en el país, además de todo lo que implica socialmente embarazarse a corta edad.
Por otro lado, contar con recursos que les permitan a lxs estudiantes conocer acerca de su sexualidad para ejercerla de manera libre e informada, permitiría mejorar las relaciones erótico afectivas desde la juventud, para liberarlas de la violencia patriarcal.
Dentro de un sistema de explotación y opresión, como el capitalista, con sus crisis sociales y económicas, cuesta pensar en una escuela donde lxs estudiantes participen libremente o en una crianza totalmente libre. A una pedagogía crítica le corresponde cuestionar esta situación y a la clase trabajadora y el conjunto de lxs oprimidxs organizarse para transformarla.
Luchar por ESI en las escuelas y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos implica luchar por mayor presupuesto para la salud y la educación públicas, pues no pasa sólo por la teoría sino por contar con el personal y tener la infraestructura para que realmente se garanticen nuestros derechos. | 
