Como hemos denunciado en La Izquierda Diario desde el día uno de este proceso constitucional, sabemos que esta es una farsa antidemocrática, pactada por los partidos tradicionales, desde la UDI al PC, para relegitimar los pilares de la herencia de la dictadura militar y del Chile de los 30 años.

La primera minoría que obtuvieron los republicanos sólo reafirmó su carácter antidemocrático y anti popular. Y con el avance de las enmiendas hemos visto claramente como aquello se ha acentuado y profundizado, especialmente esta semana cuando el Consejo Constitucional se ha dedicado a votar las enmiendas propuestas desde las diferentes comisiones.

En este caso nos remitimos a algunas de las enmiendas impulsadas por la extrema derecha de Republicanos y aprobadas con los votos de la derecha de Chile Vamos, como es el caso de la enmienda que permite que condenados que cumplan penas de cárcel y que padezcan enfermedades terminales puedan optar al beneficio carcelario de arresto domiciliario.

Podría sorprender que la derecha haya optado por impulsar una medida que entregue beneficios carcelarios a los privados de libertad, cuando toda su práctica política, sus propuestas programáticas y su discurso ha sido basado en tomar más y más medidas punitivas, de mayor encarcelamiento, de más cárceles y leyes más duras para castigar con prisión, porque en su inmensa mayoría quienes pagan con prisión son los sectores populares, y porque esas mismas leyes luego son usadas contra quienes se movilizan.

Pero en este caso, esta enmienda aprobada tiene un trasfondo mucho menos “humanitario” y realmente más oscuro: la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a los violadores de derechos humanos recluidos en la cárcel de privilegios de Punta Peuco.

Hay que recordar que originalmente los republicanos habrían presentado una enmienda alternativa, que no lograron que fuese aprobada, que proponía el beneficio del cumplimiento de las condenas en su domicilio a los mayores de 75 años. El objetivo de beneficiar a los genocidas de Punta Peuco era evidente, ya que, de los 265 presos mayores de esa edad, 145 están condenados por crímenes de lesa humanidad.

Alrededor de 30 son los condenados por violaciones a los derechos humanos que podrían verse beneficiados de manera inmediata por esta medida.

Cabe destacar el hecho de que la enmienda fue aprobada con los votos de Chile Vamos, como muchas otras aberraciones propuestas por Republicanos, tal como la enmienda que en los hechos busca terminar con el aborto en tres causales. Dicha coalición, lejos de ser una "bisagra" como soñaban ilusoriamente desde el gobierno y el oficialismo, se ha sumado al coro de la extrema derecha y ha bailado a su ritmo.

Y no sorprende, ya que ha sido una campaña permanente de parte de la derecha histórica (y ahora de la extrema derecha) la defensa de los ex agentes de la CNI, DNI y miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron, asesinaron, violaron y cometieron crímenes de Estado de la peor calaña durante la dictadura militar.

Esta campaña ha ido desde la defensa del penal Punta Peuco con los beneficios carcelarios que este penal tiene, pasando por acusaciones de “persecución política” en contra de los presos del penal, exigencia de conmutación de penas por la elevada edad, y un largo etcétera de intentos por proteger a estos criminales de lesa humanidad.

Contra la población migrante

Y, por otro lado, la derecha se muestra de cuerpo entera con su xenofobia y racismo, al aprobarse una enmienda totalmente inaceptable y anti migración: esta medida establece que los migrantes que lleguen al país de manera “irregular”, es decir, por pasos no habilitados o de manera “clandestina”, serán inmediatamente expulsados del país. Además, establece que los “extranjeros” que cometan un simple delito o un crimen que se pague con cárcel, deberán cumplir la condena en su país de origen.

Esta enmienda, aprobada con 34 votos a favor (la derecha de conjunto) e impulsada por los republicanos, no sólo es ridícula ya que implica una coordinación de Chile con el país de origen de los migrantes, sino que, en el fondo, es una medida absolutamente represiva e inaceptable contra la población migrante, y particularmente contra los migrantes pobres, quienes vienen al país buscando oportunidades de trabajo y de desarrollo para ellos y sus familias.

Estas medidas represivas sólo dividen a la clase trabajadora, migrante y “nativa”, que tiene precisamente enemigos comunes: el gran empresariado que se enriquece a costa de la precarización del trabajo, y los políticos empresariales como los republicanos y Chile Vamos, que el Consejo Constitucional toman medidas para criminalizar la pobreza, para perseguir a los migrantes pobres, y para darle beneficios carcelarios a los violadores de derechos humanos, a la vez que defienden las AFP que saquen las pensiones de los jubilados y buscan re legitimar este sistema de educación y salud de mercado, de negocio con los más básicos derechos y necesidades de las grandes mayorías trabajadoras.

Estas medidas se enmarcan en la agenda represiva y autoritaria que ha impulsado la derecha en el Congreso y que el gobierno de Gabriel Boric ha apoyado y fortalecido, y que ha implicado la militarización de la frontera norte del país, la militarización del territorio mapuche y la promulgación de leyes criminales como la ley de gatillo fácil Naín Retamal, que ya se ha cobrado la vida de víctimas inocentes como los casos de Martiza Pizarro en Antofagasta y David Toro en San Antonio.

No podemos perdernos. No hay que esperar ningún tipo de negociación de las enmiendas, ni ningún acuerdo, como quiere hacer la izquierda del gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista: este proceso constitucional debemos enfrentarlo y repudiarlo en todos sus aspectos.
Nada bueno para el pueblo trabajador saldrá de este proceso. Es necesario que las organizaciones de trabajadores, de mujeres, de migrantes, de derechos humanos, estudiantiles, organicen activamente planes de movilización y discusión conjunta contra el proceso constitucional, porque son precisamente estos sectores los que se ven más afectados por las medidas que hoy está tomando el Consejo.