El juicio contra los nueve activistas sevillanos que protestaron contra el bus tránsfobo de Hazte Oír en 2017 se reabre tras los recursos de la Fiscalía y de HazteOir, quienes pretenden imputar por daños materiales a los jóvenes. Se apoyan en un informe de la policía donde se vincula sus actos a un delito de “odio ideológico” y a sus vínculos con colectivos de “activistas antifascistas de extrema izquierda”. La fiscalía pide año y medio de cárcel para cada uno de ellos, mientras que HazteOír pide doce años.

La asociación de extrema derecha HazteOir ha conseguidor reabrir el juicio de una causa archivada en 2018 gracias a un recurso impulsado por ellos y también por uno de la Fiscalía que da por válidos los supuestos “daños materiales” sufridos por parte del lobby tránsfobo. En concreto, el grupo ultracatólico pide doce años de cárcel para los activistas por delitos de coacciones, desórdenes públicos, discriminación y contra a la integridad moral. Además, añaden como acusación particular que se les juzgue por daños al vehículo y a cuatro de ellos por un delito de lesiones leves. También solicitan que se indemnice a Ignacio Arsuaga, presidente del lobby tránsfobo, por daños morales teniendo que pagar cada activista 2.000 euros y otros 3.478 a HazteOír.

Según HazteOir, la organización habría sido víctima de “un grupo de personas, debidamente concertados, y amparándose en su número, impidieron con violencia desarrollar su campaña y su derecho a la libre expresión y deambulación” y sostiene que estos “promovieron e incitaron directa e indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”, tanto contra la organización como las personas que la componen o que iban en el autobús “por razón de su pertenencia a un grupo determinado por su ideología”.

Por supuesto, la extrema derecha es victimista cuando se le responde en las calles y afirma haber sido presa del odio ideológico pero se olvida convenientemente de que tan solo han recibido la respuesta a las campañas de odio que promueven constantemente contra diversos colectivos por su género, condición sexual o en contra de las libertades sexuales en este caso. Como señalaba uno de los propios activistas, por ser joven transexual ha recibido daños y coacciones en su vida diaria, una cuestión alimentada precisamente por grupos como HazteOir.

La policía al servicio de la extrema derecha

Al menos 22 agentes testificaran en el juicio a petición de la Fiscalía de Sevilla y de la acusación particular de HazteOír. Aunque podrían aumentar hasta prácticamente 30. El informe de la Policía donde se criminaliza a los jóvenes por sus vínculos políticos fue clave a la hora de identificar a los activistas y que se les pudiera enjuiciar. La Policía promovió desde el primer momento que se trataba de un delito de odio ideológico y aportó un informe donde profundizaba en los vínculos asociativos y políticos de los jóvenes. A través de su informe, la Policía quita peso a las campañas de odio de HazteOir como motivo para la protesta y lo reduce a una diferencia ideológica afirmando que el odio surgiría únicamente por parte de los activistas. Aparte de ello avala la versión del lobby tránsfobo de la necesidad de escoltar el bus debido al riesgo que suponían los activistas.

A nadie sorprende que la Policía que se infiltra en movimientos sociales, que vota a la extrema derecha y que reprime a diario a activistas y luchadores se coloque del lado de HazteOir. Sin embargo, sigue siendo un episodio vergonzoso la reapertura del juicio a unos activistas por protestar contra una flagrante campaña de odio tránsfobo. Como decían los propios acusados, violencia es la transfobia de HazteOir y el resto de escoria ultraderechista.

Este juicio escandaloso pone en el debate varias cuestiones importantes. Pro un lado, desnuda los mecanismos concertados de represión entre la extrema derecha, la policía y el aparato judicial, contra los que se manifiestan para defender sus derechos. A los que enfrentan a la extrema derecha, los quieren mandar a la cárcel.

En segundo lugar, queda claro que las penalizaciones judiciales contra los “crímenes de odio”, que muchas veces son reclamadas por los colectivos LGTBI porque se considera que son la “única defensa” posible, frecuentemente son instrumentalizadas por la extrema derecha, la policía y la justicia, para utilizarlos contra los propios activistas LGTBI o todos los que salen a luchar.

A la extrema derecha no la vamos a frenar exigiendo que se penalicen con más años de cárcel los “crímenes de odio”, una legislación que será utilizada contra los que luchan contra esa extrema derecha. Es necesario desarrollar esta lucha en las calles, uniendo a los colectivos LGTBI, antirracistas, feministas, ambientales y la clase trabajadora. Exigiendo la libertad inmediata de todos los detenidos por luchar, la anulación de las causas y multas, la amnistía para todos y todas las represaliadxs por luchar y la anulación de la ley mordaza.