Después de un año y doce días de haber mantenido encarcelado a Mario Luna en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2, el pueblo triqui, las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales arrancaron la libertad de uno de los cientos de luchadores sociales que el Estado mexicano mantiene presos como parte de su política de criminalización y represión.
Mario Luna fue detenido el 11 de septiembre del 2014 de manera arbitraria por agentes vestidos de civiles en un auto particular. Fue acusado de privación de la libertad a Francisco Romo, integrante de la comunidad que fue ocupado por las autoridades para inculpar al vocero de la tribu yaqui de secuestro y robo de su coche.
Aun cuando estos delito fueron comprobado como falsos y se explicó que Romo había sido detenido por las autoridades comunales -por cometer un delito y procesado como lo marcan los usos y costumbres validadas como legales por la constitución y que Mario Luna no había sido parte de dicho proceso- las autoridades crearon ese montaje como parte del ataque a la lucha contra el Acueducto Independencia.
La tribu yaqui mantuvo una lucha en contra del Acueducto Independencia desde el año 2010, producto de que viola el acuerdo de 1940 que permite a la comunidad indígena ocupar el 50% del caudal del cuerpo de agua que hoy ha sido secado para centralizar el abasto del agua hacia Hermosillo. Favoreciendo a las grandes empresas de la ciudad que son las principales consumidoras del líquido vital a costa de la sobrevivencia de la comunidad yaqui.
Mario Luna, autoridad y vocero de la tribu yaqui en la comunidad sonorense de Vicam, fue señalado como uno de los líderes de esa lucha. Desde ese momento el ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés -acusado también de múltiples escándalos de corrupción y otros hechos represivos- se dedicó a perseguirlo. A la par de Mario, fue encarcelado Fernando Jiménez Gutiérrez, quien estuvo preso hasta el mes de agosto. Todos estos elementos se dieron a pesar de los llamados de Amnistía Internacional a no juzgar a los luchadores yaquis por motivos políticos.
A pesar de más de un año de privación de la libertad, Mario Luna declaró tras su liberación que continuará con su lucha por la defensa del agua y el territorio Además afirmó que “se les debe juzgar a ellos, al gobierno que me encarceló”.
¿Disculpas por la represión sistemática?
El 23 de septiembre, día de la liberación de Mario, Roberto Campa Cifrán, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció “errores” respecto al asesinato del líder triqui, Antonio Jacinto López Martínez, ocurrido en octubre del 2011 en Oaxaca. El Estado reconoció responsabilidad en el homicidio del luchador social para quien se había dictado una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno ofreció reparación del daño, garantías de no repetición, una compensación económica para la familia y la continuidad de la investigación del homicidio.
Sin embargo, las instituciones estatales y los diferentes niveles de gobierno han demostrado -de la manera más brutal con el crimen de Iguala- que su intención no es investigar los casos de asesinatos y represión de luchadores sociales sino ocultar y manipular información para mantener la estabilidad del régimen político y garantizar el cuidado a los intereses que defienden, es decir las ganancias de los capitalistas.
Para ello el régimen garantiza el despojo del territorio y los recursos naturales y, el sometimiento de las comunidades indígenas que son brutalmente reprimidas ante los fenómenos de resistencia y lucha. Las fuerzas represivas muestran su cara asesina con tal de avanzar en la subordinación al capital y al imperialismo.
Por ello es necesario la unidad de los pueblos en resistencia, contra los megaproyectos y el despojo, con todas las luchas y sectores que enfrentan la represión del régimen asesino y los planes de mayor explotación y miseria. La salida contra un enemigo en común y la recuperación de los métodos más avanzados de la lucha en el seno de la clase trabajadora que retome las demandas de los pueblos indígenas y los campesinos. Es lo que puede garantizar tener la fuerza para enfrentar los golpes de este sistema. | 
