Un nuevo incendio ha arrasado con un asentamiento irregular en Huelva el pasado 25 de septiembre, dejando más de 200 chabolas destruidas, cercano al Polígono San Jorge de Palos de la Frontera. El hecho sucedió pocos meses después del último caso similar en la misma zona el pasado mes de mayo, donde el fuego calcinó más del 80% de las chabolas.

Según informaron los servicios de emergencia, de las chabolas arrasadas más de la mitad seguían aún en construcción debido al último caso similar ocurrido en la misma zona el pasado mes de mayo, donde el fuego calcinó más del 80% de las chabolas. A la ya de por sí situación de precariedad, racismo y ultraexplotación que viven cientos de jornaleras, hechos como estos continúan mermando su ya bastante limitado acceso a la vivienda.

Clase obrera y migrante: se multiplica el riesgo de sufrir accidentes laborales

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, presidido por el Partido Popular, ha achacado este caso a “una riña” entre habitantes del asentamiento. Pero lejos de ser un caso aislado, los incendios en los asentamientos se han convertido en un problema endémico, derivado de la situación de falta de acceso a la vivienda de las personas que trabajan en el campo de la fresa. Los incendios usualmente se deben a los materiales inflamables con los que se construyen las chabolas y la situación de desamparo en el que se encuentra esta población.

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Muchísimas jornaleras del campo, normalmente migrantes irregulares del norte de África que cruzan al Estado español para trabajar durante la temporada de cosecha, hacen jornadas de trabajo extenuantes e interminables por mucho menos del salario mínimo. Esta situación, sumada a la discriminación racial y a la falta de ayudas adecuadas por parte del estado limita gravemente el acceso de estas trabajadoras a una vivienda digna. Esto además evidentemente favorece el modelo de negocio de las empresas de explotación agrícolas basado en la explotación de trabajadores y trabajadoras irregulares para maximizar los beneficios.

Instituciones en favor de los Derechos Humanos, sindicatos y colectivos de trabajadoras como Jornaleras de Huelva en Lucha llevan años denunciando la situación en los campos de fresa de Huelva sin encontrar una respuesta por parte de las instituciones locales, andaluzas y nacionales. Las condiciones de infravivienda que sufren los temporeros son una constante que se suma a las extenuantes jornadas, los salarios de miseria y los abusos, incluidos sexuales, de parte de capataces y patrones. El campo sigue siendo el reducto de mayor explotación laboral, mientras las inspecciones de trabajo autonómicas o el ministerio de Trabajo continúan mirando para otro lado.

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Huelva, como una de las principales regiones productoras de las hortalizas que se exportan a toda Europa está trabajada principalmente por mujeres madres migrantes que se encuentran en un vacío legal en cuanto a sus derechos humanos y laborales por los acuerdos del gobierno español con el marroquí. Acuerdos que buscan mantener este tipo de situaciones para minimizar todo lo posible los costes de producción y maximizar el beneficio de los grandes terratenientes de Andalucía.

La lucha no es solo contra estas condiciones de trabajo y alternativas habitacionales dignas para lxs trabajadorxs, sino también por la regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs, y está más vigente que nunca.

Para acabar con esto en el estado español, la lucha no es solamente por unas condiciones de trabajo y salario dignas, sino también por la regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs. Medidas que además deben servir como punto de apoyo para la destrucción de un sistema que está estructuralmente diseñado para condenar a la clase trabajadora, migrante, mujer y racializada a la precariedad y la pobreza.