Luego de años de movilización y organización de la comunidad educativa,este martes se dictó sentencia firme por el crimen social de Sandra Calamano y Ruben Rodríguez. El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó al gasista Cristian Ricobene a 5 años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. Por su parte, el entonces interventor del Consejo Escolar morenense, Sebastián Nasif, y los consejeros escolares Mónica Berzoni y Jorge Galianlos fueron sentenciados a 2 años de prisión de ejecución condicional, es decir, que realizarán tareas comunitarias supervisadas y no podrán desempeñar cargos públicos por 4 años. Ningún responsable político del gobierno de Vidal, incluida ella, fueron condenados.
Después de esperar más de 5 años, el 28 de agosto comenzó el juicio oral por la muerte de Sandra y Rubén, la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela Primaria N°49 "Nicolás Avellaneda" del partido de Moreno y hoy martes 10 de octubre se conoció la condena firme. Por el tribunal pasaron más de 40 testigos desde que se inició el juicio. Sin embargo, en el banco de los acusados no se sentaron los “responsables políticos” de la tragedia.
Estuvieron ausentes funcionarios provinciales como el ex director provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario y el ex director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny. Tampoco fueron llamados la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, el exdirector de Infraestructura Escolar Mateo Nicholson y el ex Intendente de Moreno, Walter Festa. Todos ellos siguen impunes.
Los jueces que dictaron condena firme fueron Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel. El gasista Cristian Ricobene fue considerado "autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por ser dos la víctimas fatales", permitiéndole cumplir la pena con prisión domiciliaria. Nasif, Berzoni y Galianlos fueron culpables de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y, según estableció el tribunal, deberán "realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo". No irán a prisión si cumplen con lo dictado por el tribunal.
Una lucha que continúa
El 2 de agosto de 2018, una explosión en la escuela EEP 49 del distrito de Moreno se cobraba la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. Es ya de saber público las múltiples denuncias que había realizado Sandra por la existencia de una fuga de gas en dicha institución por esto las muertes de nuestros compañeros docentes son un “crimen social” que puso de manifiesto la aguda crisis que atraviesa la educación pública desde hace décadas, gobierno tras gobierno.
Tras 5 años de espera, fueron decenas las movilizaciones, asambleas y acciones que llevó adelante la docencia para hoy llegar a una condena, pero la situación de infraestructura en las escuelas sigue igual que hace décadas. Sin ir más lejos, en noviembre del 2022 volvió a explotar una cocina de la Escuela Primaria 74 del barrio Yaraví de Moreno.
Los y las docentes seguimos reclamando por presupuesto para educación acorde a las necesidades para garantizar una educación pública de calidad. Las escuelas siguen teniendo pérdidas de gas, cortes de agua, mampostería que se cae con cada lluvia y ni hablar de los ríos de agua que se forman dentro de las aulas con más de 40 niños y niñas: un hacinamiento atroz que de ninguna forma garantiza calidad educativa. Mientras el gobierno de los YateGate con Insaurralde a la cabeza se pasea por los mares de Marbella en barcos millonarios, las docentes se arremangan el pantalón para sacar el agua y recibir a los niños y niñas. Somos los y las docentes las que sostenemos la escuela pública.
Esta condena es producto de la lucha de las bases docentes que jamás se callaron y siguieron en las calles. Hay que continuar con esa fuerza para denunciar a los responsables políticos del gobierno macrista que siguen impunes. Tenemos un punto de apoyo que son los más de 14 paros que venimos desarrollando con miles de docentes junto a la oposición Multicolor para exigir a la CTERA y al SUTEBA, totalmente integrados al gobierno que ajusta a la educación para pagar al FMI, un plan de lucha nacional con asambleas para decidir. Seguiremos acompañando el reclamo de Justicia y estaremos peleando en las calles por la educación pública.
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