El pasado sábado 7 de octubre, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) tomó control formal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), después de un proceso largo en que ya venía de ser el administrador de las instalaciones. Ahora su gestión ya no pertenece más a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Se explicó que por decreto presidencial, las cosas serán así de ahora en adelante y declararon que: “Lo anterior, al cumplirse el plazo de 60 días naturales establecidos en el acuerdo correspondiente publicado el pasado 8 de agosto de 2023 en el Diario Oficial de la Federación”. Y agregaron: “Por ello, la dirección general de esta terminal aérea reconoce la invaluable conducción que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevó del aeropuerto desde su creación hasta el proceso de transición respectivo”.
También expresaron que “esta fecha inicia la consolidación de una nueva etapa bajo la tutela de la Semar para traducir, en beneficio de las personas que utilizan el aeropuerto, los valores navales en seguridad, confianza y rumbo nuevo con transparencia y honestidad”. Culminando un proceso que arrancó en febrero de 2022, producto de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, el gobierno federal desplegó mil 500 elementos de la Marina en las instalaciones del aeropuerto más importante del país, valiéndose del discurso de la seguridad.
De hecho, fue a partir de este lunes que marinos izaron la bandera nacional como símbolo de que ahora ellos administran las instalaciones, proceso en el que el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño ha sido pieza clave, ya que fue colocado en la dirección del AICM. De ese modo, la presencia de dicha institución se ha dejado ver, ya que sus insignias han sido pintadas en los largos pasillos y las terminales.
Las Fuerzas Armadas y su control de sectores importantes
Desde que inició el sexenio, la relación entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Ejército ha sido muy estrecha, involucrando a la institución castrense en las obras públicas, especialmente las que tienen que ver con los megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya, con la justificación de que eso evitará su privatización. Según declaraciones del presidente de México en el 2021, “si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la SCT no aguantan ni la primera embestida”.
Asimismo, los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal también quedaron en manos del Ejército a través de una empresa pública, junto al Tren Transístmico y la ampliación de los puertos en Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, desde aquel año y hasta el día de hoy están bajo la custodia de la Secretaría de Marina. Estas medidas apuntan a reforzar el control de áreas estratégicas por parte de las Fuerzas Armadas y no, como presume el gobierno, por seguridad de la población, lo que profundiza la presencia de los cuerpos castrenses como una medida disciplinaria y con ello los rasgos bonapartistas del régimen.
¿Y las promesas de desmilitarizar?
En su momento, el presidente López Obrador fue muy crítico de la militarización del país, pues los efectos que tuvo fueron devastadores, ya que se incrementaron las desapariciones forzadas, los asesinatos, secuestros, robos, extorsiones y en general la violencia contra la población trabajadora se disparó enormemente. La “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el panista Felipe Calderón y continuada por el priista Enrique Peña Nieto, mostró que, para las mayorías trabajadoras, la presencia de los soldados en las calles no es algo positivo.
Pero hoy, AMLO ha construido otra narrativa, en la que incluso los cuerpos castrenses ya no son esa institución asesina que cometió crímenes contra los integrantes del movimiento estudiantil de 1968, durante la “guerra sucia” de la década de 1970, o que participaron en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa de 2014, en el contexto de la estrategia de seguridad de los gobiernos neoliberales, sino que la 4T ha reciclado una vieja receta del antiguo Partido Revolucionario Institucional (PRI), al identificar al actual Ejército Mexicano con los combatientes de la Revolución mexicana y llamarlo “pueblo uniformado”.
Consideramos que esto es parte de una operación ideológica para relegitimar a las Fuerzas Armadas después de los señalamientos que se les hicieron desde los sexenios anteriores, en donde se demostró que cometieron violaciones sistemáticas y numerosas a los derechos humanos, llegando incluso a sembrar armas, como fue en el caso Tlatlaya, en el Estado de México, en la cual participaron ocho militares del 102° Batallón de Infantería, quienes masacraron a 22 civiles desarmados y después les sembraron armas para justificar los crímenes.
Es necesario poner en pie un gran movimiento por la desmilitarización del país, ya que la presencia de soldados no garantiza la seguridad de la población, sino que perpetúa la violencia, y porque están ahí como medida preventiva ante posibles expresiones de descontento social y para controlar sectores estratégicos que permiten operar la economía y su subordinación al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual ha sido la continuación y profundización de lo que fue en su momento el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue firmado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y sirvió para fortalecer la dependencia de nuestro país a la economía del imperialismo norteamericano. |
