Los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, no acogieron la petición de la fiscalía de condenar como femicidio, el cometido contra la dirigente Trans, Claudia Diaz, dejándolo en dicho fallo con sanciones por homicidio simple. Dicho tribunal apeló erróneamente a que “la ley exige cambio registral”, cuando legalmente la identidad de género se entiende según como se autodefina y/o perciba la persona, más allá de su identidad legal. Descartándose que la víctima fuese asesinada por su identidad de género, aún cuando testigos indicaron que el homicida se jactó de haberle “pegado a un maricón”.

Este tipo de discriminaciones por parte del órgano judicial es reiterado, ya que recién hace unos días ocurrió un caso similar donde se anulo el fallo por femicidio de la dirigente trans, Yuridia Pizarro.

Estas situaciones de transfobia se enmarcan en un sistema capitalista y patriarcal, donde la esperanza de vida de las personas trans no supera los 40 años, y el acceso a trabajo, educación y salud se agravó aún más durante la pandemia. A esto se suma que el en fraude constituyente se mantendrán los pilares machistas y LGBTTIQ+fóbicos que la derecha ha venido impulsando en sus instituciones y campañas hace más de treinta años, repudiando el matrimonio igualitario, la educación sexual integral y hasta la ley de identidad de género.

Ante esto es urgente la organización de un movimiento independiente al gobierno, para la reivindicación de la lucha por los derechos de les trans y de toda la comunidad LGBTTIQ+, en unión a otros sectores oprimidos de esta sociedad.