Round Up es la marca comercial del herbicida glifosato. Foto: Telam
No hubo mayoría para aprobar ni rechazar al herbicida glifosato, agrotóxico cuestionado por la comunidad científica, ambientalistas y familias fumigadas que sufren las consecuencias de su uso. El Comité de Bruselas quiere que se defina antes de que expire su aprobación actual.
Este 13 de octubre se reunió el Comité Permanente Fitosanitario sobre Animales y Plantas (Comité PAFF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea para tratar la renovación del agrotóxico glifosato, el herbicida más utilizado en Europa y en el mundo.
Sin embargo, no se consiguió el mínimo de 15 países de los 27 miembros de Unión Europea, ni para aprobar ni para rechazar la autorización por 10 años más del agrotóxico, ampliamente cuestionado por sus secuelas graves para la salud humana y socioambiental.
El Comité de Bruselas espera que se tome una decisión en la Cámara de Apelación en la primera mitad de noviembre, antes de que expire la aprobación actual vigente hasta el 15 de diciembre.
Según relata El País, España se manifestó a favor de renovar el glifosato, mientras que países de peso como Alemania y Francia se abstuvieron. La propuesta presentada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) avala la utilización del agrotóxico sin considerar la evidencia presentada en los últimos meses por el proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025, por sus siglas en inglés).
En el muestreo realizado en 2021 para este estudio, los investigadores encontraron mayor exposición al glifosato y sus derivados como el AMPA en relación a otros agrotóxicos. Además, la mezcla con otros pesticidas (sinergia) genera mayores daños y perjuicios a la salud, y el transporte aéreo en sus diversas formas desde el lugar en que se aplica el pesticida, implica niveles de contaminación mayores que los que se venían considerando en las políticas regulatorias.
Entre las principales conclusiones, los científicos del SPRINT insistieron en la insostenibilidad del uso actual de pesticidas, y la necesidad de establecer regulaciones más estrictas incluso para los productos de exportación y no solo los que se producen en Europa, ya que al analizar muestras de Buenos Aires, Argentina, encontraron exposiciones aún mayores al glifosato, entre otros.
El SPRINT es parte de un proyecto más general que busca disminuir en Europa el uso e impacto de los pesticidas más peligrosos, para lograr reducirlos en un 50 % hacia 2030. En países como Francia y Alemania la presión social y desde abajo contra los agrotóxicos viene ganando terreno con fuertes movilizaciones en los últimos años.
Incluso Macron ha tenido que pronunciarse en contra del glifosato. Desde el 2022, se creó un Fondo de parte del gobierno para víctimas de pesticidas. Uno los jóvenes indemnizados es Théo Grataloup, de 16 años, quien ya tuvo que someterse a 54 operaciones para sobrevivir por graves malformaciones de laringe y esófago. Recientemente la Commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prenatale aux pesticides (Comisión de indemnización de niños víctimas de una exposición prenatal a los pesticidas) reconoció el vínculo entre las malformaciones que sufre y la exposición de su madre, Sabine Grataloup , al glifosato durante el embarazo.
A pesar de la abundante evidencia científica y de la lucha cada vez mayor de los pueblos fumigados del mundo, detrás del peligroso glifosato se encuentra la empresa Bayer-Monsanto, la principal interesada en que se siga fabricando y vendiendo el producto para seguir sumando a sus abultadas ganancias, sin importar los costos en salud humana y ambiental que implica este modelo contaminante.
Pero una creciente conciencia ambiental en el seno de la clase trabajadora es auspiciosa para cuestionar profundamente esta sociedad y pelear desde abajo por imponer alternativas en defensa de nuestra salud y el ambiente. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.