El 18 de octubre de 2020, con la excusa del encuentro futbolístico en el que participaba el CF Gandía, unos treinta integrantes del grupo ultra Gandiblues se desplazaron a Pego. Estos llegaron horas antes del espectáculo, desfilando por el pueblo con actitud desafiante, entonando cánticos nazis, y colocando pegatinas con el lema “Hitler Fans” en el mobiliario urbano. El rechazo manifiesto de algunos vecinos provocó incluso amenazas por parte de los ultras. Organizaciones como el grupo Antifeixista de Pego o el Colectivo Antifascista La Safor constataron estos hechos mediante comunicados en los días siguientes.

La Guardia Civil, al tanto de la situación, permitió acceder a veintidós de estos hinchas radicales al partido. Durante el tiempo que estuvieron en el interior del recinto, unas cien personas se concentraron rápidamente y de manera espontánea en el exterior, manifestándose contra el grupo neonazi.

Una vez finalizado el partido, la Guardia Civil mantuvo centro del campo a todos los ultras. Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, los cuales fueron los encargados de escoltar a los ultras fuera del recinto, llegaron sobre las 21.00 horas. En este punto tuvo lugar el enfrentamiento, donde cinco agentes y un cabo de la Guardia Civil resultaron heridos leves.

Este día se produjeron identificaciones durante la revuelta, pero únicamente a miembros del bando antifascista. Las detenciones comenzaron una semana más tarde de los sucesos, extendiéndose durante un mes.

Según lo cuenta el Comité Antirrepresiu de les Comarques del Sud, grupo de apoyo a los acusados, se produjeron detenciones policiales en los entornos cotidianos de los antifascistas, yendo a sus trabajos, o sus universidades, e incluso en sus casas, “con una intención de criminalizar el ante la opinión pública la lucha antifascista”. Todo ello con el estrés psicológico que puede derivar de ser detenido delante de familiares, amigos, y compañeros de trabajo. Desde la organización recalcan que la manera de proceder habitual dista bastante de la habitual, que consiste en recibir una citación judicial en casa, mediante carta.

El juicio estaba previsto para el 17 de octubre (ha sido pospuesto para junio de 2024) contra los catorce antifascistas de Pego. La Fiscalía solicita ocho años y once meses de prisión para doce de los acusados, por presuntos delitos de desorden público, atentado y lesiones. También pide cuatro años y nueve meses para los dos restantes, por presuntos delitos de desórdenes y amenazas. Los guardias civiles, como acusación particular, piden incluso penas más altas.

Por otro lado, los vecinos de Pego siguen manifestando su plena solidaridad con los jóvenes que defendieron su pueblo con varias convocatorias durante estos años.

Ante estas circunstancias no podemos evitar ver las similitudes con otros casos dentro del Estado Español. El ejemplo más claro son los llamados 6 de Zaragoza, detenidos tras una manifestación antifascista en contra de un acto convocado por VOX en enero de 2019. En su caso, se encuentran inconsistencias como la falta de pruebas sólidas en el juicio. La Audiencia Provincial de Zaragoza se escudó en testimonios de policías y un vídeo donde ni siquiera se distingue a los acusados para dictar sentencia.

En ambos, casos se busca enviar un mensaje de castigo ejemplar al antifascismo. Las fuerzas seguridad del estado actúan como agente represivo, de la mano de las conductas reaccionarias de grupos como VOX, o en este caso, Gandiblues. “Juicios como este refuerzan el papel de la judicatura como institución reaccionaria, arbitraria y antidemocrática en la que se mezclan grandes familias, sagas de jueces y fiscales que hunden sus raíces en los más profundo y oscuro del siglo XX, lazos con los grandes poderes económicos, el aparato policial, las cloacas.”

Este representa un caso más dentro de todos los ataques represivos que el “Gobierno más progresista de la historia” lleva perpetrando desde que subió al poder, incluso empleando herramientas que prometió derogar, como la Ley Mordaza. Gobierno que es cómplice del caso de represión del rapero Pablo Hasél, de las detenciones de los obreros del metal en Cádiz, de la represión de los seis antifascistas de Zaragoza, infiltraciones policiales en movimientos sociales, activistas sevillanos que protestaban contra el bus tránsofobo de Hazte Oír, los 5 estudiantes de Leioa, y ahora, los catorce antifascistas de Pego. Esta represión nos incumbe directamente a quienes luchamos contra el sistema capitalista.

A la espera de una resolución final del caso, y con una nula confianza en la justicia española heredera de las instituciones del franquismo, es necesario pelear por una absolución total de todos los represaliados. Contra una justicia de clase al servicio de ricos y poderosos, debemos organizarnos y seguir luchando por un cambio desde las calles. Con grandes movilizaciones que vengan desde abajo, de la mano con sindicatos, partidos y organizaciones sociales de la izquierda, y en solidaridad con todos los encausados, luchemos por la derogación de la Ley Mordaza y todas las leyes liberticidas, por la amnistía para todas las luchadoras.