Este viernes, en la sede de La Plata de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, finalmente fue abierto el teléfono celular de Julio “Chocolate” Rigau. El referente del Frente Renovador platense había sido detenido el sábado 9 de septiembre en un cajero automático del centro de la capital bonaerense, sacando dinero con 48 tarjetas de débito pertenecientes a “empleados” de la Legislatura provincial.
La investigación judicial está en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI 2 de La Plata. La funcionaria reabrió el expediente tras un lapso de tiempo en el que se estuvo archivado, luego de que los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones, dispusieran la liberación de Chocolate por considerar que en el cajero no estaba cometiendo ningún delito.
Entre las medidas de prueba dictadas por la Fiscalía están las declaraciones testimoniales de los 48 titulares de las tarjetas de crédito, la de un joven militante massista de La Plata que confirmó haber visto varias veces a Rigau con fajos de dinero en el local del FR , informes a la Cámara de Diputados y al Banco Provincia y el peritaje del Samsung gris modelo SM-G532M de Chocolate.
Sobre esa última pericia, de enorme interés para quienes está comprometidos en el caso (empezando por las autoridades de la Legislatura Bonaerense), los abogados de Rigau procuraron de múltiples formas evitar que se concretara. Llegaron a plantear que, de realizarse el análisis del contenido del celular, se estaría violando la intimidad del imputado. No es de extrañar, viniendo del estudio jurídico que conduce Alfredo Gascón, especializado en defender a ricos, famosos y poderosos en problemas.
Este viernes a la mañana un perito informático de la Asesoría Pericial La Plata (que funciona bajo la órbita del máximo tribunal provincial) empezó con las tareas. Según trascendió de fuentes judiciales, lo primero que se hizo fue extraer toda la información del dispositivo, sin dañarla. Y si bien no se mencionó el “peso” en gigabytes de los chats, fotos, videos y demás archivos, se confirmó que “la información es mucha”.
Previsiblemente, lo que hay en el teléfono no se conocerá en lo inmediato. Sobre todo si lo que allí se encuentra compromete a altas esferas de la política tradicional bonaerense. Es que tanto los dirigentes oficialistas como los de la oposición de derecha tienen responsabilidad directa (por acción u omisión, si es que esto último fuera posible) en el entramado de reparto de los recursos del Poder Legislativo provincial. En plena campaña electoral, que salgan a la luz determinados nombres, fechas y tareas delictivas podría generar un escándalo de impredecibles proporciones.
Otro elemento que puede aumentar la crisis en la Legislatura (que en lo que va del año sólo tuvo dos sesiones) es la determinación de qué tipo de tareas concretas como empleados tienen las 48 personas que figuran como titulares de las tarjetas. Se trata de “contratados” que percibían, formalmente, $ 580.000 por mes. Se estima que le daban los plásticos a Chocolate para que él retirara el dinero. Hasta el momento no se sabe fehacientemente cuánto de esos sueldos llegaba a los bolsillos de los empleados, si es que algo llegaba.
La Legislatura Bonaerense tiene uno de los presupuestos más altos del país. Un presupuesto que sólo conocen quienes lo administran. Ni los propios diputados que lo votan tienen acceso pleno a los ítems de acuerdo a los que se reparte la torta millonaria. Se vota “a libro cerrado” y en los últimos años sólo quienes ocupan las bancas del Frente de Izquierda votaron en contra. Claramente los privilegios y maniobras recaudatorias del Poder Legislativo provincial no empezaron y no terminan en “Chocolate”. | 
