El domingo fueron las elecciones presidenciales y de los diputados y senadores del Congreso de la Nación en Argentina. Pero además nuestros vecinos son gobernados por un sistema federal que divide el país en provincias (grandes regiones) con sus propios poderes ejecutivos y legislaturas provinciales. Por ello también se realizaron las elecciones locales en 4 de las 23 provincias (Catamarca, Entre Ríos, Santa Cruz y provincia de Buenos Aires) y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta como una "provincia especial"). En los mismos distritos también hubo elecciones municipales. También se eligieron los diputados de Argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur).
Elección presidencial
En Argentina cada 4 años se elige el presidente de la república, al igual que en Chile. Sin embargo, allá la fórmula por la que se vota es presidente y vicepresidente juntos. Actualmente gobierna el partido burgués del llamado peronismo “progresista” del Partido Justicialista, encabezando el ejecutivo el presidente Alberto Fernández. De vicepresidenta está Cristina Fernández de Kirchner, que representa el ala “kirchnerista” en el mismo partido. El continuismo del gobierno en estas nuevas elecciones, aunque derechizado frente al kirchnerismo, lo representó su ministro de economía, Sergio Massa, quien en esta primera vuelta obtuvo el 37% de los votos (redondeando). Competirá en segunda vuelta con el candidato de la extrema derecha “libertariana” Javier Milei, el “gatito mimoso del empresariado” quien obtuvo el 30% de los votos. Este último fue seguido por la candidata de la derecha macrista, Patricia Bullrich, que obtuvo el 24%, electorado que dividirá sus votos en la próxima elección. Tras ellos. Juan Schiaretti, candidato del “peronismo federal”, obtuvo un 7% de los votos. Por último, la actual diputada nacional Myriam Bregman, candidata revolucionaria del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, y la única con una política opuesta al sometimiento del país al capital financiero internacional y al FMI en la hundida economía argentina, obtuvo el 3% de los votos.
Congreso Nacional
El Congrego Nacional de Argentina cada 2 años renueva, por elección directa, la mitad aprox de los diputados nacionales (ayer fueron 130 de 257) y un tercio del senado (24 de 72). En Chile cada 4 años se renueva la totalidad de la cámara de diputados y la mitad del senado. La nueva propuesta constitucional mantiene este sistema, pero con un parlamento más reducido y restrictivo. Los sistemas de elección parlamentaria escalonado o de renovación parcial, en vez de los que renuevan total de los escaños, se usan con el único propósito, a veces explícito, para dar mayor conservación y continuidad al régimen, es decir, otorgar más estabilidad al gobierno de las clases dominantes.
Sistemas electorales restrictivos
El sistema político-electoral argentino formalmente tiene innumerables cosas en común con el chileno: es de voto no preferencial o ranqueado (lo que favorece el llamado “voto al mal menor”), no hay sistema de mandato ni revocabilidad por los electores, es una república presidencialista con división de poderes, etc. Entre las similitudes, el Congreso se elige mediante el sistema D’hondt, un sistema proporcional por listas, que toma los votos sumados de sus candidaturas. En Chile este sistema se usa desde el 2017 para las parlamentarias, que reemplazó el sistema binominal de la transición, el cual facilitaba más el control del Congreso por el llamado “duopolio” de los partidos de la concertación y de la derecha: En Argentina, sin embargo, este sistema de elección excluye de la obtención de cargos a aquellas listas que obtengan menos del 3% del padrón electoral (no de los votantes) del distrito respectivo. Este umbral antidemocrático afecta especialmente a las provincias que eligen un mayor número de escaños (y más cuando hay mayor dispersión política y abstención), como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que elige a 35 de sus 70 diputados.
En Chile actualmente no existe umbrales de porcentaje de votación para acceder al cargo en una elección. Sin embargo, la propuesta de Nueva Constitución, que mantiene el sistema D’hondt, exige a cada partido obtener el 5% del total de votos válidos a nivel nacional para poder obtener escaños. Esto equivaldría a que un partido, para entrar al parlamento, deba obtener aproximadamente la suma de todos los votos de todos los votantes de las 3 regiones del Norte Grande [1]. Brutal.
Esta regla la aprobaron desde los Republicanos hasta el Partido Comunista. Gravísima restricción antidemocrática que apunta contra cualquier alternativa a los grandes partidos del régimen, que buscan asegurar su control del estado. Puede parecer un simple número, pero es una gran muralla que pretenden levantar contra el pueblo, y que busca también impedir la irrupción política de un partido de izquierda y de la clase trabajadora, como el que el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) quiere construir.
La regla del 5% no fue propuesta por los republicanos, sino por la cocina parlamentaria antes de la elección del Consejo Constitucional: fue creada por los designados del Congreso de la Comisión Experta, donde hay solo un republicano. Por supuesto, contó con la aprobación del partido de Kast aquí y luego en el Consejo. Pero no hay que olvidar que lo hizo junto al PC. El comisionado experto "comunista" Alexis Cortés votó a favor de la norma con la regla, justificándose en que aunque "puede afectar la pluralidad", su "objetivo es correcto, pues busca evitar la fragmentación". Solo votó tímidamente abstención la comisionada de FREVS, no por demócrata, sino porque el partido regionalista obviamente se vería afectado con una regla que solo favorece a los partidos grandes con representación a nivel nacional.
Para que dimensionemos su gravedad. En la anterior elección de diputados, de los 27 partidos que se presentaron, 21 consiguieron escaños, más un independiente fuera de partido. Si se hubiera aplicado la regla que propone la Nueva Constitución, manteniendo la misma conformación en la presentación de las candidaturas, solo habrían logrado entrar 6 partidos en la cámara: REP, UDI, RN, PDG, PS y PC. Un retorno derechizado del "duopolio" de la vieja Alianza + populismo de derecha y la vieja ex Concertación + PC, sin el "centro" DC. Antes del fin del sistema binominal, entre 1989 y 2017, el Congreso estuvo compuesto por entre 6 y 8 partidos. En la primera parlamentaria, el ‘89, con todas sus restricciones y los efectos frescos del terror y aniquilamiento a las organizaciones del pueblo trabajador, entraron al parlamento 6 de los 16 partidos que se presentaron a elecciones.
Hoy, con el agotamiento del régimen heredado de la dictadura, la crisis de los partidos tradicionales, la entrada en escena del Frente Amplio, el aggiornamento del PC, en el marco de cierta ampliación democrática y de integración al estado burgués, como respuesta ante las demandas sociales, y el fin al binominal, las dos últimas parlamentarias añadieron una explosiva variedad y complejidad al Congreso. Esta llamada "fragmentación política" dificulta los acuerdos y gobernabilidad capitalista, porque ventila más las contradicciones de su sociedad dividida entre explotadores y explotados, oprimidos y opresores, la corrupción de quienes la gobiernan, y permite mayores fisuras ante la lucha de clases. Con todo, sin embargo, la democracia chilena sigue siendo un espacio que excluye la voz y la decisión de la clase trabajadora y de la mayoría de la población. Y sería aún peor si llegase a aprobarse la nueva constitución propuesta.
Balotaje
Al igual que en Chile, en Argentina hay balotaje o ballotage presidencial, esto es, una elección de segunda vuelta de los candidatos que tuvieron más votación en la primera. En argentina a la segunda vuelta van las dos candidaturas mayoritarias si NO se cumple en primera vuelta una de estas dos cosas: si la candidatura más votada obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos; o si obteniendo entre 40% y 45% supera a la segunda por 10 puntos porcentuales. En cambio en Chile solo no hay segunda vuelta si el candidato mayoritario obtiene más de la mitad de los votos válidos.
Las PASO
En Argentina desde el 2009 hay PASO: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Fue creada por una ley de supuesta "democratización", pero que obliga a todos los partidos políticos a hacer primarias para elegir todas sus candidaturas de lista en las elecciones presidenciales y parlamentarias nacionales, y establece el voto forzoso a la ciudadanía, sean afiliados o no a partidos. La misma ley, además, impuso otras medidas de regimentación interna de los partidos y estableció una serie de trabas antidemocráticas para su constitución, organización y presentación de candidaturas. En Chile las primarias, reguladas por ley, son voluntarias para los partidos políticos. La nueva propuesta constitucional mantiene esta norma.
Votos válidos
En Argentina se dividen en dos los votos válidamente emitidos: los afirmativos y los blancos. Los blancos se consideran en el conteo en las PASO, donde las listas que definen sus candidaturas deben superar el 1,5% de votos válidamente emitidos para poder participar después en las elecciones generales. Pero en las elecciones generales (incluido el balotaje) los votos blancos, aunque se registran, no cuentan en el cálculo de los porcentajes, tal como sucede en las elecciones chilenas. En cuanto a los nulos, al igual que en Chile, solo se registran y no se computan para definir o validar ninguna elección.
Voto obligatorio o forzoso
En Argentina el voto en las elecciones nacional es obligatorio para mayores de 18 y menores de 70, y voluntario para mayores de 16 y de 70. El empadronamiento en el registro electoral es automático para la gran mayoría de los habilitados para sufragar. En Chile la inscripción voluntaria y el voto obligatorio para mayores de 18, que funcionó desde la vuelta a la democracia, fue modificado el 2012 por la inscripción automática y el voto voluntario. Sin embargo, el 2020 como respuesta al alto abstencionismo electoral, los parlamentarios de los partidos del actual gobierno le propusieron a la derecha restablecer el voto obligatorio. Para ocultar la desafección y el divorcio de la población respecto de los partidos del régimen, que le han dado la espalda, la obligan a ir a votar. Por supuesto, la derecha, legataria de la dictadura, aceptó este regalo. Sobre todo porque la medida es tan autoritaria que mantuvo la inscripción automática, lo cual hace que el voto sea más forzoso que nunca en la historia del país. La nueva propuesta constitucional, como es de esperar, lo reafirma.
El congreso: pequeñas camarillas gerenciales serviles a la clase capitalista
Argentina tiene 46 millones de habitantes. Esto quiere decir que hay un diputado nacional cada 180 mil habitantes, a pesar de que, por ley, los escaños debieran reajustarse para ser 1 diputado cada 161 mil o fracción superior a 80.500. En Chile, en cambio, desde el pacto de transición, la ley no define la cantidad de diputados de acuerdo al número de habitantes, sino que ha sido un número fijo arbitrario. En 2017 la cámara de diputados aumentó de 120 a 155 escaños. En un país de 20 millones, esto equivale a un diputado cada 130 mil habitantes. Sin embargo, la nueva propuesta constitucional pretende retroceder este cambio, reduciendo la cámara a 138 diputados, lo equivalente a uno cada 145 mil. Para comparar, en Chile de 1925, con una población de aproximadamente 4 millones, sin la tecnología y comunicaciones actuales, el oligárquico parlamento tenía 132 diputados. Esto es, un diputado cada 30 mil habitantes (aunque la ley decía que debía ser un diputado por cada 20 mil y por fracción que no baje de 12 mil).
Es cierto que el congreso de hace casi 100 años, comparado al actual, tenía enormes restricciones para el voto y representación a las masas populares y trabajadoras, como por ejemplo la restricción del sufragio a las mujeres y a la población analfabeta. Pero la evolución de la democracia durante el siglo no solo no fue lineal, siendo quebrada por retrocesos y por dictaduras, sino que además se combinó con nuevas formas de integración de la sociedad civil y clientelismos al gobierno de la clase empresarial junto a nuevas restricciones. Entre estas restricciones está el cambio de proporción de escaños del congreso, que ha ido dramáticamente disminuyendo su número por habitante y, por lo tanto, limitado matemáticamente la pluralidad y el peso de cada ciudadano para hacer valer su voz.
Los funcionarios políticos del estado capitalista, en todas partes, ganan decenas, centenas y hasta miles de veces menos que sus jefes de la patronal, los verdaderos dueños de los países. Pero aun así reciben millones por su “noble” servicio. En Argentina los diputados, mientras el país se deteriora, han ido aumentando rápidamente sus propias remuneraciones, que no son iguales para todos. Este año se fijaron un aumento que llegará en noviembre a más de 1,5 millones de pesos argentinos promedio. Esto mientras el salario mínimo, para el resto de los trabajadores, actualmente es de 132 mil. Alrededor de la mitad de los trabajadores de ese país labura en negro o bajo condiciones ilegales, de los cuales gran parte ni siquiera llega a recibir eso. La caída de la economía argentina es tan estrepitosa que la Canasta Básica Total para que una familia de 4 personas pueda mantenerse, llegó en septiembre a calcularse oficialmente en $319.422 pesos argentinos.
En nuestro país históricamente la brecha ha sido aun más extrema. Los parlamentarios actualmente tienen una dieta bruta de más de 7 millones de pesos chilenos ($7.012.388), sin contar sobresueldos, las “bicicletas”, los “favores” y otros mecanismos de corrupción lícita o ilícita. Anteriormente los congresistas, se aumentaban año a año sus remuneraciones, llegando el 2020 a recibir $9.349.851. Pero la Rebelión del 2019 y la aprobación ciudadana que llego a ser de 3%, obligó a los parlamentarios, paladines del gobierno austero, bajarse su golosa dieta en un 25%. Desde entonces, los últimos años, ante las presiones inflacionarias, los congresistas han comenzado a idear alternativas para el reajuste futuro de sus remuneraciones. En ambos procesos constitucionales, probaron con los constituyentes remuneraciones gerenciales pagadas en UTM, una moneda indexada que, como la UF, aumenta mensualmente siguiendo el IPC:
En nuestro país el ingreso mínimo legal desde septiembre de este año es de 460 mil pesos. Pero ni siquiera eso se llega a cumplir. Según el estudio de Fundación Sol el año pasado, el 50% de las personas que trabajan remuneradamente en Chile recibe menos de $458 mil líquidos y 7 de cada 10 menos de 680 mil. La línea de la pobreza para una familia ascética de 4 personas, de acuerdo a los índices económicos oficiales, llegó en septiembre de este año a $594.840. La línea de pobreza se calcula como el equivalente a los gastos mínimos de subsistencia que requiere un hogar pobre y abstemio, lo que incluye principalmente la Canasta Básica Alimentaria, que no es otra cosa que las 2000 calorías diarias necesarias por persona para no morir. El pueblo chileno, como el argentino, sobrevive.
La democracia decadente para los propietarios que tienen tiempo libre
Desde el gobierno de Piñera, y lo que ha sido reivindicado y mantenido por los partidos del actual gobierno, el Estado subsidia el salario mínimo a los empresarios que no pueden o no quieren pagarlo. El modo capitalista de producción basado en el mercado está tan obsoleto que ni siquiera puede asegurar, sin correcciones, lo mínimo para sobrevivir a la clase que trabaja. Por eso los explotadores, disfrazados de emprendedores, necesitan ser mantenidos artificialmente por el estado para seguir extrayendo la plusvalía al trabajo ajeno. Su propiedad privada de los medios de producción social, en vez de aumentar la riqueza, implica enormes gastos al tesoro público. Esa misma plata podría ir para resolver la gravísima crisis de la educación y la salud. A este colmo ha llegado el estado neoliberal subsidiario, celebrado por todos los partidos del régimen, incluido los supuestos anti-neoliberales del FA y el PC.
Un salario mínimo de supervivencia, que al menos esté por sobre la línea de pobreza que aumenta cada día, debiera ser de al menos 750 mil pesos brutos ya. Además, para no seguir empobreciéndose, todos los sueldos debieran ser reajustados automática y mensualmente de acuerdo a la inflación. Este reajuste, hoy privilegio de la casta de gerentes y políticos, debiera ser un derecho de todas y todos los trabajadores. Mediante la inflación, la clase capitalista sube paulatinamente todos los precios, menos los de una mercancía especial, la fuerza de trabajo.
Además, ante el enorme derroche capitalista de que existan, por un lado, trabajadores sobreexplotados y, por otra, trabajadores sin trabajo apenas mantenidos por la solidaridad de los primeros, la única solución realista y que mejorará las condiciones de todos, es repartir las horas de trabajo, sin rebaja de sueldos. Estas medidas son apenas para la conservación de la clase que trabaja. Conformarse con menos es esperar que algo mágico suspenda la barbarie económica cada vez más catastrófica. Pero además, al disminuir las horas de trabajo por persona, permitiría horas libres, privilegio hoy solo de las clases acomodadas. No se trata solo de una medida mínima económica: es una condición mínima para que las y los trabajadores tengan tiempo para poder participar en la política y la dirección de la sociedad. |
