Ante el anuncio de la desaparición de 13 fideicomisos -por lo menos uno de ellos financiado por los propios trabajadores-, calculados en 15 mil millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación en México, miles de trabajadores respondieron al llamado de sus sindicatos (Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el Sindicato de Renovación del Poder Judicial), a manifestarse.

Bloquearon calles, exhibieron lonas afuera de los inmuebles y declararon inhábiles varios días de labor para los juzgados y tribunales. Las protestas fueron en 22 entidades, entre ellas Chiapas, Jalisco, Puebla, Morelos, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas Michoacán y el Estado de México. En la CDMX 56 juzgados de distrito y tribunales de circuito suspendieron sus labores y miles de trabajadores participaron en la movilización del pasado domingo 22 en la capital del país y 20 ciudades más.

¿Qué involucra la desaparición de los fideicomisos?

El discurso desde presidencia se ha empeñado en exhibir las cifras exorbitantes de los gastos de magistrados, jueces y ministros en materia de seguridad, salud, alimentos y jubilaciones. Sin duda, cifras que a cualquiera nos parecerían descaradas, pues se calcula que por lo menos 6 mil millones de pesos del presupuesto se usan en beneficio de 11 ministros activos y 22 en retiro.

Dichos fideicomisos son traducidos en compensaciones de apoyo, asignaciones adicionales a salarios, bonos, beneficios, compensaciones garantizadas y bonos de apoyo, seguro de separación individualizada, seguro de gastos médicos mayores, pago de riesgos, traslados, seguro de vida, escoltas, vestuario de jueces, magistrados y ministros, compra de anteojos, rentas, festejo del día del padre y festejo del día de la madre.

Estos fideicomisos abarcan a la totalidad de los trabajadoras y trabajadores que laboran en los tres organismos que integran al Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, algo así como 55 mil trabajadoras y trabajadores, mismos que se verán afectados, con dicho recorte.

En la mañanera del día 17 de octubre, AMLO, hizo declaraciones respecto a los bloqueos, mencionando que en el Poder Judicial ni se trabaja y que las trabajadoras y trabajadores están siendo usados y engañados por parte de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña.

Sería importante mencionar que no son tan sólo ministros, magistrados y jueces los que conforman al Poder Judicial. Existe toda una planilla que labora dentro del mismo, trabajadoras y trabajadores que son sustento de familias, para quienes las prestaciones, bonos y apoyos para lentes o atención médica significan un aporte bastante importante dentro de sus economías y que por supuesto no reciben bonos para guardaespaldas o vestuario. Además, por lo menos en el caso de uno de los fideicomiso, son los trabajadores los que aportan los activos con descuentos vía nómina mensualmente, por lo que el ejecutivo no tendría derecho a desaparecer dicho fideicomiso.

Por ejemplo, el apoyo en anteojos que ha sido tan mencionado por el presidente, es un apoyo que existe tanto para mandos superiores como a nivel operativo o también el apoyo para estudios médicos, los cuales dan acceso a una atención más económica y de calidad en el marco del desmantelamiento neoliberal del sector salud. Frente al riesgo de perder estos apoyos, muchos trabajadores están atendiendo los llamados de sus sindicatos por convicción y con una gran preocupación por el futuro de sus economías. Como ha sido mencionado, estas prestaciones y bonos, se han vuelto pilares dentro de su gasto familiar.

Es un hecho que los gastos exhibidos son muestra de un despilfarre sin cabida y que se vuelve aún más grave cuando volteamos a mirar las condiciones de impunidad e injusticia en las que se encuentra el país. Porque los casos de García Luna, Murillo Karam, Salvador Cienfuegos y su involucramiento con los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, revelan los podrido que está nuestro sistema de justicia. Pero también es un hecho que la casta dorada existe dentro del Poder Judicial, y es ella la que responde a todos estos intereses y presiones políticas de sectores del régimen y el empresariado dejando a un lado a todas y todos los trabajadorxs que laboran en él.

¿En qué condiciones laboran lxs trabajadorxs del Poder Judicial?

Es claro que los gastos evidenciados por el presidente son un abuso y despilfarre del gasto público. También es cierto que al mirar la impunidad y la injusticia en la que llevamos sumidos tantos años, estos gastos son más descarado aún y vuelve más complejo el análisis de la situación, porque a los únicos a los que responde el Poder Judicial son a las minorías acomodadas con las que tienen intereses económicos y de poder. Un poder que garantiza un Estado de derecho funcional a la propiedad privada y a los políticos al servicio de los grandes empresarios, que de conjunto constituye una verdadera justicia para ricos y preserva el carácter de clase del Estado capitalista.

Pero al mismo tiempo no deja de ser un organismo estatal y en este caso federal, en el que laboran miles de trabajadoras y trabajadores que están más allá de las decisiones de los altos mandos y que serán los principales afectados. Al igual que como ha sucedido en otras dependencias la austeridad republicana de la cuarta transformación ha reducido los ya bajos salarios de miles de trabajadores y empeorado sus condiciones laborales, dejando casi intactos los privilegios de altos mandos y sus sueldos exorbitantes.

Por lo anterior, consideramos que los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo de miles de empleados de las bajas capas del Poder Judicial deben mantenerse, defenderse y mejorarse, buscando extender estás conquistas al conjunto de los trabajadores que laboran en peores condiciones, sin derecho a sindicato ni estabilidad laboral y que sean contemplados dentro de los salarios para que no dependan de fideicomisos.

Hoy, la solidaridad con los trabajadores estatales afectados por la “austeridad republicana” se vuelve primordial. Y más aún cuando existe un discurso desde presidencia en el que más allá de atender las demandas y derechos laborales los está segregando y dividiendo a su antojo, dejándolos en condiciones aún más precarizadas. Los millones que se destinan a los privilegios de altos funcionarios, jueces y magistrados tendrían que ser destinados a aumentar el presupuesto público para salud, educación, vivienda, cultura y trabajo digno.

Pero alertamos que sectores de la oposición conservadora y los altos funcionarios como jueces y magistrados, cuyos millonarios salarios nada tienen que ver con los que perciben miles de trabajadores del Poder Judicial, buscan preservar estos privilegios y usar el anuncio de recorte de fideicomisos para golpear al gobierno federal con fines electorales.

Por un poder judicial sin privilegios y al servicio de las grandes mayorías

Es necesario acabar de raíz con los privilegios de los jueces y magistrados reduciendo los sueldos de esta casta de manera que cobren lo mismo que un trabajador o trabajadora profesional, pero además, es urgente conquistar la elección popular para los miembros del poder judicial y que estos sean rotativos y revocables.

Frente a la corrupción, el despilfarro y la impunidad que preservan los altos funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial, hace falta una política integral para reconfigurar el poder judicial que solo podrá implementarse mediante la movilización independiente de los trabajadores y sectores populares, de manera independiente a los partidos del régimen y a los empresarios y bajo la perspectiva de acabar de manera revolucionaria con el Estado, pues el Poder Judicial es parte medular del Estado y el poder político de los capitalistas.

Para esto es necesarios que los y las trabajadora del poder judicial y sus organizaciones sindicales abracen una perspectiva independiente del gobierno y de la derecha para conquistar sus demandas y no permitir que estas sean instrumentalizadas por ninguno de los dos bandos.

Solo mediante la movilización revolucionaria de las grandes mayorías trabajadoras, desarrollando sus propios órganos de autodeterminación y autogobierno se puede lograr unificar al Poder Judicial junto al poder legislativo y ejecutivo, en un poder único que responda a las grandes mayorías, con representantes rotativos y revocables que puedan decidir sobre los grandes problemas que enfrentamos las y los trabajadores.