Durante la revuelta de octubre en el 2019 la brutal represión demostró lo que es capaz de hacer, en ese entonces Piñera durante el gobierno de Sebastián Piñera. También demostró la tibieza y traición de los partidos tradicionales que se sumaron al desvío del 25 de noviembre en una carrera por mantener el régimen actual a través de sus puestos e influencias y frenar la revuelta. Han pasado cuatro años desde aquel entonces, hoy con el gobierno de Boric podemos ver que la represión y la impunidad siguen cobrando vidas.
Activista por las disidencias sexuales, poeta, presa política de la revuelta de octubre e incansable luchadora por los derechos humanos; así es descrita Nadia Romero Vidal Arenas, más conocida como Almendra y tremendamente querida por sus compañeres quienes la despidieron este jueves 26 durante la tarde en la comuna de Maipú.
Nadia se encontraba cumpliendo condena como presa política, a pesar de lo que estaba atravesando nunca dejó de participar activamente y colaboraba con el trabajo de la organización Movimiento Salud en Resistencia, atendiendo y apoyando a compañeras/os/es víctimas de violencia Estatal. Su deceso remece a toda la comunidad cercana.
¿Estado Femicida?
Para quienes sufrieron violencia estatal el 2019 la persecución continúa hasta la fecha, las organizaciones y colectivos que buscan justicia y reparación han tenido que tomar completamente en sus manos los distintos casos de prisión política y represión. El suicidio como tal está relacionado con la salud mental de cada quién, la cual está condicionada a su contexto; he aquí dónde se puede desentramar la responsabilidad del Estado en su abandono. ¿Pudo haberse evitado? Amigues y cercanos a Nadia indican que sí. Es, en este caso que la omisión y la negligencia del Estado lo que lo vuelve como un responsable indirecto de su muerte.
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Actualmente no existe garantía alguna de atención psicológica para las víctimas en cuestión, mucho menos con perspectiva de género considerando la violencia estructural que oprime y segrega a las diversidades sexuales. Tampoco existe un seguimiento de los casos para hallar a los responsables de la represión, abusos sexuales y menos existe un apoyo integral para las familias que, tras atravesar procesos de juicio y persecución, vieron afectados sus ingresos y trabajos.
Como fue el caso de Jorge, víctima de trauma ocularque se quitó la vida en junio de este año quién había declarado para el medio La voz de Maipú: “ningún órgano estatal me ha contactado” y agregaba que “Se hicieron investigaciones y no hay ninguna evaluación, no hay nada, no hay como dar con el efectivo que disparó la escopeta lanza gases”.
Jorge Salvo presente, ahora y siempre.
Para el 2021 Fiscalía cerró sin formalizados ni responsables el 46% de las causas por violación a los derechos humanos durante el 2019, es decir, 3.050 causas en su mayoría cerradas prácticamente sin avances, sin duda son elementos que suman y acumulan la enorme frustración social que en algunos casos terminan con la vida de gente valiosa como lo era Nadia.
No podemos olvidar que la acción directa del Estado durante el 2019 fue reprimir y asesinar a quienes se movilizaban, por su parte el gobierno de turno tomó utilitariamente las demandas de las víctimas de violencia planteando que Piñera se iba a ir preso, todo en contexto de votación parlamentaria. Pero el gobierno le da la espalda completamente a quienes buscan justicia y reparación al seguir una línea de represión e impunidad, financiando a Carabineros de Chile, una institución que está manchada por todas partes y que blinda a violadores de DDHH y criminales.
A la fecha son cientos de personas que esperan y ven cómo se aplazan sus juicios, siendo permanentemente catalogados de criminales por la derecha y matinales de TV, costeando de sus propios bolsillos las atenciones médicas, operaciones y trámites legales. Finalmente Todos los organismos estudiantiles, sindicales y sociales deben hacerse parte de redoblar las fuerzas para organizarnos contra la impunidad, y por la libertad de todes, todas y todos los presos políticos, además de exigir la garantía de atención médica hacia las víctimas de violencia estatal y a las familias, como también a las organizaciones que toman estos procesos.
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