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La Izquierda Diario
1ro de noviembre de 2023 Twitter Faceboock

Declaración
Schiaretti y su Justicia aliada criminalizan la protesta social
Redaccion Córdoba

En las últimas horas, la Justicia cordobesa, aliada del gobierno de Schiaretti dio sobrada muestras de responder a la avanzada de criminalización, estigmatización y persecución contra luchadores que el gobierno del PJ promueve e intenta desde hace tiempo. Reproducimos aquí la declaración del PTS Córdoba contra estos ataques y el llamado a las organizaciones populares para enfrentarla.

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Estamos ante un grave salto en la criminalización, judicialización y persecución que pretende cercenar el derecho a la protesta social en nuestra provincia. Este martes 31 de octubre, ocurrieron dos hechos que confirman la grave avanzada de la justicia adicta al poder político contra los sectores que luchan.

Por un lado, se dictó sentencia condenatoria contra 4 trabajadores de Molinos Minetti que protagonizaron una lucha en defensa de los puestos de trabajo en el año 2019. Los trabajadores, dos de los cuales eran delegados gremiales en el momento de la lucha, recibieron penas de prisión en suspenso de 1 año y seis meses, y un año, acusados del delito de “turbación de la posesión continuada”. En aquellos años, los trabajadores reclamaban por el incumplimiento del pago de la patronal la ART, el pago de jubilaciones y obra social que dejaba sin cobertura de salud a los trabajadores y sus familias. Tras la reiterada inacción del Ministerio de Trabajo que dejaba vía libre a la patronal para actuar de manera ilegal e impune, los trabajadores tomaron pacíficamente la planta para actuar en defensa de los puestos de trabajo. La respuesta de la Justicia, claramente ubicada del lado patronal, responde con condenas a los operarios.

Por otro lado, se conoció de la elevación a juicio de 5 referentes de organizaciones sociales y sindicales: Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur, así como el secretario General del gremio ATE Córdoba, Federico Giuliani. La elevación a juicio pretende imputarles los delitos de “desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos” sólo por manifestarse en las calles exigiendo asistencia social contra las políticas de hambre que despliegan los gobiernos nacional, provincial y municipal, por sostener la economía atada a los dictados del FMI.

La misma Justicia provincial, a su vez, está moviendo los expedientes y ejecutando citaciones a los obreros de la multinacional Coca Cola que en 2017 se organizaron, movilizaron y realizaron acciones para protestar contra despidos. El mismo camino siguió la Justicia, esta vez Federal, respecto de las y los 27 estudiantes procesados por la lucha universitaria del año 2018 en defensa de la educación pública, cuya causa judicial se reactivó estos meses.

Estas avanzadas criminalizadoras de la Justicia están en sintonía con la reforma al Código de Convivencia que impulsó el oficialismo y acompañó Juntos por el Cambio y parte de la UCR en la legislatura en agosto pasado. Una reforma que incorpora figuras ambiguas como las del artículo 70 bis que establece sanciones para quienes "en la vía pública o lugares de acceso público, en actitud amenazante o intimidante, formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas, con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada”. Como bien sabemos, este tipo de figuras ambiguas como antes lo era la de “merodeo” dan discrecionalidad absoluta a la policía que asesinó a Blas Correa, Joaquín Paredes, "Güere" Pellico, Lautaro Guzmán, Rodrigo Sánchez, entre tantos otros pibes de las barriadas populares con quienes la policía ha desplegado particular saña mediante el gatillo fácil, las torturas y muertes en las comisarías, las golpizas y aquellos famosos "corralitos" donde expusieron ignominiosamente, para estigmatizarlos, a los pibes humildes, los pibes de "la gorra".

Pero además, la reforma, al sostener la penalización de quienes “formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios”, podría ser usada contra cualquier manifestación o “aglomeración de más de tres personas” para avanzar, como vienen intentando hace tiempo, en una limitación legal de la protesta social. Así lo vimos en 2022, cuando intentaron modificar la Ley 10326 -Código de Convivencia Ciudadana-, buscando limitar y establecer qué espacios eran permitidos para realizar protestas y cuales no, estableciendo multas, quitando planes sociales (que son paliativos para la subsistencia) a quienes se manifiesten en las calles, frente a los incumplimientos de los mismos gobiernos ante los que se reclama.

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Es claro que el blanco de ataque de estas políticas son las manifestaciones y medidas de lucha de trabajadores defendiendo puestos de trabajo, reclamando aumento de salario para no quedar bajo la línea de pobreza como hicieron en 2022 trabajadoras y trabajadores docentes y de la salud. Asimismo, las movilizaciones contra la violencia policial, contra los femicidios y en defensa de los derechos de las mujeres; contra la degradación ambiental de la que es responsable el gobierno, deberán enfrentar condiciones más duras si estas políticas avanzan. Por eso, esta intentona fue categóricamente rechazada por numerosas organizaciones de derechos humanos, feministas, sociales, sindicales y políticas y tanto el gobierno como la oposición tuvieron que frenar su tratamiento y avanzar por otras vías.

Ahora, nuevamente de mano de una Justicia subordinada al poder político provincial, asistimos a un salto en el ataque de las libertades democráticas y la persecución contra los que luchan que busca darnos el mensaje de que hay que aceptar lo que las patronales, la burocracia y los gobiernos impongan. No es casualidad que lo hagan en medio de una situación nacional como la que vivimos, donde cada uno de los candidatos que llegaron al ballotage, se propone aplicar las recetas de ajuste del FMI. Es claro que quieren impedir todo reclamo mientras saquean y se enriquecen los mismos de siempre a costa de nuestros derechos y condiciones de trabajo cada vez peores.

Nos solidarizamos con las y los compañeros perseguidos y exigimos el cese de la criminalización. Llamamos a la CTA a ponerse a la cabeza de llamar la coordinación de todos los sectores para enfrentar este ataque, y exigir a la CGT medidas de lucha reales para rechazar esta avanzada. Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, del movimiento feminista y la diversidad, estudiantiles y políticas a impulsar la más amplia unidad de acción contra este salto en la criminalización.

 
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