Desde la derecha surgieron varios frentes en torno al tema, sobre todo luego del ataque a la carabinera, y presionaron al Gobierno en diferentes formas, pero todas apuntaron a una persona: la ministra del Interior y hoy vicepresidenta, Carolina Tohá.

El diputado de la extrema derecha, José Carlos Meza (Partido Republican) le solicitó al Primer Mandatario que reestructure “todos los liderazgos dentro del Ministerio del Interior, partiendo por la ministra Carolina Tohá, que claramente no ha dado el ancho y, por lo tanto, le pedimos la renuncia”.

Desde Renovación Nacional, en cambio, establecieron otra condición. El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, anunció que le exigirán a la ministra Tohá “la expulsión inmediata de las 12 mil personas que hoy día tienen en carpeta –inmigrantes ilegales que en muchos casos han cometido ya delito– de aquí a fin de año”. En caso de no lograrlo, advierten que la ministra “se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”.

¿Re-pensar la seguridad pública?

Pero, lo cierto es que no hay una estrecha relación con el problema de la situación migratoria y la delincuencia. Es un discurso instalado por el gran empresariado para dividir la población. Su objetivo es instalar un odio contra "un otro" fuera de su propia casta, para que no se cuestionen otro tipo de delitos de cuello y corbata.

Lo que se quiere esconder bajo el discurso securitario son las escasas oportunidades económicas y sociales que hoy presenta la clase trabajadora, donde los bajos salarios y las precarias condiciones laborales no dan abasto para la subsistencia y una vida con mayor libertad de desplazamiento.