Cerca de las 18 horas, una nutrida marcha partió de la esquina de Colón y General Paz. Estuvo encabezada por la Campaña por el Derecho al Aborto, de cuyo surgimiento se cumplen 10 años. Participaron diversas agrupaciones de mujeres, políticas y sociales. Las consignas más coreadas durante el recorrido fueron las que exigían la posibilidad de abortar en los hospitales públicos y la separación entre la Iglesia y el Estado.
Al finalizar la movilización se realizó un acto en la Plaza Vélez Sársfield, dónde hablaron las distintas agrupaciones. Todas repudiaron el recurso de amparo presentado por la Asociación Portal de Belén, que impide la aplicación del Protocolo Nacional del Aborto no Punible en los hospitales públicos de la provincia y llamaron a continuar con la movilización en las calles para conseguir nuestros derechos. Varias agrupaciones manifestaron su solidaridad con la familia de Paola Acosta, la joven asesinada hace un año por el padre de su hija, que está siendo juzgado en este momento.
Laura Vilches, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda y dirigente de Pan y Rosas, expresó que son las mujeres quienes sentirán primero el embate del ajuste económico que impondrá el próximo gobierno nacional, sea de Scioli, Macri o Massa. Agregó que uno de los objetivos de la gira del Papa Francisco por Latinoamérica es preparar el camino para las políticas antiobreras y antipopulares que varios gobiernos desarrollarán.
El FIT presenta dos proyectos de ley
Por la mañana, el Frente de Izquierda había presentado en la Legislatura provincial dos proyectos relacionados con el derecho al aborto.
En primer lugar, una citación al recinto al Ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, para que explique por qué en Córdoba no se aplica el protocolo de aborto no punible. "El amparo presentado por la agrupación católica Portal de Belén para anular los efectos de la Guía ministerial que indica cómo debe procederse ante la solicitud de abortos no punibles, por resolución 093/12 debería estar vigente hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia no resuelva la cuestión de fondo de la suspensión", manifestó Vilches a los medios. "La Provincia no reconoce este derecho de las mujeres, no por una cuestión legal sino puramente política", agregó.
Al mismo tiempo, se presentó un proyecto para instar al Poder Ejecutivo provincial para que se instrumente un nuevo Protocolo en la provincia adecuándolo al que en el corriente año emitió el Ministerio de Salud Nacional. Dicho Protocolo hace referencia a la atención que deben recibir las mujeres que buscan interrumpir legalmente su embarazo producto de violación o riesgo para la salud de la mujer, cuya no punibilidad está prevista por el Código penal desde 1920.
"Nuestra pelea es por la legalización y gratuidad del derecho al aborto en todos los casos porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Por eso también exigimos anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y educación sexual para decidir", finalizó la Legisladora.
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