Las últimas semanas, en materia de seguridad, se han vuelto un gran problema para el gobierno. El incidente donde un inmigrante venezolano, lanzara una granada a una policía de civil que intentaba deternerlo, ha sido ampliamente utilizado por la derecha y sectores de centro para exigir un aumento en la represión, además de ampliar las facultades de las policías y facilitar expulsiones sumarias contra los migrantes que hayan ingresado por pasos irregulares.

La campaña contra los migrantes está desatada, 12mil expulsiones exige la derecha. Monsalve viajará estos días a Venezuela para conseguir los permisos para los vuelos de la Fuerza Aerea mientras el Ministerio del Interior apuesta a desarrollar una política represiva con base al copamiento territorial y adquirir nuevas facultades que permitan las expulsiones sumarias. Según los datos del gobierno, durante el 2023 se registraron 34534 ingresos por pasos no habilitados, el número de expulsados alcanza los 270.

Sin lugar a dudas los delitos de alta connotación publica han aumentado, no se puede negar, pero también el excesivo tiempo que se le destina en los medios de comunicación tienen una intención política, sobre todo desde la derecha que busca golpear al gobierno y ligarlo a su “constitución de la seguridad” en la campaña del A favor.

Pero mientras la derecha y miembros del socialismo democrático ensalzan el racismo y la xenofobia contra los migrantes asociandolo al aumento de la criminalidad y estos mismos exigen las penas del infierno para “esta delincuencia”, tratan con guante de seda a los delitos de cuello y corbata, el caso de corrupción del caso Hermosilla que involucra al sector del mercado financiero que a través de las empresas del Factoring es un fiel reflejo de esto, aquí actúan todas las palabra de buena crianza para señalar que “debe investigarse”, aquí prima para los empresarios la presunción de inocencia y la cobertura, es sobre todo para “conocer” a los involucrados, intentando encapsular el conflicto, explicar que la “Leo” (abogada que grabó los audios) ya tenia antecedentes de malas prácticas y limpiar la imagen de un sector de la economía (Factoring) que en realidad se dedica a la especulación y a una actividad que está al borde de la ilegalidad (prestamistas).

Desde hace años los grandes empresarios ocupan la Estado y sus instituciones para hacerse más ricos e inventan mecanismos para vurlar las propias normas que votan sus representantes en el parlamente y así seguir con sus negocios sucios. Los casos PENTA y las boletas ideológicamente falsas, mostraron un modus operandi que finalmente se supo que era más extendido de lo que finalmente se juzgó. Esto representó una suerte de borron y cuenta nueva asi como antes fueron los sobresueldos años atrás.

Ahora y el destape del modo de actuar de Hermosilla, un abogado del establishment, que compartia oficina con Chadwick, no es más que el destape de una olla que aun no tiene fondo.

Todo Sanhattan seguirá este caso porque aquí no se busca la expulsión de nadie, ni el aumento de las penas, ni la criminalización de todo un sector de la sociedad, sino de manzanas podridas, de “abogados con poca ética” o empresarios que se alejaron de la senda correcta. Una total hipocrecía digna de la derecha que habla de la vida, pero justifica las violaciones a los derechos humanos.