Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció la creación de una “megafarmacia”, que tendrá como finalidad revertir el desabasto brutal de medicamentos que desde hace varios años asola al sistema de salud. Desde el 2019 se han realizado protestas (principalmente cortando las vialidades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), para denunciar la falta de medicamentos, particularmente en el área pediátrico oncológica, si bien el sector salud padece una escasez generalizada de abasto de medicinas.
No es poco común tener que combinar las consultas en el sector salud público con la compra de medicamentos de manera particular, pues de otra manera pasaría mucho tiempo antes de poder atendernos.
La megafarmacia tendrá como sede unos almacenes en Huehuetoca, muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con la finalidad de facilitar el traslado de los medicamentos. En palabas del presidente, con la apertura del este inmueble, los hospitales y centros de salud podrán hacer pedidos de medicinas que se surtirían en un plazo de 24 hrs y estaría operando el 30 de diciembre, a reserva de que algo pudiera pasar, según el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
Al mando de este proyecto, que implicaría una gran logística, queda la empresa estatal Birmex, encargada de producir, importar, comercializar, almacenar y distribuir vacunas e insumos para la salud. Sin embargo, en los últimos años la empresa ha sufrido importantes recortes presupuestales, lo que limita su funcionamiento para el almacenamiento y distribución de medicinas. Además enfrenta la falta de pagos a su personal. Esto provocó que se cancelaran proyectos de producción y ha entorpecido sus metas.
Durante la pandemia, fue la empresa encargada de la distribución en las vacunas contra el COVID-19 y dese ahí generó polémica, pues carecía de la infraestructura necesaria para poder almacenar en refrigeración las vacunas. También mostró problemas de logística. Tan solo este año, la Auditoria Superior de la Federación mostró que había 1 631 610 dosis de vacunas Sputnik caducadas, que no fueron distribuidas en su momento y a la fecha continúan en los almacenes de la empresa.
Además de todo esto, desde el 2021 Birmex es dirigida por el militar Jens Pedro Lohmann, por mandato de AMLO.
Militares hasta en la sopa
Si bien la designación de Lohomann como titular de Birmex fue en el 2021, mucho antes de la construcción o incluso planeación de la megafarmacia, es notorio el poder que se les ha concedido a las fuerzas militares. Desde aumentos millonarios a su presupuesto, hasta estar frente a los proyectos más importantes de la administración como el Tren Maya y el AIFA. Pero, ¿cómo es posible que en unos pocos años se ha logrado realizar lo que durante décadas fue frenado por el repudio y la movilización?
La legitimación que tiene el gobierno de la 4T ha servido para aprobar proyectos y políticas que cuando fueron planteadas por el PAN o el PRI causaron revuelo y repudio, al menos en un sector más consciente de la población. Y si bien es cierto que AMLO tiene un apoyo mayoritario en el grueso de la población popular, también es notorio cómo se empiezan a poner en duda algunas de las políticas que impulsa.
La militarización del país no solo es una afrenta a la seguridad, principalmente de las personas críticas a estas fuerzas represivas, sino también una medida preventiva ante posibles expresiones de descontento generalizado, pues la carestía de la vida se mantiene.
Concretamente en el sector salud, somo los trabajadores quienes tenemos que esperar semanas, incluso meses, para poder tener atención médica y cuando lo conseguimos nos encontramos con centros de salud y personal de salud completamente desbordados y con falta de insumos para atender de manera digna a la población.
¿La intervención del ejército en todos estos procesos abona en algo a resolver esta situación? No, a nosotros no nos ayuda en absolutamente nada. Como no ayudó la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la ciudad.
Por el contrario, le otorga mucho poder a un sector completamente subordinado a una clase dominante que solamente busca generar más y más ganancias. Las fuerzas represivas no tienen como función la protección de las personas, sino garantizar los privilegios de los poderosos. Como en el sismo del 2017, cuando una gran cantidad de personas solidariamente apoyaron en las labores de rescate de la fábrica desplomada en Chimalpopoca, solo para llegar un día y encontrarse con que los militares habían sacado los escombros con maquinarias pesadas para recuperar las máquinas de los patrones, sin importarles que en el proceso se eliminaran todas las posibilidades de rescatar a las trabajadoras atrapadas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el crimen cometido contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde estuvo involucrado el ejército.
Por éstas y muchas razones más, no podemos aceptar de brazos cruzados que sean militares los encargados de proyectos esenciales, como la distribución de medicamentos. ¿No sería mejor que estas tareas estuviesen organizadas por medio de comisiones conformadas por médicos y pacientes, que somos los realmente interesados en la producción y distribución de medicamentos?
La organización consciente de los trabajadores, mujeres y jóvenes puede atender esta y muchas más problemáticas que vivimos día a día. No podemos seguir dejando el curso de nuestras vidas y futuro a un sector reducido (los capitalistas y su Estado) que fundamentalmente vela por sus propios intereses. Es necesario poner en pie un partido socialista y revolucionario, donde mujeres, trabajadores y estudiantes puedan hacer política con un solo propósito, la superación de este sistema de miseria para la dignificación de la vida de la clase trabajadora y el conjunto de las y los oprimidos.
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