En sintonía con la agenda de ajuste de Javier Milei, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció este martes una fuerta poda en el presupuesto provincial, por 219.000 millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 13% del total, con un impacto directo en más de 40 organismos gubernamentales que serán directamente eliminados.
“Estamos devolviendo a la Legislatura el proyecto de Presupuesto con algunas modificaciones. No se puede gastar más de lo que ingresa, es decir, hay que hacerlo teniendo en cuenta los recursos: cuánto ingresará en 2024 para luego ver cómo se distribuye, y no a la inversa”, sostuvo el gobernador en la conferencia de prensa.
Entre los organismos directamente afectados se encuentra la "Unidad de Reconversión Laboral" (Unrel). Este organismo fue creado durante en 2021 con el objetivo de contener a las personas que durante la pandemia habían perdido sus trabajos, y aunque desde la oposición apuntan que se trataría de un reducto de cargos políticos y fondos sin control creado por el exgobernador Juan Manzur, lo cierto es que allí se desempeñan 7500 trabajadores que cumplen tareas en comedores comunitarios y escolares, asi como también trabajadores de mantenimiento de diversos municipios.
También anunciaron la suspensión de la totalidad de las adscripciones a partir del 30 de noviembre y se anularán las designaciones retroactivas al 29 de octubre, o sea, en los últimos 60 días. Si esta medida se aplicara a rajatabla, por ejemplo en la Educación, implicaría un golpe directo sobre miles de docentes que se quedarían sin trabajo.
Asimismo, Jaldo anticipó que desde el 1 de enero eliminará el "Pacto Social" que rige la distribución de de impuestos nacionales y provinciales coparticipados entre la provincia y los municipios. En el caso local, la mayoría de los distritos ceden lo que les corresponde de la coparticipación, a cambio de que la Casa de Gobierno les gire los dineros suficientes para cubrir la planilla salarial, brindar los servicios y otros gastos de funcionamiento.
La intención de Osvaldo Jaldo, quien aseguró que entraría a gobernar "a los bastonazos", es que cada municipio maneje sus propios recursos para distribuir el costo político del ajuste que vendrá de la mano del gobierno nacional y provincial.
Sin embargo, para los empresarios de la provincia no habrá plan de "austeridad". El gobierno anunció la reducción del 7% al 5,5% de la alícuota de Ingresos Brutos por recargo para determinadas actividades y la suspensión de los juicios por ejecución de la Dirección General de Rentas (DGR) contra empresas en situación de morosidad.
Estas medidas suscitaron el respaldo inmediato del diputado electo, Ricardo Bussi, quien aseguró que Osvaldo Jaldo "se alineó rápido con nuestro presidente electo. Toda reforma del Estado que implique recorte de gastos políticos e improductivos cuenta con nuestro visto bueno".
Las medidas anunciadas también contaron con el apoyo de los legisladores José Seleme y Silvia Elías de Perez, quienes manifestaron que "desde el radicalismo apoyamos los anuncios sobre la transparencia y eficiencia del gasto público".
El gobierno electo de Milei anticipa un duro ajuste contra el pueblo trabajador, con privatizaciones, tarifazos y recorte de salarios y jubilaciones. El peronismo provincial ya ha dado sobradas muestras de colaboración durante la gestión macrista votando todas las leyes de ajuste que necesitó y ahora anticipa un fuerte alineamiento con las directrices del ajuste nacional, que apunta a una fuerte transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital. La batalla contra esta ofensiva del empresariado local y extranjero deberá librarse en las calles, con la fuerza de los trabajadores y sus sindicatos, los centros de estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos. | 
