En junio de 2022 la administración del alcalde José Luis Yáñez (UDI) aprobó un convenio con la automotora ICAR para tramitar permisos de circulación de autos 0 km. En sólo un año el trato generó $6 mil millones, que se dividieron entre Algarrobo y el Fondo Común de Municipalidades.

Aunque la Contraloría resolvió que estos convenios deben tener “costo cero” para los municipios, Algarrobo ha pagado más de $700 millones a la empresa Don Gaspar, que brinda soporte y un software para procesar los cientos de permisos de circulación.

El municipio argumenta que nunca ha pagado a ICAR y que el trato con Don Gaspar no sería un gasto asociado al convenio. Esta operación figura entre los antecedentes denunciados al Ministerio Público, el que abrió una causa por malversación en la que ya se emitió una orden de detención contra el alcalde y se dictó prisión preventiva para una funcionaria de la Tesorería Municipal.