El PP andaluz y el gobierno central llegan a un acuerdo para detener los regadíos ilegales en Doñana. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, acepta retirar su ley que regularizaba los regadíos ilegales en los terrenos cultivables en la zona de Doñana a cambio de un plan de inversiones de más de 1.400 millones para proteger el parque natural y fomentar las actividades “en favor de un desarrollo sostenible”.
El acuerdo incluye una ayuda de 100.000 euros por hectárea para los agricultores que dejen de cultivar sus tierras y garanticen la renaturalización de los terrenos. A esta medida podrán acogerse incluso los agricultores con expedientes sancionadores o que han sufrido multas por haber llevado a cabo regadíos ilegales, responsables de la crisis ecológica que ha sufrido el parque natural de Doñana.
Juanma Moreno ha anunciado junto con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica por el PSOE, un acuerdo para Doñana que consigue la retirada de la ley que regularizaría los regadíos ilegales en Doñana.
Además de los 100.000 euros anunciados por hectárea que no se cultive, también se han anunciado ayudas de menor cuantía para reconvertir los terrenos en secano o en producción ecológica. Cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia podrá solicitar las ayudas para reforestación, cultivo de secano o agricultura ecológica. Serán diez años de ayuda con 30 años de permanencia en el caso de la reforestación y cinco años de permanencia para secano o producción ecológica.
El acuerdo también implicaría potenciar vías para explotar turísticamente la zona con diversas actividades, así como proyectos de industrialización de la zona relacionados con el sector primario o con un potencial polo industrial aeroespacial ligado al proyecto CEUS.
Grupos ecologistas como WWF España o Ecologistas en Acción han expresado alegría por la retirada de la ley de regadíos ilegales, pero advierten de que son necesarias mayores medidas. Desde blindar la zona ante actividades extractivistas y de minería a evitar que el dinero de las subvenciones llegue a aquellos empresarios que han propiciado el desastre ecológico que ha sufrido Doñana. Señalan que es absurdo recompensar a quienes han robado agua para su beneficio privado.
Los detalles del acuerdo de Doñana muestran una vez más como afrontan los grandes capitalistas la crisis ecosocial: como una mera molestia en sus planes de beneficio económico, compensando a aquellos que hasta ahora se han beneficiado de la destrucción de un ecosistema como incentivo para que reconviertan su producción o simplemente como afirman los ecologistas que puedan irse a otro punto de la provincia de Huelva a repetir la misma jugada. Incluso tras arroparse como paladines de la "Transición Ecológica", las autoridades no dudan de plantear nuevos modelos de explotación del parque natural como transformarlo en un parque temático al hablar de su potencial turístico. | 
