Este miércoles, pasadas las 11 de la mañana, el Tribunal Oral Federal de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) condenó a cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el crimen del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, cercana a Bariloche.
Los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava condenaron al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por hallarlo autor penalmente responsable del “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. En tanto que a Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García los consideraron “partícipes necesarios” del crimen y los condenaron a cuatro años y medio de prisión a cada uno. Pese a que las penas no son excarcelables, el Tribunal habilito que los asesinos sigan en libertad hasta que la condena esté firme.
En otro artículo de este diario se relataron en detalle los pormenores del juicio, que tuvo entre sus últimas acciones una inspección ocular en el lugar de los hechos, donde los prefectos entraron en contradicciones y donde sobrevivientes del ataque (testigos clave en el debate oral y público) dieron precisiones sobre la emboscada homicida de los uniformados.
También se relató en otra nota la evidente animosidad de los jueces (con claro sesgo racista y clasista) hacia la familia de Nahuel y los miembros de la comunidad mapuche, empezando por su negativa a facilitar que los seres queridos de la víctima pudieran participar plenamente del juicio.
Este miércoles las inmediaciones de los Tribunales de Fiske Menuco amanecieron valladas y con fuerte presencia policial, lo que evidentemente configura una (nueva) provocación del Poder Judicial patagónica hacia quienes llevan seis años luchando por verdad y justicia para "Rafita".
El juicio había comenzado el 15 de agosto. En total fueron 18 audiencias (además de la inspección ocular) en las que declararon 63 testigos y se volcaron diversas evidencias y pericias. Entre el 7 y el 8 de noviembre fueron los alegatos de la parte acusadora. Allí la querella de la familia de Nahuel, representada por los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, pidió reclusión perpetua para los cinco prefectos, acusándolos de “homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”. Lo mismo pidió Mariano Przybylski, abogado representante de la querella constituida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Por su parte el fiscal Rafael Vehils Ruiz había solicitado que se condenara a los albatros a sólo cinco años de prisión. Es que el Ministerio Público Fiscal “compró” la versión de los prefectos y sus jefes del Ministerio de Seguridad, según la cual los uniformados mataron a Nahuel e hirieron a otros dos jóvenes mapuche en “exceso en legítima defensa”. Vale aclarar que nunca se halló evidencia de que desde la comunidad haya habido disparos ni tampoco los prefectos pudieron demostrar que resultaron con algún tipo de herida.
Con la misma versión de Prefectura que para el fiscal ameritaba condenar a los imputados por haberse “excedido”, la defensa de los asesinos buscó sus absoluciones. El abogado Marcelo Rocchetti (exjefe de Gabinete junto a Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense en tiempos de la gobernación de María Eugenia Vidal), fue uno de los voceros del pedido de impunidad en calidad de defensor de Cavia, Pintos y Sosa. Finalmente el TOC validó la versión de los prefectos pero, a la vez, adoptó una posición “intermedia” y los condenó con penas muy inferiores a la perpetua.
“Debían darles cadena perpetua y que vayan a la cárcel. Ahora van seguir libres como si nada y ni siquiera dieron la cara en el juicio”, dijo Graciela Salvo, la mamá de Nahuel, luego de escuchar la sentencia. “Vamos a seguir pidiendo justicia por Rafita porque no estamos conformes con la sentencia que les dieron a los albatros. La Justicia se está burlando de la familia, los jueces no sienten nuestro dolor ni nada”, sentenció rodeada de manifestantes de las comunidades mapuche, de la izquierda y de organismos de derechos humanos.
Allí, en los Tribunales de Fiske Menuco, estuvieron acompañando a la familia de Rafael Nahuel, entre otros, Alberto Santillán. El padre de Darío Santillán, asesinado en Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 por miembros de la Policía Bonaerense, dijo a la agencia Télam que acompaña a la familia porque “hoy, sin lugar a dudas, Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado”.
Las condenas dada a conocer este miércoles por los jueces Silva, Bracco y Díaz Lacava, si bien no termina de dar alivio a la familia de Nahuel y a quienes la acompañan en estos seis años de lucha, sí deja en evidencia las dimensiones de este crimen de Estado. De allí que, tal vez, se pueda avanzar hacia una nueva etapa en la que tengan que rendir cuentas los responsables políticos de aquella represión y del posterior encubrimiento. Empezando por Patricia Bullrich y sus esbirros; y siguiendo con el resto de quienes en estos seis años contribuyeron a la impunidad. | 
