Las miradas encontradas se pudieron evidenciar en las primeras declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien señaló que su despacho analizará la resolución del TC, pero recordó que la Corte IDH ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar cualquier indulto. Por otro lado, el abogado del exmandatario indicó que Alberto Fujimori estaría saliendo libre dentro de las siguientes horas.
Esta situación controversial se suma a la crisis de institucionalidad judicial burguesa, ya que pone en entredicho y en manifiesto el poco interés por parte de la justicia peruana de aplicar los estándares de derechos humanos a las decisiones que de sus organismos emanan. Asimismo, es necesario resaltar que este Estado y sus instituciones mantienen el indulto, herencia monárquica, como herramienta para poder sostener la existencia de la sociedad de clases.
En tal sentido, la complejidad de este caso evidencia también el colapso de la institucionalidad judicial burguesa del país, ya que la decisión del Tribunal Constitucional plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, así como sobre la coherencia en la aplicación de los estándares de derechos humanos frente a hechos de lesa humanidad como es el caso de Alberto Fujimori quien está condenado por violación a los derechos humanos.
Finalmente, la necesidad de independencia, imparcialidad o coherencia del sistema judicial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales no son un elemento que resalten o que sean una prioridad para el actual orden constitucional peruano, nacido del autogolpe del fujimorismo; lo que pone en manifiesto la necesidad de organizarse y luchar por una salida desde abajo, una salida que involucre la participación de las mayorías explotadas a partir de la autoorganización y la movilización. |
