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6 de diciembre de 2023 Twitter Faceboock

Derechos Humanos
La justicia burguesa mediante el Tribunal Constitucional juega a favor de Fujimori
Redacción LID Perú

Alberto Fujimori

En medio de una crisis de la institucionalidad burguesa, el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación de Alberto Fujimori, el expresidente que cumple condena de 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

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Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos resoluciones en las que ordenaba al Estado peruano no ejecutar una sentencia de marzo de 2022, con la que el Tribunal Constitucional dispuso la liberación de Fujimori.

El reo Alberto Fujimori es uno de los principales representantes de la clase dominante del Perú. Fue presidente del país entre 1990 y 2000, y durante su mandato se caracterizó por su política represiva contra la clase trabajadora y los movimientos sociales. Asimismo, implementó políticas neoliberales que profundizaron la pobreza y las desigualdades en el país.

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La liberación de Fujimori es un golpe para los derechos humanos y para la lucha de la clase trabajadora en Perú. Fujimori es un símbolo de la represión contra la clase obrera, y su liberación pone en evidencia, una vez más, que la justicia burguesa no está del lado del pueblo sino de los violadores de derechos humanos y de los corruptos.

La liberación de Fujimori significa también que los responsables de crímenes de lesa humanidad seguirán sin pagar por sus crímenes, lo que envía un mensaje de impunidad a los responsables de violaciones a los derechos humanos como los altos mandos de las fuerzas armadas y la policía nacional.

Esta situación es inaceptable y requiere que volvamos a discutir sobre las salidas de fondo para encarar esta profunda crisis que abarca al conjunto del régimen político sostenido en la constitución de 1993. Es necesario que la clase trabajadora tome conciencia de la naturaleza de la justicia burguesa y luche por cambios de fondo que nos permitan acabar con los grandes privilegios que actualmente tienen los políticos al servicio del empresariado.

Solo una movilización social podrá dar un giro de tuerca a la crisis e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde una de sus principales medidas sea la elección de todos los jueces por el voto popular, de tal forma que se eche abajo la costra burocrática y oligárquica establecida por la Constitución del 93, que sustenta a un aparato judicial que vulnera sistemáticamente los derechos de las clases explotadas.

 
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