El pasado 23 de noviembre el vicerrectorado de estudiantes de la UC3M emitía un nuevo protocolo de comunicación, con medias aún más represivas y de censura política a las asociaciones estudiantiles, pero no sin respuesta por parte de la comunidad universitaria, cada vez más cansada de los numerosos ataques a la organización estudiantil que se han llevado a cabo en los últimos años. La asamblea de estudiantes de la universidad hoy ha hecho público su comunicado en repudio: “somete nuestra actividad a sus criterios de censura y mutila la posibilidad de un discurso crítico con las decisiones que emanan de rectorado”.
Entre las medidas más represivas del nuevo protocolo nos encontramos con la exigencia de solicitar un permiso con 10 días de antelación antes de hacer cualquier actividad. Una medida muy difícil de cumplir para las asociaciones estudiantiles, que tienen sus propios ritmos de trabajo y que en la mayoría de casos, tratan de responder lo más rápido posible a los acontecimientos que impone la realidad o a los ataques de distinto tipo a los derechos de los estudiantes. Lola Cayuela, representante estudiantil por Pan y Rosas nos comenta:
“Esta medida es un ataque directo a la organización estudiantil, un intento de que los estudiantes no podamos responder de inmediato a sus ataques o acontecimientos políticos de suma gravedad que van más allá de la universidad. ¿Si el Estado de Israel comienza una invasión terrestre en Gaza, tenemos que esperar 10 días para poder llamar a una concentración en protesta? No pensamos aceptarlo”.
Además, incluye la prohibición de la utilización de la firma “UC3M” en los comunicados que no provengan de directamente de la institución de forma “oficial”. Es decir, que se reservan para los órganos directivos de la universidad el derecho al uso de la firma de la Carlos III. “Les da igual que los estudiantes seamos el 80% de la comunidad universitaria, parece que los estudiantes no podemos decir nada en nombre de la universidad. El régimen universitario ya era sumamente antidemocrático y ahora encima nos quieren prohibir a organismos democráticos independientes como la asamblea de estudiantes o a asociaciones de la misma que usemos la firma de la universidad en la que estudiamos, que conocemos y en la que nos organizamos. No podemos quedarnos de brazos cruzados” afirma Juan Mariscal, militante de Contracorriente y partícipe de la asamblea de estudiantes.
Pero el mayor intento de censura lo encontramos en el apartado cuarto, que establece que “los contenidos que se emiten desde las comunicaciones de las asociaciones deben ser coherentes con los principios constitucionales, de servicio público, calidad de la información, transparencia y lealtad institucional”. Un ataque directo a la independencia ideológica y el derecho a la libertad de expresión de las asociaciones estudiantiles, algunas de ellas especialmente críticas con la institución universitaria y su funcionamiento. “Las asociaciones estudiantiles y los estudiantes en general no tenemos por qué estar de acuerdo con las decisiones de rectorado, es más, solemos no estarlo, ya que suelen primar más los intereses de las empresas que financian que de los estudiantes que sufrimos su privatización” afirma Alicia Mira, estudiante de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Nada de esto ha pillado a los estudiantes por sorpresa. La universidad Carlos III es cada vez más conocida por su represión a la organización estudiantil que por los grados que ofrece. El curso pasado trataron de prohibir asambleas, abrieron un expediente a dos estudiantes por participar de una concentración contra la transfobia en la universidad, exigen permiso para poder colgar pancartas, arrancan los carteles que no tengan su sello oficial, etc. Además de nombrar presidente del consejo social al ex político del PP y periodista derechista Francisco Marhuenda.
Esto se ha agudizado tras las campañas por Palestina y la denuncia de los vínculos de la universidad con el estado genocida de Israel. A la casta universitaria parece molestarle que señalemos los convenios interuniversidades con Jerusalén o los negocios que mantienen las empresas que tienen presencia en la Carlos III, y que indirectamente lo financian. Así lo han denunciado el comité de solidaridad con el pueblo palestino y otras asociaciones estudiantiles este último mes en los que el estado de Israel ha asesinado a 20000 personas.
El protocolo de comunicación es la punta del iceberg de años de represión a la organización estudiantil por parte de una universidad cada vez más privatizada, al servicio de las empresas que la financian y con la ayuda de las leyes mordaza universitaria que ha aprobado este gobierno y que rectores no han dudado en utilizar cuando las actividades estudiantiles se escapan de la “lealtad institucional”. Por eso, las asociaciones estudiantiles que firman el comunicado se niegan a cumplirlo y añaden demandas democráticas como la ampliación de los medios de difusión de sus actividades, la eliminación de las trabas burocráticas para asociarse y organizar actividades y la retirada al completo del comunicado. Entre los firmantes aparecen la propia asamblea de estudiantes, el comité de estudiantes de la UC3M por Palestina, Abrir Brecha, Pan y Rosas, el Frente de Estudiantes y muchas más.
Contra la represión por parte de la institución universitaria, es más urgente que nunca la defensa y difusión de espacios asamblearios independientes, la coordinación de estos con las asambleas de otras universidades y pelear por construir un gran movimiento estudiantil que responda a cada uno de sus ataques y que sea punta de lanza de movilizaciones mucho mayores en solidaridad con el pueblo palestino y en respuesta a las necesidades de las mayorías trabajadoras y estudiantiles. | 
