Durante la mañanera de este miércoles, López Obrador adelantó indicios de la investigación llevada a cabo por el asesinato de cinco jóvenes de la Universidad Latina de Celaya el fin de semana pasado.

"Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso, pasaron, se quedaron en Querétaro luego se fueron hacia Villagrán y en algún lugar de esto pasaron —esto es todavía hipotético, se está investigando─ pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron.

Efectivamente, se trataría de una hipótesis... Una hipótesis del Estado a través de instituciones como las Fiscalías estatales y General de la República (FGR), otrora procuradurías que, como ya hemos señalado en repetidas ocasiones desde este diario, no han cambiado en su manera operar como entes que son capaces de ocultar pruebas y responsabilidades.

Parecido al caso Ayotzinapa, ahora el gobierno pretende criminalizar a los jóvenes por consumir droga y estar en un lugar de disputa entre dos sectores del narco. Hace nueve años, recordemos, a los jóvenes normalistas se les intentó vincular con una disputa entre dos cárteles y habrían sido ejecutados (según la "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto) por miembros del cártel Guerreros Unidos que los habrían confundido con sus rivales, el cártel de "Los Rojos".

No es sino otra muestra de criminalización a la juventud y víctimas de la "guerra contra el narco" iniciada por el PAN. Desde 2007 hemos escuchado relatos como que los jóvenes asesinados por el narco "en algo andaban" y que "se los habrían buscado".

El discurso moralista de López Obrador, de bajar el consumo de drogas, aunque apunta a una mejora en la salud de la juventud, no hace ni dice nada acerca de los negocios ilegales y paralelos de los cárteles de la droga, en particular las empresas fantasmas (y su asociación con las empresas reales) con las que lavan enormes cantidades de dinero. Ni tampoco apunta a la expropiación de sus bienes financieros.

La defensa de la propiedad privada de los medios de producción y de los manejos fraudulentos de los patrones nacionales y extranjeros, es tan fuerte que ni siquiera por temas de "seguridad" se pretende ponerla en tela de juicio. Para ello es necesario movilizarnos de manera independiente de la derecha neoliberal que inició la espiral de violencia y de la 4T que ha continuado bajo otra fachada la política de evadir su responsabilidad social como los gobiernos de antaño.

Seamos miles contra la criminalización de la juventud y contra la militarización de la 4T, que mediante la Guardia Nacional ha desplegado a miles de elementos supuestamente para sustituir a la Policía Federal y a miembros del ejército, pero que en realidad mantiene la presencia de fuerzas armadas en las calles e impone sistemáticamente que la GN esté bajo el mando de la Sedena, "la misma gata pero revolcada" como se decía popularmente.

La lucha contra la militarización es también una lucha contra los intereses de los capitalistas (legales e ilegales) que se benefician del esfuerzo de las grandes mayorías de este país y cuyos planes de acumulación por super-explotación, o por desposesión, es decir, arrebatándole las tierras a los pueblos originarios y campesinos pobres se apoyan en la violencia de bandas armadas escoltadas, o con la permisividad de las fuerzas armadas.