Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mandó por segunda vez una terna para ocupar el espacio vacante que dejo Arturo Zaldívar (para integrase al equipo de Claudia Sheinbaum) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compuesta nuevamente por Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, más Eréndira Cruzvillegas Fuentes.
Recordemos que, en el primer intento por completar a los y las ministras, el senado de la república rechazó la propuesta del ejecutivo federal ya que, si bien Morena tiene mayoría en dicha cámara, no son suficientes para aprobar la propuesta del presidente pues se necesitan al menos 75 votos a favor de alguna de las candidatas.
Ahora, la derecha (PAN, PRI y PRD) se conformó en bloque en el senado para bloquear a las aspirantes, pues mencionaron que los nexos con el gobierno de la 4T son claros y no existe autonomía.
Recordemos que, Alcalde Luján es hermana de la actual secretaria de gobierno federal, mientas que Batres Guadarrama es hermana de Martí Batres (jefe de gobierno de la Ciudad de México). Y por lo que respecta a Cruzvillegas es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura.
No obstante, a la derecha se le olvida que cuando estuvieron en el poder, también nombraron a ministros afines a sus gobiernos con el objetivo de garantizar sus intereses. Basta remembrar cuando Peña Nieto postuló a Eduardo Medina Mora, un oscuro personaje cercano al panismo que dirigió el CISEN (centro de espionaje del gobierno mexicano).
Entonces ¿qué tipo de “autonomía” reclaman estos sectores?
En relación con la pregunta anterior, ¿Qué sucede si el senado vuelve a rechazar a la terna?. Según la constitución mexicana, si se da este caso, el presidente de la república, -AMLO en esta ocasión- tendría la facultad legal de nombrar directamente a la ministra, y esta hipótesis sería histórica porque desde que se reformó la estructura de la SCJN ningún presidente ha nombrado directamente a un magistrado de la SCJN. Lo que plantearía un problema de legitimidad, pues la nueva ministra no contaría el con el apoyo “democrático” del senado. Por otra parte, podría ser un traspié político para el gobierno de Morena pues demostraría que no fue capaz de conseguir el apoyo suficiente para el nombramiento por medio del método tradicional.
El poder judicial no es autónomo
La autonomía que cada bando político blande como argumento es un mito. En el poder judicial la dependencia respecto del ejecutivo no solo es notoria sino legal y estructural. Como ya se explicó, las designaciones de las y los ministros están en manos directamente de la presidencia de la república y la ratificación del senado. De entrada, esto ya refiere una subordinación política a los espacios dominados por los partidos del régimen, es decir, cada partido político acepta o rechaza determinados nombres para ocupar las sillas del máximo tribunal de justicia del país, según sus agendas e intereses.
Asimismo, el poder judicial, al carecer de un control democrático y popular (pues su vigilancia depende del consejo de la judicatura, un organismo controlado directamente por la SCJN), tiene manga ancha para actuar con total opacidad, no sólo financiera, también política, pues sus decisiones, en la mayoría de las ocasiones, atentan contra los derechos de las grandes mayorías y garantizan políticas conservadoras que ayudan a mantener la desigualdad económica y social en el país y los privilegios de unos cuantos.
Pero entonces ¿cómo podría ser un poder judicial diferente que sí velara por los derechos de la clase trabajadora y demás sectores populares? La historia nos da algunas pistas para contestar esta pregunta. Por ejemplo, en 1917 el gobierno obrero surgido de la revolución rusa, se apostó a cambiar el mundo y el poder judicial no fue la excepción. Luego de la toma del poder, el Soviet (consejo de obreros, campesinos y soldados) constituyó los tribunales populares.
Estos tribunales eran elegidos exclusivamente por el voto popular, los jueces tenían el salario promedio de un trabajador calificado (lo que evitaba que se buscara el puesto por los altos salarios y a la vez, que sus condiciones de vida se asimilen a las de las amplias mayorías por las que debían velar) y los funcionarios podían ser removidos de sus cargos en cualquier momento si los votantes consideraban que no estaban cumpliendo correctamente su trabajo.
La forma de proceder de los jueces populares debía ver hacía el futuro, es decir, resolver los litigios que se les presentaban tomando en cuenta, no sólo los derechos de las partes, sino que las resoluciones a tomar debían servir para construir una sociedad distinta, en aquel caso, una sociedad socialista, o sea, una sociedad justa en que todos y todas tuviera sus necesidades cubiertas y no fuera posible que unos pocos acapararan los medios materiales del país en detrimento de la mayoría.
Como vemos, ésta, podría ser la forma más democrática de elección de las máximas figuras para impartir justicia. Pues, para que se constituyan tribunales de este tipo sería necesario que seamos los y las trabajadoras (insistimos en que somos la mayoría en éste y cualquier país, así como quienes producimos toda la riqueza) tomemos la dirección de los centros de trabajo (incluyendo el poder judicial) y que, desde abajo, se decida cómo, por qué y para quién impartir justicia. Pues, se supondría que, de este modo, “la justicia” debería estar pensada por completo en función de los intereses comunes del pueblo laborioso, impidiendo que ésta beneficie a los sectores enriquecidos a costa de él.
Pero, ¿por qué en la democracia actual esto no es así, si nos dicen que la justicia es para todos por igual?
La justicia no se aplica por igual a los ricos y a los pobres, porque debemos ser conscientes que el sistema judicial es un instrumento de dominación de clase, que apelando a la “neutralidad de la justicia”, conserva la división de clases y el respeto a las leyes del Estado capitalista, y al mismo tiempo desvía y contiene el descontento popular ya que no puede ni quiere resolver los grandes problemas sociales, pues la principal contradicción es que una pequeña minoría de empresarios acaparan la riqueza mientras la mayoría no alcanzamos a llegar a fin de mes con nuestros salarios. Por esta razón, por ejemplo, los juicios pueden tardar en resolverse años y dejan sin justicia a millones de personas.
Así, la reforma judicial que propone AMLO y la defensa que hace la derecha de los jueces, no son una alternativa para solucionar las verdaderas dificultades de la clase trabajadora, por lo que deberíamos preguntarnos ¿cuánto debería ganar un juez? ¿es correcto que estén sin ningún control de la población? ¿mientras haya desigualdad es posible impartir verdadera justicia?. Interrogantes que nos proponemos responder en próximas entregas.
Desde una perspectiva socialistas estamos por la disolución de la Corte Suprema, porque los jueces de tribunales inferiores sean elegidos por el voto popular, sean revocables y cobren lo mismo que un trabajador o trabajadora, y que se implemente el juicio por jurados para que la clase trabajadora y los sectores populares tengan poder de decisión en los procesos judiciales.
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