A través del Diario Oficial de la Federación se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó esta facultad a los agentes del MP así como la posibilidad de solicitar información financiera de personas investigadas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En dicho decreto firmado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se plantea que los agentes del MP podrán solicitar la información requerida a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos sin necesidad de hacerlo a través de un órgano jurisdiccional.
Esto podrá hacerse en los casos que “esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”. Los agentes del MP deberán informar al órgano jurisdiccional correspondiente en un plazo no mayor de 48 horas tras haber solicitado la información.
Tan solo en los primeros cuatro años del sexenio de la 4T, la FGR obtuvo 7 mil 631 permisos para intervenir comunicaciones privadas, que corresponde a un 80% más que los últimos cuatro años del gobierno de Peña Nieto, en el cual la situación de espionaje y persecución política era escandalosa. López Obrador ha defendido en múltiples ocasiones que bajo su gobierno ya no hay espionaje, sin embargo, este nuevo decreto es un paso más en la legalización del espionaje por parte de la FGR.
En distintas ocasiones el presidente ha afirmado que las denuncias de espionaje hacia el ejército y a su gobierno son improcedentes pues se trata de inteligencia para enfrentar al crimen organizado. No hay que olvidar que en el 2020 se dio a conocer la ocupación por parte de las fuerzas armadas del software Pegasus, de origen israelí, mediante el cual se espió a periodistas, defensores del medio ambiente, feministas y activistas en general.
Este es un nuevo avance en la violación de los derechos humanos, pues por la vía de los hechos se adjudica a los agentes del MP a ocupar de manera discrecional el acceso a información privada como mensajes y la ubicación geográfica en tiempo real de quien consideren necesario. | 
