Después de tiras y aflojes entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño para sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo, exigida por Bruselas para liberar nuevos fondos europeos, se ha alcanzado un acuerdo entre ambos ministerios. La subida aprobada por el Consejo de Ministros es exigua, no alcanza ni el 100% del IPREM y se impone el criterio de Economía de establecer una disminución progresiva de la prestación para incentivar la búsqueda de empleo. Las personas desempleadas de más larga duración quedan estigmatizadas por supuestamente no hacer los esfuerzos necesarios para buscar un trabajo.

El Consejo de Ministros ha conseguido salvar este martes el escollo del acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo que necesitaba con urgencia, puesto que de ello dependía nada menos que la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. La UE había condicionado a esa reforma la liberación de nuevos fondos del Plan europeo de Recuperación y Resiliencia, que están siendo el maná para las grandes inversiones de las empresas del IBEX 35.

Lo cierto es, y así se había estado comentando los últimos días, que la reforma del subsidio de desempleo era objeto de discrepancias entre Calviño y Díaz, ante las pretensiones de la próxima presidenta del BEI de reducir las prestaciones mensuales del subsidio hasta unos miserables 300 euros mensuales y reducir el período de cobro a 18 meses, frente a los 30 actuales. Algo a lo que se oponía la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien ha logrado contener el ajuste, pero con un resultado muy licuado respecto a las pretensiones de mejora de la prestación que ella misma tenía inicialmente.

El resultado obtenido parece apuntar hacia la victoria de Díaz en esta disputa. Sin embargo, si se analiza en detalle la resolución del Consejo de Ministros, eso no está tan claro. En todo caso, lo que ha logrado Trabajo es parar el fuerte golpe que pretendía atestar la ministra de Economía a este subsidio, algo que era un ataque demasiado demoledor en este momento. Pero, a cambio, Economía ha logrado introducir elementos estructurales en el subsidio a su gusto y que apuntan en una dirección de ataque a la línea de flotación del subsidio.

En primer lugar, las cuantías se han aumentado solo durante el primer año de la prestación, luego vuelven al mismo importe actual y se han visto bastante reducidas respecto a las pretendidas por la ministra de Trabajo. Pero lo más grave es que Yolanda Díaz ha aceptado la tesis estructural de Calviño de que el subsidio debería ir descendiendo para estimular la búsqueda de empleo de las personas desempleadas. Algo a lo que inicialmente se oponía Trabajo y que finalmente ha aceptado. Pero que abre además una perspectiva muy peligrosa, dado que transmite la idea de que hay que castigar los ingresos de los desempleados para motivar su búsqueda de empleo, una clara estigmatización hacia la población más empobrecida y golpeada por la crisis como son las y los parados de larga duración.

La ministra Diaz ha valorado el acuerdo logrado como una victoria. Ha dicho que “es un compromiso no solo con la Comisión Europea sino con nuestro país”. No una victoria suya frente a Calviño, sino un acuerdo que hace que “se ensanchen” los derechos laborales al señalar que la reforma aprobada no supone “ningún recorte”.

Sin embargo, este Gobierno “progresista” no se caracteriza por defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores como presume Yolanda Díaz. Queda claro si tenemos en cuenta que no han derogado las reformas laborales de Zapatero y Rajoy que facilitan y abaratan el despido.

El informe titulado: “Reformando mercados laborales duales: temporalidad contractual o empírica” realizado por el centro de estudios Fedea señala que, aunque la temporalidad contractual ha retrocedido, no lo hace así la temporalidad de facto debido al incremento de despidos que se están experimentado entre los indefinidos ordinarios, como vía para mantener el mismo nivel de precariedad anterior a la reforma laboral parcial de Díaz. Señalando que “la duración del empleo no muestra los cambios que a priori se anticiparon como resultado de la disminución del trabajo temporal”.

El subsidio por desempleo queda por debajo del 100% del IPREM y además irá en descenso

El acuerdo alcanzado para el subsidio por desempleo supone una subida mensual los primeros 6 meses de 90 euros sobre lo retribuido hasta ahora por el subsidio (480 euros), hasta alcanzar los 570 euros. Durante los siguientes 6 meses se reduce ese importe retributivo a 540 euros, aunque todavía 60 euros por encima de lo que se cobraba. Para terminar el año y medio restante- la prestación tiene un tope de 30 meses - tocando suelo de nuevo con los 480 euros de siempre. Aunque estas cuantías son relativas, puesto que están vinculadas porcentualmente al IPREM de cada año, de modo que si el del año próximo subiera esos importes variarán en alguna medida.

En cualquier caso, si partimos de calcular la prorrata del incremento real bruto durante el primer año de la prestación (900 euros) a razón de los 30 meses que dura la prestación, obtenemos un aumento real de 30 euros brutos mensuales para todo el período. Lo que implica que se ha producido tan solo una subida real sobre los 480 euros de apenas un 6,25%. Si abrimos el foco a los dos últimos años nos encontramos con que el subsidio ha perdido poder adquisitivo en el período de fuerte subida inflacionaria que todavía está coleando. Por lo tanto, el Gobierno progresista ni siquiera está garantizando realmente el poder adquisitivo de una prestación que ya de partida es de hambre, no da ni para pagar una habitación en una gran ciudad del Estado español.

La subida en ningún caso llega a alcanzar el 100% del IPREM, dado que en los primeros seis meses se pasa a cobrar del 80% del IPREM al 95%, para luego bajar al 90% del citado índice los siguientes seis meses y para finalmente quedarse de nuevo en el 80% durante los 18 meses restantes de la prestación. En cualquier caso, en ninguno de los meses se alcanza ni siquiera el 100% del IPREM.

Hay que tener en cuenta además que el IPREM es un índice que fue creado por Zapatero en el año 2004 que nació ya con el objetivo de recortar las prestaciones que hasta entonces estaban vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para evitar subidas más cuantiosas en la medida en que subiera el SMI. No deja de ser irónico y aberrante que precisamente aquellos sectores sociales más golpeados y depauperados económicamente, sostenidos por las ayudas sociales por la falta de empleo o por otras razones de carácter social o asistencial, no puedan tener unos ingresos iguales o cercanos al SMI. Cuando precisamente se supone que el SMI es el umbral del ingreso mínimo que permite sobrevivir a la población en relación a unas necesidades personales básicas y en función del índice de precios existente. Además, resulta muy habitual que se concedan las ayudas sociales con porcentajes por debajo del 100% de ese IPREM. Tal y como se puede comprobar en este caso para los desempleados, que en el mejor de los casos se ha quedado en el 95% del IPREM los meses con mayores ingresos de la prestación.

Otras mejoras que se han aprobado suponen incrementar los colectivos a los que va dirigida la prestación, actualmente solo están incluidas 800.000 personas, se calcula que se puedan beneficiar 400.000 personas más. Ahora lo podrán recibir las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, los eventuales agrarios y personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. Y además se elimina el mes de espera para empezar a cobrar el subsidio.

Ahora bien, la defensa del empleo y de la protección social deberían pasar en primer lugar la prohibición de los despidos a las empresas con beneficios, la creación de empleos públicos, la reducción generalizada de la jornada laboral a las 30 horas y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial para combatir el desempleo, la bajada de la edad de jubilación a los 60 años y, por supuesto el mantenimiento del seguro de desempleo en su totalidad hasta encontrar un nuevo empleo, como mínimo por un importe igual al SMI, de al menos 1.500 euros, entre otras reivindicaciones. Este sería un programa de emergencia social para terminar con el desempleo y el empobrecimiento de la clase trabajadora y las clases populares. Claro, es algo que este Gobierno “progresista” está muy lejos de querer aplicar, por más discursos que hagan para las elecciones. Solo mediante la lucha y la organización de la clase trabajadora, de forma independiente a todos los partidos del régimen, se podrá avanzar en imponer medidas de este tipo.