En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, Cristina Fernández acusó a EE.UU. de “proteger” a Antonio “Jaime” Stiuso, el temible ex director de Operaciones de la Secretaria de Inteligencia, señalado “por fuertes sospechas de trabar la investigación” del atentado terrorista a la mutual judía que arrojó 85 muertos y más de 3000 heridos. Para consumar la puesta en escena, el gobierno solicitó al juez federal Norberto Oyarbide detectar el paradero del ex mandamás de los servicios de inteligencia.
Cabe recordar que tras la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, Stiuso se presentó a declarar ante la fiscal Viviana Fein, y a sabiendas del gobierno, en marzo se dirigió a Uruguay con una camioneta y una valija con seis millones de dólares, registrada por la Aduana, la que demoró al espía durante dos horas, hasta que dos llamados telefónicos autorizaron su paso. En buen romance, fue el mismo gobierno el que facilitó la “fuga” de Stiuso, en su afán de que mantuviera silencio para sellar su parte en el encubrimiento de la causa.
Lejos de ser un extraño, Stiuso fue el espía favorito de Néstor Kirchner (formado en la Triple A y la dictadura genocida, elevado a hombre fuerte tras la caída del gobierno de la Alianza), seleccionado particularmente para trabajar con Nisman con el objeto de desviar la investigación de la llamada “conexión local” y apuntar la responsabilidad de la voladura de la mutual judía a Irán, mediante un dictamen de más de mil páginas repletas de falsedades, aportadas por la CIA, el FBI y el Mossad. Con esa finalidad, el gobierno puso en pie la Unidad Fiscal AMIA con un fastuoso inmueble de 80 empleados, separado orgánicamente de la Justicia y con un presupuesto autónomo de más de 400 millones de dólares sin ningún tipo de control, sea del Ejecutivo o de la Procuraduría General y el Ministerio Publico. Stiuso y Nisman manejaban ese organismo con entera arbitrariedad, donde celebraban frecuentes reuniones con las embajadas de EE.UU. y el Estado de Israel, con pleno consentimiento de los Kirchner.
El respaldo fue tan incondicional que ni siquiera motivó fisuras la denuncia del ex ministro de Justicia Gustavo Béliz, quien sindicó a Stiuso de “criminal” responsable de una “Gestapo”, dedicada a “espiar a todos” y un sin fin de delitos. Por el contrario, Béliz, un hombre del Opus Dei insospechable de izquierdismo alguno, fue expulsado del gobierno inmediatamente, haciendo honores al jefe de los espías que tenía un poder extraordinario.
Solo el cinismo de los progresistas podría concluir que la estancia de Stiuso en Florida (resulta vox populi su lugar de residencia hace meses) remite a la falta de “colaboración” de EE.UU en esa “telaraña ajena a los intereses del país”.
En 2006, Néstor y Cristina se reunieron con el ex presidente norteamericano George Bush y el Congreso Judío Americano, donde acordaron utilizar la causa AMIA en función de las necesidades de EE.UU. y el Estado de Israel, sirviendo a la “guerra antiterrorista” contra los pueblos árabes, tras el desaguisado abierto con las guerras de Afganistán e Irak, como respuesta temeraria a los atentados contra las Torres Gemelas.
Este acuerdo vergonzoso fue coronado en la Bolsa de Wall Street, donde Cristina toco la campanita que dio inicio a la jornada. Así los Kirchner sometieron a la nación al GAFI, el organismo de la ONU que supuestamente ausculta el financiamiento del “terrorismo internacional”, y de un sacudón se valieron de esa legislación pro imperialista para imponer la Ley Antiterrorista, sancionada en un abrir y cerrar de ojos.
De forma ininterrumpida hasta 2012, cada septiembre los Kirchner utilizaron la tribuna de la ONU para fustigar a Irán como responsable del atentado, y en línea con EE.UU. (ya sea con administración republicana o demócrata) se retiraban del salón al momento de ingresar las autoridades iraníes.
En las antípodas del relato “nacional y popular”, los Kirchner siempre siguieron la guía de EE.UU. Después de agotar la posibilidad de reeditar el fraude de los acuerdos por el atentado de Lockerbie de 1988 entre Gran Bretaña y Libia, el kirchnerismo tomó como referencia la iniciativa del presidente Barack Obama para encontrar una salida negociada con Irán. De tal manera, Cristina firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán en enero de 2013, un golpe de efecto que pretendía sacar de la parálisis la causa AMIA, aunque manteniendo las líneas directrices del encubrimiento y la impunidad. La arquitectura distractiva de ese acuerdo arrojó un flanco débil, pues el memorando contemplaba la formación de una Comisión de la Verdad, una institución consultiva y sin facultades de veto, aunque objetivamente su sola existencia ponía en tela de juicio la investigación trucha de Nisman, Stiuso, la Secretaría de Inteligencia y la Justicia Federal, dejando al desnudo la colonización estatal establecida por la CIA y el Mossad.
Obama fue duramente objetado por el Partido Republicano y el premier israelí Benjamín Netanyahu. Sin embargo, mediante su iniciativa en el Grupo 5 + 1 tuvo éxito en imponer un pacto con Irán, que limita el desarrollo de su programa nuclear, a cambio del levantamiento de las sanciones financieras que asfixiaban su economía.
Cristina obtuvo una victoria pírrica cuando sancionó la letra del memorando, pues esa herramienta ya no tenía sentido para el imperialismo y poco después la Cámara Federal lo considero inconstitucional, mientras la Justicia levantó la cabeza como corporación y rompió amarras con el gobierno, pasando a operar para la oposición, sirviendo en bandeja la causa Hotesur, que ilustra groseramente los negociados del clan Kirchner-Báez. De este modo, la causa AMIA se transformó en un punto ciego en el que oficialistas y opositores dirimen sus diferencias, sobre la base de la impunidad aportada por todas las instituciones del régimen.
Stiuso y la causa AMIA constituyen uno de los tantos estigmas del progresismo que inhabilitan categóricamente la remanida consigna “hicimos mucho aunque sabemos que todavía falta”. |
