Los jueces supremos Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti resolvieron que sea la Justicia jujeña la que se pronuncie en primera instancia sobre dos demandas de inconstitucionalidad que recaen sobre la nueva Constitución provincial.
Así el planteo jurídico de inconstitucionalidad realizado por el CELS, ANDHES, HIJOS y las comunidades de Santuario de Tres Pozos, Aguas Blancas y El Angosto, caerá en manos de una justicia conformada a dedo por Morales y sus socios del PJ.
Actualmente la Corte de Jujuy que fue ampliada en 2015 se compone de la siguiente manera: Ekel Meyer (ex ministro de Seguridad, UCR), Federico F. Otaola (ex candidato a vicegobernador por la UCR), Dr. Miranda Mariano G. Miranda (ex fiscal de Estado, UCR), María E. Nieva (ex diputada, UCR), Sergio M. Jenefes (PJ), Martín F. Llamas (ex apoderado PJ), María S. Bernal (PJ), Laura N. Lamas González y José M. del Campo, estos últimos nombrados durante los gobiernos justicialistas.
Si bien la Corte Suprema no se pronunció sobre la cuestión de fondo, los planteos de inconstitucionalidad fundados en prohibición de manifestarse en calles y rutas o la incorporación del Código Contravencional al texto de la nueva Constitución, violando principios de libertad de expresión que se encuentran en la Carta Magna nacional. No obstante, este fallo de los supremos juega claramente a favor de Gerardo Morales y el PJ en ganar tiempo para que siga vigente una Reforma profundamente antipopular.
El fallo de los jueces supremos era de esperar, tal como lo advirtieron las y los convencionales constituyentes del Frente de Izquierda, dado que no solo es una Corte plagada de jueces del PRO, sino que es una Justicia que defiende los intereses de los dueños del país que salieron a defender la represión de Morales contra las comunidades originarias y trabajadores que enfrentaron en las calles la Reforma.
El contenido de la Reforma es parecido a lo que sucede con los DNU de Milei a pedido de grandes multinacionales, en el caso de Jujuy, la Reforma fue sostenida por las mineras de litio, cámaras de la Construcción, el grupo Ledesma o los exportadores de Tabaco que apostaron así prohibir el derecho a la protesta en un contexto de ajuste y saqueo de los bienes comunes naturales.
Este fallo también deja en offside a los sectores del PJ que hicieron una fuerte campaña para despertar expectativas en la Corte Suprema, contrario a seguir apostando a la movilización y a la exigencia de la huelga general a las centrales sindicales. Una perspectiva de lucha de clases que vuelve a estar planteada frente al decretazo de Milei, el protocolo represivo de Bullrich y el plan de guerra económico de Caputo.
El caso de la Reforma en Jujuy es un ejemplo para no tropezar dos veces con las mismas piedras. Es una lección de cara a una CGT que apuesta a que sea esta misma Corte Suprema la que frene el decretazo de Milei (un gobierno plagado de funcionarios macristas). Mientras el PJ de conjunto evita pronunciarse por el paro general activo como método para derrotar el decretazo. Y la UCR plantea que en realidad lo mejor sería transformar los decretos presidenciales en leyes, una forma elegante de acordar con el contenido reaccionario de esos DNU.
Pero también el caso de la Reforma confirma que fue con lucha de clases, no esperando que un presidente o Corte resuelva por arriba, como se pudo hacer que caigan varios puntos del plan de reforma de Morales; y lo más importante, se conquistó que el pueblo trabajador -tras casi 8 años de maltrato- volviera a defenderse de los ataques recuperando su presencia en las rutas y calles. Hay que confiar en las propias fuerzas y apostar a unirlas, frente a todos aquellos, que de una u otra forma, tiran para abajo. | 
