Cuando estamos por conmemorar los tres años de vigencia de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es bueno sentarse unos minutos a leer la letra chica de las cientos de páginas que el gobierno ultraderechista de Milei envió ayer al Congreso, en caja con moño y todo.
Mil días de presiones del Estado contra tu derecho a decidir
Los cambios más notorios se concentran en la ley 27.611, conocida popularmente como Plan Mil Días, una iniciativa del gobierno de Alberto Fernández que, en ese entonces, fue enviada al Congreso simultáneamente con su propio proyecto de legalización del aborto, en el afán de limar asperezas entre parlamentarios "verdes" y "celestes" que eran transversales a todos los bloques, con excepción del Frente de Izquierda. Esa ley fue sancionada el mismo día que la de la interrupción voluntaria del embarazo (de ahí que se diferencien por un número), con decenas de miles aguardando esta última votación en los alrededores del Congreso.
Los requisitos para acceder a este Plan Mil Días incluía tener un embarazo de 12 semanas o más, ser argentina o naturalizada y tener DNI o extranjera con al menos 3 años de residencia en el país, no tener obra social ni cobertura médica prepaga.
El proyecto de ley ómnibus establece en su artículo 504, que se sustituya el artículo 1º de la ley 27.611 que plantea cuál es su objeto. El texto original dice: "La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia." [el resaltado es nuestro].
La modificación está redactada de la siguiente manera: "La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional." [el resaltado es nuestro].
Estas definiciones se repiten en los artículos siguientes, invisibilizando a las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar (como por ejemplo, los hombres trans) y a las niñas. También se modifica la definición de "violencia de género" por "violencia intrafamiliar". Y, en la redacción, las destinatarias mujeres se transforman en "madres en situación de vulnerabilidad".
Pero lo más significativo es que la cobertura del plan que abarcaba mil días a contar desde las doce semanas de embarazo hasta la primera infancia del bebé nacido vivo, ahora se modifica por "desde el momento de su concepción hasta los tres años". Eso significa que, aparte de su "batalla cultural" por volver a imponer un uso discriminatorio del lenguaje desde el Estado, lo que quieren establecer es una fuerte presión sobre las mujeres en situación más vulnerable para que no recurran al aborto legal ante embarazos no deseados.
Antes, lo hacían los grupos reaccionarios más fundamentalistas de las iglesias, los autodenominados "pro-vida" que hasta ingresaban en los hospitales donde estaban internadas niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual para convencerlas de renegar de su derecho al aborto. Las promesas de ayuda económica para proseguir con el embarazo o la presión para que lo llevaran a término y luego entregaran al bebé en adopción eran, habitualmente, denunciadas por el movimiento de mujeres y trabajadoras de la Salud. Ahora, pretenden que esas presiones se conviertan en ley.
La ley que ya no incluye a Micaela
Micaela García era una joven de 21 años, activista política feminista, que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en 2017. Su desaparición conmovió al país, pero más aún el hallazgo de su cadáver y la comprobación de que había sido víctima de Sebastián Wagner, quien había sido condenado por dos violaciones en 2010 y puesto en libertad condicional por el juez Carlos Rossi, que hizo caso omiso de los informes negativos que pesaban sobre el detenido.
La conmoción dio paso a la bronca y miles de personas manifestaron en las plazas de todo el país. Ese fue el origen de la Ley 27.499, conocida popularmente como "Ley Micaela", que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Hoy, el gobierno de Milei pretende reemplazar el objeto de esta ley por "capacitación en temática violencia familiar y contra la mujer". Mientras la autoridad que constataba el cumplimiento de esta ley era, anteriormente, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual (actualmente transformado en subsecretaría), ahora será el Ministerio de Capital Humano, que preside la periodista, instructora de reiki y licenciada en Ciencias de la Familia, Sandra Pettovello.
Pero Micaela García no fue asesinada por nadie de su familia. Los liberal-libertarios que se pasaron negando la existencia de la violencia de género que expuso crudamente el movimiento de mujeres con su consigna "NiUnaMenos", ahora pretenden subsumir todas las formas de esa violencia a una "violencia familiar", sin género y puertas adentro de la vida privada.
La libertad no avanza para nosotras
La ley ómnibus que Milei sacó ayer de la galera suma más ataques a las mayorías populares a los que ya están en el DNU que empieza a regir este viernes 29 de diciembre. Pero además, no debemos olvidar que mientras la CGT, los bloques opositores del parlamento y los jueces siguen debatiendo sus opiniones sin mover demasiado el avispero, hay un ajustazo en curso desde que el ministro Caputo anunció las primeras medidas económicas del peculiar gobierno de La Libertad Avanza: ajuste fiscal, devaluación, liberación de precios y congelamiento salarial en el sector público. Y el protocolo represivo de Bullrich, para que nadie pueda protestar por esta situación; que primero decía que no se pueden cortar las calles y ahora, que no se pueden juntar más de tres personas en la vereda porque pueden ser detenidas, como lo hicieron ayer en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el gobierno, a cualquiera que cuestione esta situación le responden "no la ves". Pero hace mucho que la vemos, porque la situación de las familias trabajadoras ya es insoportable desde hace tiempo con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con 6 de cada 10 niñas y niños pobres que dejó el gobierno anterior. Ahora, lejos de mejorar, el panorama empeora mucho más. Porque dijeron que iban a ajustar a la casta, pero el ajuste recayó sobre el pueblo trabajador y con mayor brutalidad sobre las mujeres. Porque el 64% de los ingresos más bajos lo perciben las trabajadoras. Porque esos ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar son el único sostén en el 12% de los hogares mantenidos por una mujer sola. Y porque las chicas entre 14 y 29 años encabezan el trágico ránking de pobreza.
A esas mujeres, a esas jóvenes es a las que este gobierno les reserva más hambre, más desesperación y vulnerabilidad, mientras las presiona a no desistir de un embarazo no deseado. Y a todos los funcionarios del Estado pretende instruirlos en la idea de que cuando se encuentran ante una mujer que es víctima de violencia, seguro tiene un problema familiar. Porque la violencia de género no existe y el patriarcado es un invento de la "ideología de género" que promueven las feministas.
Por el pan y por las rosas
Las feministas socialistas de Pan y Rosas planteamos que es necesario unir todos nuestros reclamos y nuestras luchas; que no hay "mujeres" por un lado y "trabajadoras" por otro. Porque la inmensa mayoría de las mujeres, como la inmensa mayoría de la población, vivimos de nuestro trabajo, sin explotar a otros. Nosotras no vamos a mirar cómo este gobierno avanza en su plan de que los ricos sean cada vez más ricos a costa de que seamos cada vez más millones los que no comemos todos los días del mes.
Por eso impulsamos comisiones de mujeres y otras formas amplias de organización en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades y en cada lucha. Las mujeres somos casi la mitad de los asalariados en nuestro país. Y somos la mayoría en sectores como Salud y Educación, donde el vínculo de las maestras y las enfermeras con las familias del pueblo trabajador que -cada vez más- asisten a los hospitales y la escuela pública, tiene un enorme potencial para articular la unidad en la lucha del conjunto de la población. Contra quienes quieren dividirnos desde arriba, ¡las mujeres podemos hacer la diferencia desde abajo! Preparemos desde ahora el paro y la movilización del próximo 24 de enero, para que podamos participar todas, sindicalizadas y precarias, trabajadoras informales y sin empleo, jóvenes estudiantes y activistas feministas.
Invitemos a que, cada vez más, las trabajadoras participen activamente en la defensa de los derechos y libertades conquistados con la lucha del movimiento de mujeres. Y hagamos que el peso político conquistado por el movimiento de mujeres se vuelque a apoyar efectivamente a las trabajadoras en las luchas contra los despidos, los tarifazos, la pulverización de los salarios, la precarización laboral, el derecho a la vivienda, contra el hambre. Unidas con este propósito, como lo hemos sido en otros momentos de la Historia, podemos convertirnos en la chispa que encienda la pradera. |
