El gobierno nacional avanza en una serie de derogaciones de normas y desregulaciones económicas que siguen la línea de favorecer al FMI y al gran empresariado, en detrimento de la clase trabajadora argentina. Como parte de este plan, con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 de 2023, busca terminar con contratos iniciados a partir de enero de 2023, dejando en lo inmediato a unas 7.000 familias en la calle.
La base que encuentra el plan de Milei, Caputo y compañía, como advierten desde el Frente de Izquierda, es el sostenimiento de modalidades de contratación precaria por parte de todos los gobiernos anteriores, facilitando y abaratando los despidos en el Estado. “Así, quien tendría que combatir el trabajo precario, practica en forma generalizada el fraude laboral, y los gobiernos toman provecho para disciplinar y aplicar la vara del ajuste”, afirman desde el FITU, y destacan que “ante el brutal ajuste y los cambios en la estructura ministerial, se impone implementar medidas de emergencia”
En qué consistiría la emergencia laboral para trabajadores del Estado
El proyecto del Frente de Izquierda, que espera su giro a comisiones, promueve la continuidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras que bajo distintas modalidades de contratación prestan “tareas de cooperación técnica y financiera con entidades públicas, cualquiera sea su relación contractual”, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados, becarios, monotributistas, o figuras similares, e incluyendo “a todos los empleados y empleadas de empresa y/o cooperativas y/o tercerizadas que prestaren servicios de maestranza, limpieza, cocina, en comedores y/o lavaderos” y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023.
Además, establece la prohibición por veinticuatro (24) meses de despedir sin justa causa, deja sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante el mes de diciembre de 2023 y dispone el pase a planta permanentede quienes cumplan ese amplio abanico de funciones en el Estado, sea cual fuese su relación contractual. Un reconocimiento que, según los diputados del FITU, debe ser “con carácter retroactivo al día de la fecha real de ingreso, comprendiendo los aportes a la seguridad social y ART”.
Según el texto que fue girado también a todos los diputados nacionales, con la propuesta de sumar su adhesión, la incorporación a la planta permanente se hará respetando las tareas que se encontraban desarrollando les trabajadores, otorgándoles el encuadramiento en el nivel y la categoría que disponga la normativa aplicable y respetando la antigüedad, los derechos y la remuneración vigentes “a partir de la fecha real de inicio de la relación laboral, independientemente de la modalidad de ingreso al empleo público”.
Para el caso de quienes reúnan los requisitos para acceder a la jubilación, el proyecto también propone que se reconozca el “derecho a acceder al beneficio social en las mismas condiciones que el personal de planta permanente, computándose los años de servicio retroactivamente a partir de la real fecha de ingreso en sus labores” y plantea que será el Estado Nacional quien deba realizar esos aportes “conforme a los años de servicio efectivamente prestados a las cajas jubilatorias correspondientes”.
Finalmente, la iniciativa que el FITU pone a disposición de les trabajadores estatales, excluye de los beneficios de la ley a “los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo de la Nación, funcionarios/as superiores y asesores de gabinete; o cualquier otra figura equivalente que suponga un cargo de carácter político, tanto en la Administración Pública Nacional centralizada como en entes descentralizados y desconcentrados”. También determina la creación de Comisiones de Trabajadores y Trabajadoras para la Fiscalización y Seguimiento, en cada oficina pública, para garantizar la regularización del empleo que se desprendería de esta ley, de aprobarse en el Congreso.
En cuanto a estas Comisiones, el texto advierte que “estarán constituidas por un delegado/a cada cincuenta trabajadores/as designado/s por los/as propios/as empleados/as de cada área" y que también se integrará a "los cuerpos de delegados gremiales ya establecidos, las comisiones internas sindicales u otros organismos representativos electos por trabajadores y trabajadoras”. Asimismo, determina que estas organizaciones podrán elevar denuncias por incumplimiento, solicitar y generar información pública sobre la situación actual de la planta de los trabajadores del Estado y evaluar alternativas para regularizar y reactivar la situación de la carrera administrativa.
El proyecto del Frente de Izquierda Unidad, que en el Congreso Nacional integran los diputados del PTS Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Pla del PO, espera su giro a comisiones. El objetivo de fondo, sin embargo, es ponerlo a disposición del movimiento de lucha, que con bronca ante las medidas de ajuste anunciadas comienza a organizarse y a movilizarse en las calles, el lugar donde, justamente, siempre se han arrancado todos nuestros derechos.
Emergencia Laboral Para El Personal de La Administracion Pública Nacional (1) by La Izquierda Diario on Scribd
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