El jueves por la tarde, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para iniciar conversaciones en torno a la Ley Ómnibus, el conjunto de modificaciones que el Gobierno envió al Congreso. Como aseguró antes de viajar, Jaldo se puso al frente del reclamo por las modificaciones en las normativas relativas a la industria azucarera y el bioetanol. Además, el tucumano planteó en el encuentro una de las preocupaciones de los gobernadores y prenda de negociación para Milei: la pérdida que significan los fondos que ingresan a las provincias por el Impuesto a las Ganancias.
El encuentro con Francos sería el primero de los que Jaldo procura tener. El gobernador inició el año con una reunión con Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, donde hizo suyo el reclamo de las patronales. Los industriales reclaman por las modificaciones contempladas en la Ley Ómnibus como el levantamiento de aranceles para la importación, lo que posibilitará el ingreso de azúcar de otros países, particularmente de Brasil. Además se oponen a la eliminación de la regulación estatal en el precio de compra de materia prima de origen vegetal (sea caña de azúcar o maíz) para el corte con los combustibles fósiles. Con esta modificación que elimina la intervención del Estado, las petroleras podrán negociar los valores de compra directamente con los elaboradores. De acuerdo al Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), el 95% del etanol en el mercado es demandado por tres empresas petroleras y es producido por 20 empresas, empleando caña de azúcar y maíz.
¿Se reedita el “colaboracionismo”?
“Agradezco al ministro Francos por escuchar detenidamente las preocupaciones y por su compromiso para dialogar con ministros nacionales y otras autoridades en pos de abordar estos desafíos”, aseguró Jaldo a través de X. Además, agregó que “se tratará la problemática del bioetanol, brindando esperanza a las provincias afectadas por estas medidas”.
El tono elegido por Jaldo es sugestivo, teniendo en cuenta su silencio prudente en torno al DNU y la Ley Ómnibus de conjunto, y la falta de precisiones sobre las instrucciones a los diputados nacionales y senadores (entre ellos el ex gobernador Juan Manzur). El tucumano ya había desairado al grupo de gobernadores peronistas encabezado por Axel Kicillof al no firmar una declaración crítica tras la reunión que mantuvieron con Milei.
El tiempismo de Jaldo tiene un antecedente directo en su antecesor. Manzur fue uno de “dadores voluntarios de gobernabilidad” durante el experimento macrista, que entre otras incluyó que sus diputados y senadores voten las principales leyes del ajuste. En el actual elenco parlamentario del peronismo tucumano se repiten algunos nombres de aquellos años en donde estaban pintados de amarillo, como Pablo Yedlin, que debutó votando la reforma del saqueo a los jubilados, o el propio Manzur, que tras una gira por el Estado de Israel guarda un bajo perfil.
La reunión con Francos es el primer paso de Jaldo en su negociación por apoyo político a la Ley Ómnibus a cambio de garantizar la agenda de las patronales azucareras. Esto implica dejar pasar –colaborando activamente o por omisión– los ataques brutales al pueblo trabajador englobados por la Ley Ómnibus, el DNU y el plan económico de Caputo. Si a esto le sumamos el antecedente de los años macristas, la rosca parlamentaria es un callejón sin salida. Para acabar con todo el paquete de ajuste es necesario preparar con más fuerza y desde abajo el paro general con movilización del próximo 24 de enero y un plan de lucha a la altura del ataque que el Gobierno lanzó. |
