El cuestionamiento al Director General de Carabineros pegó un salto luego de que la Fiscalía solicitase la formalización de la investigación en su contra por su responsabilidad en los delitos de abusos y violaciones a los DDHH ocurridos durante el estallido social.
Yáñez, quien será formalizado junto a los ex generales Mario Rozas y Diego Olate recién en mayo de este año, intentó remover a los fiscales de la causa acusándolos de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y en contra de la institución”.
Sin embargo, durante la tarde de este miércoles, el Fiscal Nacional denegó dicha solicitud por no presentar argumentos de la solidez necesaria que justificasen la inhabilitación del fiscal Armendariz, esto según lo informado por la fiscalía mediante un comunicado de prensa.
Adicionalmente, este martes, diversas organizaciones se dieron cita en la afueras del edificio del Mando Superior de Carabineros para protestar por la permanencia de Yáñez en el cargo en atención a la evidente responsabilidad que le corresponde además de exigir .
Los manifestantes denunciaron reclamaron el rol del gobierno frente a las violaciones a los DDHH ocurridos durante el estallido y de los cuales responsabilizan a Yáñez que al intentar entregar una misiva al presidente estos se vieron obstaculizados por un sorpresivo protocolo de seguridad “cuando el Presidente Boric se entrevista con las víctimas del estallido social, nos promete verdad, justicia, reparación y no repetición, y nos dice que va a haber un trato distinto, y lo que menos tuvimos es consideración del Gobierno" señaló Marta Valdés, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular.
Sin embargo, a pesar de estos cuestionamientos, el gobierno, mediante la ministra Vallejo, se limitó a señalar que se encuentra “a la espera de los avances de esto para evaluar y tomar cualquier definición”.
Más tajantes en el respaldo a Yáñez fue un grupo de parlamentarios que concurrió hasta la Dirección General de Carabineros. Pedro Araya (independiente por el PPD), quien iba acompañado de Raúl Leiva (PS), Andrén Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Joana Pérez (Demócratas), afirmó que pedir la renuncia del General es una “irresponsabilidad”.
El gobierno rápidamente olvidó su discurso de campaña, no sólo ha reforzado a carabineros y la represión, con más presupuesto y mayores facultades, como la Ley de Gatillo Fácil, sino que además le entregó respaldo inmediato a Yáñez, a pesar de haber sido el mandamás del actuar policial durante la rebelión.
Las organizaciones sociales y de la izquierda, especialmente las organizaciones de DD.HH., de familiares y de víctimas, necesitan ponerse a la cabeza de la pelea contra la impunidad y por juicio y castigo a los responsables. Para ello, un requisito previo, es romper cualquier confianza en el gobierno de Boric, quien, manteniendo a Yáñez en su cargo desde el primer día del gobierno, sólo a dado garantías de más impunidad. | 
