Establece el patentamiento de las semillas mediante el convenio UPOV91 limitando el “uso propio” de los agricultores y en beneficio del agronegocio. Fuerte resistencia de organizaciones de la agricultura popular. Conversamos con Cecilia Gárgano, investigadora del CONICET especialista en el tema.
Cada uno de los cambios que impulsan el DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Milei tienen nombres propios del gran empresariado detrás y denominadores comunes: aumentar las ganancias de cada sector del capital concentrado e imponer un régimen político prácticamente autocrático anulando derechos laborales y democráticos elementales como la protesta y la huelga.
A nivel ambiental también hay un denominador común: dar un salto en la destrucción extractivista del país y la mercantilización de la naturaleza. La entrega abierta de los territorios y bienes comunes naturales al gran capital transnacional, el impulso irrestricto al gran capital fósil para que profundice el fracking y el offshore, a la megaminería para destruir los glaciares, al agronegocio para que lleve la deforestación a niveles aún más récord, o la garantía estatal para que el capital financiero internacional –que incluye todo lo anterior– para que al mismo tiempo haga negocios y greenwashing con todo lo anterior mediante los “mercados de carbono”, son solo algunos de los aspectos más relevantes del DNU y la Ley Ómnibus.
Pero hay un aspecto que pasó casi desapercibido y tiene que ver con un insumo clave para la agricultura: las semillas. Perdido entre los más de seiscientos artículos, específicamente en el 241, se encuentran dos líneas que a primera vista no dicen mucho, “Adhesión a la Convención a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”, pero que, como veremos, tiene consecuencias importantes sobre el régimen de producción agrícola.
LID: ¿De qué se trata esta modificación que pretende introducir el Gobierno de Milei con la Ley Ómnibus respecto a las semillas?
C.G: “Quien controla las semillas, controla la reproducción de la vida, controla la soberanía alimentaria, y esto que propone el DNU de Milei en materia de legislación referida a las semillas en Argentina se inscribe obviamente en la avanzada neoliberal que está cercando los bienes comunes naturales, que está avanzando sobre glaciares, sobre tierras, también sobre las semillas, y le está dando luz verde al accionar y al pedido de las corporaciones, profundizando una dinámica de acumulación extractivista en nuestro país. Lo que está se propone en materia de la legislación de semillas, que es adherir a la UPOV 91 [siglas en inglés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales], es un pedido viejo de grandes corporaciones que hace tiempo vienen presionando para que se modifique la legislación vigente en materia de semillas, que si bien no es ideal para nada, tiene algo que estas corporaciones buscan desarmar, que es el derecho de las agricultoras y los agricultores a realizar el uso propio. Esto es una práctica histórica ancestral que tiene que ver con la capacidad de guardar la semilla, una vez sembrada y producida la cosecha, para poder resembrar. Entre otras instancias, esta medida atenta contra el uso propio y propone así una mercantilización extendida.
Cecilia Gárgano.
En Argentina, la producción de semillas de los sectores privados fue históricamente hecha a expensas de las capacidades científicas y tecnológicas financiadas por el Estado Nacional, esto ya en forma muy temprana, desde comienzos de la década del 60. A medida que estas empresas fueron generando sus variedades de semillas, en su mayoría híbridas en aquel entonces, en base a estas investigaciones financiadas con fondos públicos, se fue de alguna manera reduciendo también la participación del Estado en este sector. Un punto de inflexión clarísimo fue la última dictadura, cuando por resolución de la intervención militar al INTA, el principal organismo de investigación en relación al sector agropecuario, se lo instó, se lo obligó, digamos, por estar en tiempos de su intervención, a ceder todo el material genético de fitomejoramiento [técnica mediante la cual se cruzan distintas variedades de una misma especie vegetal con el objetivo de mejorar sus características genéticas logrando así plantas más resistentes y productivas, NdR] de las semillas a los criaderos del sector privado. Y volvió a tener un puntapié importante en la década del 90, en realidad ya a fines de la década del 80, en el año 1987, cuando se impulsan los llamados “convenios de vinculación tecnológica” entre Estado y privados, lo que nuevamente asegura la transferencia de conocimientos producidos con fondos públicos a los sectores más concentrados. Y, no casualmente, uno de los primeros que se instauran en Argentina, tiene que ver con el área de fitomejoramiento .
Lo que estamos viendo ahora es este intento de profundizar la mercantilización y el cercamiento de los bienes comunes naturales en general, de las semillas en particular, con la importancia que sabemos que esto tiene y en un contexto de radicalización de la persecución a la protesta social, que no es menor conectar ambas instancias porque esto no va a pasar sin movilizaciones y sin resistencias, así que habrá que estar atentos también a cuál es la respuesta a estas movilizaciones desde el Estado.”
¿Quién se beneficia? Los nombres propios detrás del artículo 241
Si esta desposesión de la propiedad de las semillas atenta contra el “uso propio” por parte de los agricultores que, como señala Gargano, ya no podrán hacer los frutos de sus cosechas con semillas certificadas (algo que sí reconocía la Ley de Semillas actual, n. 20.247 de 1973), beneficiaría directamente a esas grandes corporaciones que históricamente se beneficiaron de la investigación pública. A nivel internacional, sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, pero también transnacionales de capitales locales: Bioceres y Don Mario (propiedad de Gerardo e Ignacio Bartolomé).
Bioceres asoma como el peso pesado detrás de este avance del agronegocio con la Ley Ómnibus. En diciembre, el secretario de Agricultura del gobierno de Javier Milei, Fernando Vilella, nombró al frente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) directamente a uno de los fundadores y exgerente de Estrategia de Bioceres, Claudio Dunan. Pero detrás asoman a su vez los nombres propios más conocidos de otros accionistas principales de Bioceres: Hugo Sigman, Gustavo Grobocopatel y Héctor Huergo (director del suplemento Clarín Rural y propagandista histórico del agronegocio en el país).
Hugo Sigman, Gustavo Grobocopatel y Federico Trucco, accionistas de Bioceres.
El holding transnacional, que cotiza en el índice Nasdaq desde abril del 2021, es campeón en ese aprovechamiento de los recursos estatales en beneficio privado señalado: así consiguió patentar el trigo y la soja HB4, modificados genéticamente mediante el sistema de ciencia estatal (CONICET) para hacerlos resistente al glufosinato de amonio, un agrotóxico 15 veces más tóxico que el glifosato. Su extensión a los territorios es, como denuncian activistas y especialistas, un verdadero “experimento a cielo abierto”. Sí, también es campeón en la externalización de los desastres ambientales.
Cabe señalar que, si bien la adhesión a la UPOV constituye un salto, también hay continuidades en cuanto a dejar la agricultura y la ciencia en manos del agronegocio: por ejemplo, el director del INASE bajo el gobierno de Alberto Fernández fue, desde 2022, Obdulio San Martín, exDirector general de Don Mario, desde donde se intentó avanzar en imponer la propiedad de las semillas; en cuanto a ciencia, el exMinistro de Ciencia Roberto Salvarezza se cansó de plantear a Bioceres como ejemplo a seguir.
Fuerte rechazo por parte de organizaciones populares
Ante esta situación, distintas organizaciones ligadas a la agricultura popular lanzaron una declaración repudiando la modificación que introduce la Ley Ómnibus.
“La adhesión a UPOV 91 –señalan– representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria [...] Lo que está en juego en el artículo 241 es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población.”
La declaración lleva cosechadas ya cientos de firmas y puede consultarse completa y firmarse aquí.
Esta resistencia no es nueva, desde 2021 numerosas organizaciones ligadas a la agricultura familiar de todo el mundo denuncian la UPOV91 y organizan anualmente la campaña #StopUPOV y la “Semana Global de Acción contra la UPOV”. En la declaración que da inicio a la campaña señalan que “Siendo un organismo intergubernamental, el único objetivo de la UPOV es obligar a que los países en todo el mundo apliquen leyes que privatizan las semillas, permitiendo a las empresas capturar a ese 70 por ciento de campesinas y campesinos mundiales que en la actualidad usan sus propias semillas con dignidad y libremente.”
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La propiedad de las semillas, clave para la soberanía alimentaria y ligada directamente a la destrucción de la salud mediante el paquete transgénico del agronegocio, a la deforestación, a la explotación del trabajo rural y a la destrucción del suelo, junto a la avanzada represiva con la que intentan imponerlas –como señala correctamente Gárgano–, son entonces otros tantos motivos para movilizarse el próximo miércoles 24/2 en el marco del paro general activo convocados por la CGT, CTA, las organizaciones sociales y la izquierda.
