Quiero denunciar públicamente la violencia machista que viví como mujer al interior de la Fundación Comunitaria Malinalco A.C., en el Estado de México, por parte de su Consejo Directivo a cargo de Pedro Carlos Álvarez Icaza Longoria, Julio Javier Copo Terrés, Andrés Agustín Aguilar Larrondo, Alejandro Bravo Zamacona, José Fernando Vigil Herrera, Remi Henri Etienne Berthelemot y Valeria González Guajardo (seis hombres y una mujer); así como a su abogada Alix Airam Trimmer Espinosa del despacho ‘Ferrán Martínez Abogados’.

Desde que inicié mi cargo como Directora General de la Organización, en febrero de 2021, el Consejo Directivo de la Fundación Comunitaria Malinalco no abordó los temas de la Organización con perspectiva de género, comunitaria e intercultural, situación que fue exponenciada por las actitudes agresivas, despreciativas y llenas de micromachismos del Sr. Julio Copo Terrés hacia las mujeres de la Fundación y, particularmente, hacia mi persona. Sinceramente, nunca entendí el nivel de violencia de Julio hacia mí y tampoco por qué ninguno de los Consejeros y Consejera hizo algo para frenarlo.

Dicha violencia machista la denuncié por medio de una carta, en la cual el equipo operativo (a mi cargo) aprovechó para externar su sentir respecto a la realidad de la Fundación y de la comunidad de Malinalco. Sin embargo, esto trajo como consecuencia que el Sr. Pedro Álvarez Icaza (el cual no es representante legal) se acercara a mí, exponiendo que era decisión del Consejo Directivo despedirme del cargo de Directora General, debido a las denuncias realizadas y a la carta presentada. No obstante, esta decisión NO se me fue notificada por el medio y la forma adecuada y legal, por lo que seguí laborando por aproximadamente dos meses más.

En razón de lo anterior, cierto día llegó a las oficinas de la Fundación Comunitaria Malinalco la abogada Alix Trimmer, quien de forma agresiva y por la fuerza, intentó sacarme de la Fundación sin oficio, documento o poder legal alguno que expresara tal determinación por parte del Consejo. La situación fue tan violenta, que incluso, se cometieron delitos privándome de medios para comunicarme. No conforme con lo anterior, la abogada Alix Trimmer, junto con su padre, el abogado penalista Alejandro Trimmer Siliceo, me fincaron falsos delitos, señalando que había extraído de forma ilegal equipo tecnológico de la Fundación.

Actualmente, mi caso tiene un proceso penal y uno laboral; ninguno de los dos procesos se ha podido resolver ya que, a la fecha, no existe el interés mínimo de respetarme como trabajadora ni como mujer. No ha existido la intensión de la Fundación, a través de su Consejo Directivo o su abogada, de indemnizarme y reparar los daños cometidos hacia mi persona; ni siquiera han tenido la intención de dar la cara frente al caso y mucho menos consignar ante el Tribunal Laboral lo que por derecho me corresponde por haber sido despedida injustamente y por la violencia vivida como mujer.

Lo más triste, es que, a la fecha, la Fundación Comunitaria Malinalco no ha transformado ni siquiera su órgano de gobernanza para incluir a mujeres y personas de la comunidad de Malinalco, hay una renuencia al cambio, y no se han creado los protocolos de actuación mínimos para evitar que se repita y perpetue la violencia que tanto yo, como otras mujeres que siguen trabajando ahí vivimos. Lo más grave es que a la distancia, el Consejo Directivo de la Fundación Comunitaria Malinalco y su abogada me siguen violentando, ya que por sí mismo tener un proceso penal y laboral abiertos sin resolver y sin intención mínima de conciliar por parte de mis agresores, es que la violencia que viví se sigue perpetuando y no ha concluido.

Al respecto, en mi juicio laboral, el juez Luis Daniel Carbajal Vieyra, del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca con Residencia en Xonacatlán, Estado de México, ha actuado de manera dudosa, ya sea por ignorancia, falta de sensibilidad de la realidad que vivimos las mujeres, machismo o porque simplemente tiene la intención de beneficiar a mis violentadores. A la fecha, dicho juez no ha querido cerrar ni dictar sentencia del caso, ya que ha ordenado tres pruebas adicionales que pretenden beneficiar a mis demandados, subsanando las deficiencias de su defensa. Dichas pruebas son: 1) hacer un peritaje sobre fotocopia (lo cual está prohibido por la ley), con la finalidad de dar lugar a la pérdida de mis derechos; 2) hacer un nuevo estudio sobre la violencia que viví en la Fundación, el cual busca revictimizarme, pues a pesar de que ya he acreditado las afectaciones físicas y psicológicas que sufrí, el juez, sin que lo pidan mis agresores, pone en duda lo que viví; y 3) le ha dado la oportunidad a la Fundación de acreditar extemporáneamente, contar con un protocolo en materia de violencia de género, el cual nunca ha tenido.

Para conocer más del caso, consulta aquí.