Este martes 16 de enero, Batres anunció que todos los bachilleratos de la capital del país, incluido el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), tendrán acceso al pase automático para la Universidad Rosario Castellanos (URC), es decir, que una vez que hayan concluido este nivel educativo, podrán entrar a esta universidad si así lo desean. En ese sentido, Batres recalcó que:
“El día de hoy firmamos el acuerdo para establecer el pase automático de los estudiantes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) a la Universidad Rosario Castellanos, o sea, para que tengan un lugar asegurado en la universidad, un lugar asegurado en la licenciatura”.
A esto agregó: “El día de hoy agregamos una cosa, inspirado de alguna manera en la experiencia de la UNAM donde existe y ha existido el llamado pase automático de bachillerato a licenciatura, le llaman también pase reglamentado o pase directo. Pero para que sea todavía más claro, es el pase automático, es decir, terminaste el bachillerato y pasas a licenciatura”.
Esto suena muy prometedor, sin embargo, hay algunos detalles sobre este asunto que las autoridades del gobierno de la CDMX no nos están contando, y no porque consideremos que esté mal crear una nueva universidad y eliminar el examen de admisión, por el contrario, pensamos que es una excelente idea. La crítica que hacemos es porque consideramos que, para que eso funcione, se requieren condiciones materiales fundamentales en materia de derechos laborales, estudiantiles y de infraestructura, veamos.
¿Sobre qué se sostiene la URC?
La pregunta que hacemos en este apartado la hacemos en función de los testimonios de docentes y trabajadores de la URC que hemos publicado en este diario, sobre precarización laboral y estudiantil, lo que implica negativa de derechos para los trabajadores, como estabilidad laboral, afiliación sindical, contar con un Contrato Colectivo de Trabajo y salarios que alcancen a cubrir todas sus necesidades. A lo que se agrega falta de infraestructura o infraestructura insuficiente, lo que termina por impactar en la calidad de la educación que los estudiantes reciben.
Este es un modelo de universidad precaria que fue implementado primero por la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), el cual nos lo han intentado vender como una gran conquista social pero no ha resuelto realmente las necesidades de acceso al nivel superior en el país.
La administración actual no ha podido demostrar que ese modelo haya resuelto los problemas del acceso, nunca ha mostrado cifras que lo comprueben y a pesar de sus condiciones precarias la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, fundadora de la URC, ha dicho que quiere replicar este esquema de universidad en todo el país.
¿Y la UACM?
Las declaraciones de Batres y Sheinbaum han omitido que los estudiantes del IEMS ya cuentan con un pase automático; está bien si pueden tener otro, pero eso no justifica el abandono de universidades ya existentes, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la cual ha brillado porque el gobierno de la capital del país ha dejado de nombrarla en sus discursos oficiales y por el abandono en el que se encuentra.
Ya desde finales de 2022, cuando Sheinbaum aún era jefa de gobierno de la Ciudad, se jactaba de que el entonces Instituto Rosario Castellanos tenía más estudiantes que la Autónoma de la Ciudad, pues están tratando de reemplazar a una institución que aún conserva un mínimo de derecho laborales y condiciones educativas por otra, que de origen fue creada para no tenerlos, lo que nos muestra los verdaderos planes de la 4T.
La precariedad no sólo se muestra en la educación superior en la CDMX, ocurre en todos los niveles y en todo el país, no es gratuito que hoy el magisterio esté despertando ante las promesas no cumplidas por el Morena, que habló de la revalorización del magisterio y de salarios dignos y mejoras en las condiciones de trabajo que, tras casi seis años de gobierno, no han llegado. En ese sentido, es fundamental la unidad de los trabajadores de todos los niveles educativos para arrancarle al Estado nuestras demandas mediante la fuerza de la movilización, sin confiar en sus promesas, que han demostrado no tener la voluntad de cumplir.
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