En octubre de 2023 el Indec informó que el Estado nacional emplea de forma directa a 342.731 personas. De ese número, un 86 % está bajo convenio colectivo de trabajo y el 14 % restante se reparte entre personal “fuera de convenio” (3,5 %) y decenas de miles de empleadas y empleados bajo contratos flexibilizadores u otras modalidades como pasantías.
Esa masa de laburantes que, día a día, sostienen las más diversas dependencias públicas, están en la mira del gobierno nacional que conduce Javier Milei. Sobre ellas y ellos pesa la incertidumbre respecto a la continuidad de sus puestos, a sus ingresos y las condiciones laborales en las que deben realizar las más diversas tareas de la órbita estatal.
Y por si fuera poco, ahora La Libertad Avanza posa sobre ese sector de la clase trabajadora una nueva amenaza. Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo con su clásico tono provocador: “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro”, en referencia a la medida del miércoles 24 convocada por la CGT y las CTA.
Para justificar la amenaza, Adorni argumentó que, como “el salario es una contraprestación” por un trabajo determinado, es razonable que no cobre” quien “no trabaja”. Y agregó que más justificada aún es la decisión porque, para el Gobierno, “no termina de quedar claro” por qué se convoca la medida de fuerza. “No existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles; no los entendemos”, desafió el vocero. Y dijo que si el descuento a los estatales que paren el miércoles deriva en una judicialización, “llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión”.
A fuerza de cotidianas conferencias de prensa, cada vez se hace más evidente que a Adorni no le preocupa en lo más mínimo quedar en ridículo ni mucho menos elucubrar respuestas insustanciales, que no responden nada a las preguntas del periodismo apostado en la Casa Rosada. Pero lo que no puede decirse es que no esté preparado para esa tarea. Por eso, si bien en su boca la amenaza de descuento a los estatales sonó a chiste de mal gusto, no hay que descartar que el vocero esté diciendo la verdad y su jefe termine ordenando el descuento del jornal a miles de laburantes.
Pero Adorni y sus mandantes saben perfectamente de la ilegalidad de su “idea”. Y por eso, tal vez, el anuncio de semejante ataque al bolsillo de las y los estatales no sea más que un (nuevo) intento de amedrentamiento para “convencer” de prepo al personal que se abstenga de sumarse al paro nacional. Una maniobra burda, sí, pero que en un contexto de extrema crisis socioeconómica tiene un objetivo claro en el marco del plan de guerra general contra la clase trabajadora.
El robo está mal, Milei
Si Milei y compañía descuentan el día de paro a las y los estatales, estarán pasando por encima de la Constitución Nacional. También estarán violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vigente desde 1966. Y a la vez estarán desconociendo las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las que adhiere el Estado argentino.
El artículo 14 bis de la Constitución dice expresamente que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática”.
Cualquier laburante que lo lea rápidamente dirá “pero esto nunca se cumple”. Y razón no le falta, sobre todo si forma parte de ese universo de trabajadoras y trabajadores sin derechos formales que según diversos cálculos, representa casi la mitad de quienes tienen una ocupación. Pero el Gobierno de Milei no sólo vino a profundizar esa discriminación de derechos laborales, sino que encima se propone que nadie se organice y salga a luchar contra sus políticas.
El 14 bis obliga al Estado a garantizar a los gremios, entre otras cuestiones, “el derecho de huelga”. Esto implica que a ningún trabajador o trabajadora que esté bajo la órbita de un sindicato o federación se le deben modificar sus condiciones laborales por el simple hecho de adherirse a un paro convocado por el gremio que lo incluye. Sin embargo, el Gobierno asegura que modificará esas condiciones, a través de la reducción del ingreso regular (descontando el día) de quien se “atreva” a parar. Una ilegalidad por donde se la mire.
También son parte de la Constitución los tratados y convenciones internacionales a los que Argentina adscribe desde hace décadas. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la ONU en 1966 y con rango constitucional en Argentina desde 1994. En su artículo 8, ese texto dice que los Estados parte “se comprometen a garantizar (...) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley”, entre ellas, lógicamente, la que garantiza el derecho de huelga.
El Estado argentino también adhiere al Convenio 87 de la OIT, que en su artículo 3 ordena “abstenerse” a los gobiernos “de toda intervención que tienda a limitar” el derecho de huelga, contando éste como parte de la serie de derechos elementales de toda organización de trabajadores”. Claramente, la amenaza de descontar el día de paro a las y los empleados de la administración pública nacional es un desconocimiento flagrante a esa normativa reconocida a nivel mundial.
Ante lo escandaloso de un Decreto de Necesidad y Urgencia y de un proyecto de Ley Ómnibus que pretenden modificar de un plumazo y sin debate público varias conquistas laborales y sociales para imponer un saqueo en línea sobre la población en beneficio de un grupo de corporaciones; que el Gobierno quiera descontar un día de salario a los estatales parece algo menor. Pero su relevancia radica en que si ese ataque “pasa” en el Estado, las patronales privadas se verán habilitadas para dar sus propios golpes a millones de trabajadores. Y otro tanto podrían hacer los gobernadores e intendentes con los planteles de los distritos que manejan.
Este ataque, aún en su discursiva fase de amenaza, no debe ser permitido por ningún dirigente sindical que diga representar a las y los estatales del país. El conjunto de las y los trabajadores de la administración pública tiene el desafío de avanzar en la organización democrática y masiva, para poder ganar cada vez más fuerza, ponerle un freno al gobierno de Milei y defender cada derecho y conquista, en alianza con el resto de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, y los sectores populares que también salen a luchar. | 
