En horas de rosca frenética para que la "ley ómnibus" pueda tener dictamen en Diputados, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el Gobierno negocian aspectos puntuales del proyecto. Desde La Libertad Avanza difundieron este lunes entre los jefes de los bloques de legisladores un borrador que incluye cambios a la ley inicial que se someterá esta semana al voto de las comisiones con la intención del oficialismo de obtener un rápido dictamen favorable para ser aprobado después en la cámara.
El capítulo de privatizaciones fue presentando con modificaciones que incluyen la eliminación de YPF del listado de empresas sujetas a ser vendidas. Además Nucleoeléctrica Argentina -que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II–, Banco Nación y ARSAT solamente podrían ser privatizadas de forma parcial, debiendo el Estado mantener el control de las empresas. Las restantes 37 empresas seguirán estando sujetas a ser subastadas entre las grandes corporaciones de forma completa. El presidente insiste en querer convertir en un negocio para los empresarios servicios fundamentales para la vida de las grandes mayorías como el agua corriente y las ramas del transporte que están bajo la órbita del Estado.
Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, AySA, Enarsa, Correo Argentino, Télam y TV Pública se encuentran entre las más importantes que podrían dejar de ser estatales. Servicios importantes como el derecho humano de acceso al agua (reconocido por la ONU) o el transporte, trenes y puertos, o también la energía, no estarían organizados en función de brindar un servicio económico y de calidad para las necesidades de las mayorías, sino para poner en el centro la búsqueda de ganancia personal o corporativa.
Si bien YPF fue retirada del listado, la petrolera ya es en la actualidad una sociedad anónima. En 2012 Cristina Kirchner y Axel Kicillof, cuando ocupaban el cargo Ejecutivo de presidenta y ministro de economía, fueron los responsables de la compra estatal de parte del paquete accionario de la multinacional española Repsol (empresa que se quedó con YPF luego de ser rematada por peronistas y radicales durante el gobierno de Carlos Menem). Se “expropió” el 51% del paquete accionario a la empresa española, en los hechos una recompra de parte del paquete accionario de la empresa, para asociarse con otras petroleras imperialistas y explotar petróleo y gas no convencional. El acuerdo con la norteamericana Chevron en 2013 -votado con represión en Neuquén- fue parte de esa política.
En relación a las que podrían convertirse en empresas mixtas (algo similar a YPF en la actualidad) el documento expresa: “Las empresas y sociedades listadas en el ANEXO II solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Esto sigue dejando abierta la posibilidad de todo tipo de negocios financieros, con la energía nuclear y los satélites ¿Tendremos que ver a Elon Musk comprar las acciones de ARSAT, al JP Morgan o Blackrock las del Banco Nación?
El paro nacional de este miércoles 24 es una primera respuesta al plan de conjunto de Milei y Caputo que incluyen la devaluación, el DNU y la ley ómnibus como componentes fundamentales para atacar a las grandes mayorías. Debe ser un primer paso para poner en pie un plan de lucha que busque lo opuesto a las intenciones del Gobierno: no dejar avanzar a los empresarios y sus negociados, para poner en el centro las necesidades urgentes de los trabajadores y sus familias.
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